Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), que se celebra este sábado 28 de junio, Amnistía Internacional recuerda que aún en 10 países podría imponerse la pena de muerte por motivos de orientación sexual e identidad de género y que la homosexualidad es ilegal en cerca de 80 países. La organización sale de nuevo a la calle en varias ciudades como Huesca, Valencia, Vigo, Sevilla, Málaga, La Rioja, Donosti o Badajoz, entre otras, y formará parte de la pancarta de cabecera en la marcha de Madrid del próximo 5 de julio. "En todo el mundo, la vida de las personas LGBTI está plagada de discriminación y de restricciones del derecho a la libertad de reunión y de expresión. Los Estados deben proteger los derechos de estas personas para que no se sigan repitiendo estas violaciones de derechos humanos", ha destacado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Las personas transgénero, las más vulnerables Un total de 20 países de Europa exigen la esterilización de las personas transgénero para conseguir el reconocimiento legal de su identidad de género. A pesar de buenas noticias como la del pasado 12 de junio, cuando el parlamento danés aprobaba un proyecto de ley que permite a las personas transgénero solicitar la documentación oficial correspondiente a su identidad de género sin necesidad de que les diagnostiquen un trastorno mental ni de someterse a operaciones quirúrgicas causantes de esterilización irreversible, las personas transgénero siguen sufriendo acoso, intimidación y violencia. Entre 2008 y 2014 se cometieron un total de 1.509 homicidios de personas transgénero documentados en 61 países y muchos países siguen sin incluir en su legislación este tipo de discriminación para prevenir los crímenes de odio. La situación en EspañaAmnistía Internacional también tiene preocupaciones sobre la realidad de las personas LGBTI en España, pese a los avances de los últimos años como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por un lado, la organización exige la eliminación de cualquier requisito médico y psiquiátrico para el cambio legal de género, siguiendo el ejemplo de Dinamarca. Por otro, hace hincapié en los datos proporcionados por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que indican que siete de cada diez personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales ocultan su orientación sexual o su identidad de género durante su etapa escolar. En ese sentido, AI insiste en que la inexistencia en España de contenidos obligatorios sobre homofobia y educación sexual -entre otros derechos humanos- en el currículo educativo tras la aprobación de la nueva ley de educación (LOMCE) puede contribuir a que no se visibilice el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Algunos países especialmente intolerantes La situación para las personas LGBTI es especialmente preocupante en el continente africano, donde un total de 36 países tienen leyes que penalizan la homosexualidad. Es el caso de Nigeria y Uganda, que en 2014 han endurecido las leyes que ya criminalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Como consecuencia de la aprobación de esas reformas, Amnistía Internacional tiene constancia de que se están produciendo con alarmante frecuencia ataques violentos, detenciones arbitrarias y actos de tortura y otros malos tratos contra personas LGBTI sin que el Estado haga nada por impedirlo. También la situación en Camerún, donde la violencia, las detenciones arbitrarias y los encarcelamientos debido a la orientación sexual real o aparente están a la orden del día, preocupa a la organización. Por ello, Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción para exigir al Gobierno del país que reforme el Código Penal que criminaliza los actos homosexuales de tal manera que constituyen un delito penado con hasta cinco años de prisión. Otras persecuciones y amenazas Además, existen otro tipo de amenazas para las personas LGBTI. Amnistía Internacional hace hincapié en que los países que persiguen o impiden el acceso a información objetiva sobre diversidad afectivo sexual a sus ciudadanos y especialmente a los menores de edad; y los que permiten que líderes religiosos, medios de comunicación y autoridades políticas lancen discursos de odio que crean un clima de persecución y homofobia entre la población, también están violando los derechos sexuales y reproductivos. Esto supone una violación grave de la libertad de expresión para las personas LGBTI. En ese sentido, y a pesar de la derogación de la Ley que prohíbe la Propaganda homosexual en San Petersburgo, ésta sigue vigente para toda la Federación Rusa. También son alarmantes otros proyectos de ley similares en los países del este de Europa como Bielorrusia. Amnistía Internacional, que este año ha lanzado la campaña Mi Cuerpo, mis Derechos, para exigir a los gobiernos que pongan fin al uso ilegítimo de la legislación penal para controlar la sexualidad y la reproducción, señala que las mujeres son las principales víctimas de este tipo de violencia. En el caso del colectivo LGBTI, mujeres transgénero y lesbianas sufren con especial crudeza violencia y discriminación. "La obligación de los Estados no es la de imponer leyes opresivas, sino la de proporcionar información, educación y servicios y poner fin a la impunidad y a la violencia que sufren las personas LGBTI”, señaló Esteban Beltrán.
