El gobierno húngaro ha invertido más de 100 millones de euros en vallas de concertinas y controles fronterizos para mantener fuera a las personas refugiadas y migrantes: el triple de lo que gasta anualmente en recibir a solicitantes de asilo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. El informe, titulado Fenced Out, describe la manera en que las draconianas medidas adoptadas por Hungría para controlar sus fronteras han violado reiteradamente el derecho internacional. Hoy, día en que los ministros de la Unión Europea se congregan en Luxemburgo para celebrar reuniones de alto nivel en las que debatir la crisis, Amnistía Internacional pide a la UE que haga a Hungría rendir cuentas por sus incumplimientos en materia de derechos humanos, y que proteja a las personas en movimiento creando rutas legales y más seguras antes de que llegue el invierno. “Hungría está a tan sólo unos cuantos rollos de concertina de sellar por completo sus fronteras con Croacia y Serbia. Incluso quienes consiguen colarse por los pequeños huecos aún abiertos, serán devueltos, casi con toda seguridad, a los países balcánicos de tránsito”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Hungría se está transformando, de hecho, en una zona sin protección a las personas refugiadas, incumpliendo flagrantemente sus obligaciones en materia de derechos humanos y despreciando la evidente necesidad de trabajar con otros países de la UE y los Balcanes para encontrar soluciones colectivas y humanas a la crisis actual”, ha manifestado John Dalhuisen.La combinación de las vallas de concertinas y la criminalización de quienes consiguen abrirse paso y entrar en el país irregularmente, así como la prisa por devolver a esas personas a los países balcánicos de tránsito, está concebida para aislar a Hungría de la crisis global y europea de refugiados. Y todo eso a expensas por completo del respeto por los derechos humanos. Amnistía Internacional pide a los Estados miembros e instituciones de la UE que impidan una escalada aún mayor de las violaciones de derechos humanos en Hungría activando el mecanismo de prevención previsto en el artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea. Ese mecanismo permite al Consejo Europeo formular una advertencia a un Estado miembro cuando exista “un riesgo claro de violación grave” del respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos. “La UE tiene poder para iniciar conversaciones formales con Hungría sobre el atroz trato que el Estado está dando a las personas refugiadas y migrantes, y debe transmitir a los Estados que incumplen el derecho internacional y de la UE un mensaje que indique claramente que 'ya basta'. Todo ello debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde”, ha manifestado Iverna McGowan, directora en funciones de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. “El escrutinio de la situación de los derechos humanos en Hungría se ha escurrido reiteradamente por entre las grietas del sistema, mientras los Estados miembros y las instituciones se pasan interminablemente la bola de quién es en última instancia el responsable de hacer respetar los derechos humanos en la UE. Es preciso cubrir urgentemente este vacío con una respuesta más firme, por parte tanto de los Estados miembros como de las instituciones de la UE, respecto a las violaciones de derechos humanos.” Amnistía Internacional ha basado su informe en los testimonios y observaciones recopilados durante una amplia investigación llevada a cabo en el país en septiembre. Los investigadores examinaron el trato que la policía imparte a los refugiados y migrantes, las condiciones de recepción, y también la aplicación de nuevas restricciones del acceso al asilo en el país. El Parlamento húngaro se ha dedicado a presentar nuevas leyes que han dado lugar a una agresiva respuesta que incluye flanquear sus fronteras con soldados y policías autorizados para utilizar balas de goma, granadas de gas lacrimógeno y artefactos pirotécnicos. A lo largo de la frontera con Croacia se han situado vehículos blindados equipados con ametralladoras, y soldados equipados con armas de fuego del tipo de las utilizadas por las fuerzas especiales. Los testimonios revelan el uso reiterado de fuerza excesiva por parte de las autoridades húngaras. Hiba, solicitante de asilo iraquí de 32 años de edad, sufrió una fractura en el muslo cuando un policía húngaro la empujó contra una pared en una estación de tren de Budapest. “Llevo meses viviendo en la incertidumbre y la tensión”, nos dijo esta mujer, actualmente en Alemania. “Ahora estamos a la espera de la decisión sobre nuestra solicitud de asilo, pero la gente [otros solicitantes de asilo] nos dice que es posible que la rechacen y nos devuelvan primero a Hungría y luego de vuelta a Irak. Sin embargo, no hay manera de regresar a Tikrit, no es seguro.” Otras nuevas leyes han permitido a Hungría incluir a Serbia en una lista de países seguros de origen y tránsito, a los que los solicitantes de asilo van a ser devueltos, sin tener en cuenta los enormes obstáculos a los que se enfrentan para acceder a protección en ese país. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo que entran irregularmente se enfrentan también al procesamiento penal, en contra de lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos. El informe expone con detalle la deplorable respuesta humanitaria de las autoridades húngaras, con una total inexistencia de centros de recepción adecuados. Ante la ausencia de suministros esenciales tales como alimentos y tiendas de campaña, las personas refugiadas y solicitantes de asilo amontonadas en Keleti, Nyugati y Deli, las principales estaciones de tren de Budapest, han tenido que depender de la ayuda proporcionada en gran parte por voluntarios y a través de donativos. “Quiero empezar una nueva vida en paz [...] Nos tratan como a animales, peor que a animales”, ha manifestado Dina, siria de 46 años que fue puesta bajo custodia policial y estuvo 16 horas sin comida ni agua. “Esto nos impide quedarnos aquí. Sentimos que no somos bienvenidos.” El informe destaca la inmensa disparidad entre el enorme gasto en medidas contra la inmigración y el presupuesto para procesar las solicitudes de asilo de quienes llegan. Se han invertido unos 98 millones de euros en la valla fronteriza entre Hungría y Serbia, al menos el triple que los 27,5 millones de euros que constituían el presupuesto de la Oficina de Inmigración y Nacionalidad para 2015. “El coste de estas abominables operaciones contra los refugiados es increíble, y tiene lugar a costa de los derechos, la salud y el bienestar de miles de personas”, ha manifestado John Dalhuisen. “Sería infinitamente más sensato dedicar ese dinero a salvar vidas y mejorar futuros. Ya es hora de que todos los Estados miembros de la UE inviertan urgentemente en una solución compasiva y coordinada.”
Información complementaria
En 2015, durante una consulta nacional –que costó 3,2 millones de euros– sobre inmigración y terrorismo, el gobierno húngaro planteó a más de ocho millones de ciudadanos un cuestionario en el que evaluaba sus opiniones sobre, por ejemplo, si las personas que cruzan fronteras irregularmente deben ser detenidas durante más de 24 horas. El gobierno dedicó también 1,3 millones de euros a una campaña xenófoba en la que se colocaron vallas publicitarias con mensajes como: “Si vienes a Hungría, no quites su empleo a los húngaros”.
