Juicio Alsasua: “Los cargos de terrorismo deben ser retirados”
- Amnistía Internacional acudirá como observadora al juicio que comienza este lunes en la Audiencia Nacional
Amnistía Internacional manifiesta además su preocupación ante el hecho de que, dentro de las garantías para un juicio justo, las autoridades judiciales hayan rechazado, sin haber motivado de manera suficiente su decisión, importantes pruebas y testigos presentados por las defensas. “Durante este juicio estaremos vigilantes, para que se cumpla con lo que señala el derecho internacional, es decir, que todas las partes que comparecen tengan acceso a los mismos medios y a plena igualdad de condiciones”, señala Virginia Álvarez, quien añade que en este caso “tenemos preocupaciones de que pudiera no haberse cumplido con ese principio”. Por otra parte, en el marco del seguimiento dado a este caso, Amnistía Internacional ha estado en contacto con varias de las partes implicadas en el proceso, tanto con algunas de las personas acusadas de terrorismo, sus defensas y familias, como con una de las víctimas de las agresiones, y con el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE). En este sentido, según los testimonios recabados por la organización, mientras que algunas de las personas agredidas habrían recibido apoyo y asistencia, una de ellas, la única residente en Alsasua, alega no haber recibido apenas apoyo institucional y haber sido objeto de insultos y daños de distinta índole. Es función de las autoridades garantizar atención y acceso a servicios de apoyo a las personas que puedan haber sufrido un daño como resultado de un delito violento. Las reformas del Código Penal: pasos hacia atrás
Amnistía Internacional reconoce que aunque los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción de hechos de violencia, incluyendo los ataques terroristas, las medidas antiterroristas que se tomen deben cumplir los estándares internacionales de derechos humanos. No es la primera vez que AI advierte a las autoridades en España de que la definición demasiado amplia y vaga de los delitos relacionados con el terrorismo, podía tener como consecuencia la criminalización de conductas que no parecen tener naturaleza terrorista. La organización, en sus comentarios a las sucesivas reformas del Código Penal, que han ido ampliando y solapando tipos penales de gravedad dispar sin conseguir mayor claridad o sistematización, ha alertado sobre el hecho de que las autoridades españolas siguen vulnerando sus obligaciones internacionales con los derechos humanos en relación a las medidas adoptadas en la lucha antiterrorista. La última reforma, aprobada el mes de julio de 2015, amplió de manera desproporcionada los tipos de terrorismo con el riesgo de castigar comportamientos que no tienen naturaleza terrorista. Por ejemplo, el artículo 573 del Código Penal incluye un catálogo de delitos de gravedad dispar que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como “alterar gravemente la paz pública” o “desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones”. Amnistía Internacional considera que estas disposiciones son vagas e imprecisas y no permiten configurar delitos reconocibles.
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