Tras la decisión de una jueza de instrucción italiana de poner en libertad a la capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete, Elisa De Pieri, investigadora de Amnistía Internacional sobre el sur de Europa, ha declarado:
“Esta decisión es un gran alivio para quienes defendemos los derechos humanos. Carola Rackete arriesgó su libertad para garantizar la seguridad de otras personas. Sus acciones deben ser celebradas y no criminalizadas, y es irónico que sea ella la que está en el banquillo.
“Al rescatar a mujeres, hombres, niños y niñas en el Mediterráneo y llevarlos a un puerto seguro después de semanas a merced de su suerte en el mar, Carola Rackete cumplió las obligaciones que le imponen el derecho internacional y las leyes italianas. Al negarle un puerto, las autoridades de Italia —y las de Malta— violaron esas mismas leyes.
“Sin embargo, la juez ha resuelto hoy que Carola cumplió su deber de rescatar vidas en el mar: algo mucho más importante que los cargos formulados contra ella. No obstante, sigue estando sometida a investigación por supuesta facilitación de migración irregular, algo que Amnistía Internacional considera absurdo.
“Carola Rackete se ha convertido en la primera víctima del nuevo y estricto decreto de seguridad —conocido como Decreto Salvini—, que incluye medidas que constituyen un claro intento de poner fin al trabajo vital de las ONG. Es probable que estas medidas causen más muertes innecesarias en el mar y que más personas sean devueltas a condiciones espantosas en Libia.
“Pedimos a los miembros del Parlamento italiano que debatirán estas medidas en las próximas semanas que no aprueben la ley. Además, nos solidarizamos con Sea-Watch y con muchas personas de toda Europa para pedir el sobreseimiento de la causa contra Carola Rackete”.
Información complementaria
Como capitana de un barco, Carola Rackete tenía la obligación, según el derecho del mar, de rescatar a personas en el mar y desembarcarlas en un lugar seguro. Rackete había contactado reiteradamente con las autoridades italianas y maltesas para solicitar un puerto de desembarco que estas le negaron.
Como reconoce Italia, dado que las personas extranjeras están expuestas habitualmente a sufrir detención arbitraria y tortura si son devueltas, Libia no puede ser considerado un lugar seguro para el desembarco.
Por tanto, cuando se rescata a personas en aguas internacionales del Mediterráneo central, los gobiernos europeos deben intervenir con rapidez para garantizar la pronta identificación de un lugar seguro en otro país europeo del entorno.
El segundo “Decreto Salvini” —promulgado por el gobierno italiano el 14 de junio y que el Parlamento italiano podría convertir en ley en las próximas semanas— incluye nuevas facultades para que el ministro del Interior restrinja el acceso a las aguas territoriales por razones de seguridad pública o en caso de que el barco transporte migrantes en situación irregular. En caso de incumplimiento, el capitán o la capitana del barco y el propietario de este pueden ser objeto de multas administrativas de entre 10.000 y 50.000 euros, y el barco puede ser confiscado.
