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Los rehenes indígenas deben ser liberados inmediatamente

Londres.- Amnistía Internacional condena el secuestro de varios líderes indígenas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ha pedido su liberación inmediata.

 

Plinio Trochez, gobernador de la comunidad indígena de Toribío; Arquímedes Vitonás Noscue, alcalde del municipio de Toribío; Gilberto Muñoz Coronado, ex alcalde del municipio de Toribío; Rubén Darío Escue, gobernador en funciones de la comunidad indígena de San Francisco; y su chófer, Erminson Velasco, fueron secuestrados tras salir del departamento de Cauca, el 22 de agosto. El grupo se dirigía a Altamira, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, para asistir a una reunión de líderes indígenas.

 

Según los informes, el 25 de agosto las FARC secuestraron también a Orlando Hernández Guanga, líder indígena a'wa y alcalde del municipio de Ricaurte, cuando se dirigía a la ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño.

 

"Estos últimos ejemplos de secuestros y toma de rehenes muestran un abierto desprecio por las vidas de los civiles y representan una flagrante vulneración del derecho internacional humanitario. Los guerrilleros de las FARC deben liberar a los rehenes inmediata e incondicionalmente”, ha declarado Amnistía Internacional.

 

Una delegación de líderes indígenas ha llegado a la zona del secuestro, para intentar negociar la liberación de sus compañeros. La delegación ha pedido al ejército colombiano que se abstenga de todo intento de rescate y que no siga a la delegación de líderes indígenas en la región.

 

"El gobierno de Colombia tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y de hacer que los autores de estos actos violentos comparezcan ante la justicia. Sin embargo, las autoridades deben garantizar que todo uso de la fuerza y de las armas de fuego es plenamente congruente con las normas internacionales y no pondrá en peligro la vida de los rehenes”, ha manifestado Amnistía Internacional.

 

Información general

Los líderes indígenas son asesinados y reciben amenazas de forma reiterada a manos de las fuerzas guerrilleras y de los paramilitares respaldados por el ejército. A menudo estos ataques y amenazas son producto de la insistencia de las comunidades indígenas en que no deben ser utilizados como títeres en el conflicto. Las dos partes del conflicto suelen acusar a las comunidades indígenas de colaborar con sus respectivos enemigos, por su negativa a ser controladas por los agentes armados.

 

El 8 de noviembre de 2002, Amnistía Internacional escribió a las FARC para reiterar su condena de la práctica de secuestros que sigue cometiendo el grupo. La organización pidió a las FARC que garantizaran la liberación inmediata e incondicional de todas las personas a las que retenía en calidad de rehenes, así como la seguridad de los miembros de las fuerzas armadas que mantenía cautivos. Además, Amnistía Internacional recordó a las FARC que esta acción sería conforme con sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario. Sin embargo, las FARC no respondieron a la carta y no han demostrado un compromiso serio con el derecho internacional humanitario.