Los policías deben ser iguales ante la ley

Londres.-  "Estoy en los patios de  la  P.J.  [Policía Judicial] metido en un carro rojo, ven, entra hasta el fondo, me van a matar ... " Estas fueron las últimas palabras que Jhonny Gómez Balda logró decir a su esposa. Jhonny Gómez Balda, César Augusto Mata Valenzuela y Edwin Daniel Vivar Palma fueron detenidos el 19 de noviembre de 2003 en el marco de un operativo policial tras el presunto robo de una farmacia de la compañía Fybeca, en Guayaquil. Nadie los ha visto desde entonces. Ocho civiles murieron durante el mismo operativo. Según informes forenses, las víctimas presentaban muestras de haber sido ejecutadas por la Policía. A pesar de existir un proceso abierto en el Sistema de Justicia Común, paralelamente, la justicia policial inició un proceso penal contra los oficiales que participaron en el operativo por delitos contra la vida y la libertad de las personas. El proceso concluyó en octubre de 2004 con la absolución de todos los oficiales implicados. Los resultados del proceso abierto en el Fuero Común continúan siendo desconocidos. "La historia del caso Fybeca es sólo una muestra más del patrón de impunidad que persiste en Ecuador. El uso de cortes policiales en crímenes contra los derechos humanos es la piedra angular que soporta ese patrón," dijo hoy Nuria García, investigadora para Ecuador de Amnistía Internacional al hacer público un nuevo informe sobre el uso de Cortes Policiales en el país para juzgar a policías acusados de violaciones de derechos humanos, Ecuador: Promesas incumplidas - Continúa la impunidad en el Fuero Policial. Hace un año, en octubre de 2003, Amnistía Internacional mantuvo reuniones con representantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Casi la totalidad de las autoridades coincidieron con los argumentos de Amnistía Internacional y se comprometieron a tomar medidas para garantizar que las violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de la Policía, como las torturas o los malos tratos, no fueran juzgadas en el Sistema Judicial Policial. Hasta la fecha, ninguno de estos compromisos ha sido puesto en práctica. "El gobierno de Ecuador está enviando un peligroso doble mensaje: en la palabra, las autoridades reiteran su compromiso por los derechos humanos mientras que en la práctica continúan promoviendo el uso de cortes policiales, reconocidas internacionalmente por su falta de independencia e imparcialidad," dijo la señora García. "El mal entendido «espíritu de cuerpo» en la institución policial, con frecuencia se traduce en el encubrimiento y protección de lo  efectivos policiales presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos y pone en peligro la independencia e imparcialidad de los procesos que se desarrollan en el Fuero Policial". "Tanto la Constitución ecuatoriana, como las normas y principios internacionales de derechos humanos de los que Ecuador es parte, son claros al indicar que el Fuero Policial debe limitarse al juzgamiento de delitos de función. Es inaceptable que en Ecuador se considere que violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y los malos tratos, formen parte de las funciones profesionales de la Policía," dijo la señora García. "La forma concreta de garantizar una mayor independencia e imparcialidad en las investigaciones y los procesos judiciales contra oficiales de Policía acusados de violaciones de derechos humanos y de poner fin a la impunidad es asegurarse que los procesos se realizan en el Fuero Común," dijo la señora García. El uso del Sistema de Justicia Ordinario para juzgar a miembros de la Policía acusado de violaciones de derechos humanos garantizaría el principio de igualdad ante la ley de todas las personas, incluidos miembros de la Policía, sin representar un detrimento en la protección de los derechos de los oficiales de  Policía acusados de tales ilícitos, quienes continuarían viendo protegido el derecho de toda persona acusada de un delito a la presunción de inocencia y a presentar una adecuada defensa. "Sólo cuando las autoridades ecuatorianas pongan sus compromisos en práctica, demostrarán a la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional que las obligaciones asumidas por el Estado en materia de derechos humanos no constituyen meras promesas vacías de contenido," dijo la señora García. "Sólo así se podrá avanzar hacia un país donde no se repita otra historia como la del operativo policial en la Farmacia Fybeca durante el cual tres personas 'desparecieron' y ocho perdieron la vida,  y se ponga fin al círculo vicioso de impunidad en el que las violaciones de derechos humanos, al no ser castigadas, envían el peligroso mensaje de que son aceptables," concluyó la señora García.