Un tribunal de Marruecos ha impuesto hoy al periodista Omar Radi una condena condicional de cuatro meses de prisión y una multa de 500 dírhams (alrededor de 52 dólares) por un tuit en el que criticó al juez de un tribunal de apelación por confirmar severas sentencias de prisión dictadas contra activistas del movimiento por la justicia social Hirak del Rif. En respuesta a la decisión del tribunal, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado:
“Omar Radi ha criticado abiertamente la represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Marruecos y ha llamado la atención sobre el trato espantoso que se dispensa a periodistas y disidentes en el país. En abril de 2019 publicó un tuit sobre el juicio injusto de un grupo de activistas igualmente críticos, y ahora se le castiga por ello.
“Aunque la sentencia de hoy no implique que Radi debe cumplir la condena de prisión, jamás debería haber sido juzgado ni condenado por la expresión pacífica de opiniones en las redes sociales. Esta sentencia refuerza el mensaje de que quienquiera que defienda los derechos humanos en Marruecos será castigado.
“Pedimos a las autoridades marroquíes que anulen la sentencia de manera inmediata e incondicional y dejen en libertad a todas las personas procesadas y condenadas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.”
Información complementaria
Omar Radi fue detenido el 26 de diciembre, pero quedó en libertad provisional mientras se celebraba el juicio.
El 5 de abril de 2019, el Tribunal de Apelaciones de Casablanca confirmó las condenas de hasta 20 años de prisión impuestas a 43 hombres por su participación en las protestas del movimiento Hirak que tuvieron lugar en el Rif, región del norte de Marruecos, a lo largo de 2017. Los 43 acusados, entre los que había periodistas y activistas, fueron condenados en un juicio empañado por denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
Desde noviembre de 2019, las autoridades marroquíes han detenido al menos a nueve activistas, a quienes han sometido a interrogatorio, juicio y condenas de prisión por “ofender” o “insultar” al rey, la monarquía o las “autoridades e instituciones públicas”.
