“Ya es hora de que el sistema de justicia civil demuestre su capacidad y voluntad de investigar, procesar y enjuiciar a todos los militares implicados en violaciones de derechos humanos, y de respaldar el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparaciones (...). Amnistía Internacional hace un llamamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana para que garantice que la histórica decisión de remitir casos de violaciones de derechos humanos a la jurisdicción civil, y no a la militar, se convierta en un precedente legalmente vinculante en todas las cortes de México”, ha manifestado Rupert Knox,investigador de Amnistía Internacional sobre México.
La histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de remitir a una corte civil, y no a una militar, el caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena que murió abatido por disparos de militares en un control de carretera en Guerrero, en junio de 2009, debe convertirse en un precedente legalmente vinculante para otros casos de este tipo.
La decisión confirmó la inconstitucionalidad del artículo 57.II.a del Código Penal militar, que previamente había justificado la transferencia al sistema judicial militar de todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
El fallo de la SCJN concuerda con cuatro sentencias contra México dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó los cambios tras concluir que la jurisdicción militar había negado a las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a verdad, justicia y reparaciones.
