El veto de Estados Unidos da en la práctica a Israel “luz verde” para ampliar los asentamientos ilegales

Londres.- Amnistía Internacional ha condenado el veto estadounidense a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que reafirma que los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) son ilegales, y que pide a Israel que cese todas sus actividades de asentamiento en los TPO, incluido Jerusalén Oriental.
Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución S/2011/24, del 18 de febrero de 2011, propuesta por Líbano y copatrocinada por más de 120 países.
La embajadora estadounidense, Susan E. Rice, manifestó durante el debate sobre la resolución que el gobierno de Estados Unidos “rechaza en los términos más enérgicos la legitimidad de la actividad continuada de asentamiento israelí”. Sin embargo, alegó que la resolución no “acerca a las partes a las negociaciones y a un acuerdo”, y entraña el riesgo de “endurecer las posturas de ambos bandos”. Otras autoridades estadounidenses han mantenido recientemente que el Consejo de Seguridad no es el foro adecuado en el que abordar el problema de los asentamientos en un momento en el que el gobierno estadounidense está tratando de reiniciar las negociaciones entre israelíes y palestinos. El Consejo de Seguridad, como órgano de máximo poder de la ONU, tiene la responsabilidad primordial de abordar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actividades como la expansión de los asentamientos israelíes en los TPO. Amnistía Internacional señala que el veto de Estados Unidos a esta resolución –que simplemente pedía que Israel cumpla con sus obligaciones internacionales y con sus compromisos adquiridos anteriormente ante el Cuarteto y ante el gobierno estadounidense– socava seriamente las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que se opone a la constante edificación de asentamientos israelíes. El gobierno israelí ha indicado que pretende ampliar los asentamientos en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, con nuevos planes de construcción que se examinarán en los próximos meses. A Amnistía Internacional le preocupa que el gobierno israelí interprete el veto de Estados Unidos como una “luz verde” para estos planes, y concluya que puede eludir una censura internacional significativa. La política israelí de asentar a su población civil en tierras ocupadas viola el Convenio IV de Ginebra, y se considera un crimen de guerra de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Además, se trata de una política inherentemente discriminatoria, que da lugar a violaciones continuadas del derecho a una vivienda adecuada, al agua y al sustento para la población palestina de la Cisjordania ocupada, tal como ha documentado repetidamente Amnistía Internacional. También resultan inquietantes los informes que hablan de intentos del gobierno de Estados Unidos –incluidas amenazas de cortar la ayuda humanitaria estadounidense– por presionar a la Autoridad Palestina para que no presentara esta resolución a la votación del Consejo de Seguridad de la ONU. Si el gobierno de Obama desea realmente promover una solución duradera y justa al conflicto israelí-palestino, debe respaldar plenamente el consenso internacional contra los asentamientos ilegales de Israel y las violaciones de derechos humanos que se derivan de ellos. Información adicional Tras la votación del viernes, otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellos Reino Unido y Rusia, manifestaron su firme apoyo a la resolución, y la alta representante de la UE, Catherine Ashton, lamentó que la resolución no se hubiera aprobado. Tanto la Autoridad Palestina como el gobierno de hecho de Hamás condenaron la votación de Estados Unidos en contra de la resolución; esta ha sido la primera vez que el gobierno de Obama ha utilizado su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El 20 de febrero de 2011 se celebraron manifestaciones de protesta en varias ciudades de Cisjordania, y la Autoridad Palestina manifestó su intención de llevar la cuestión de los asentamientos a la Asamblea General de la ONU, posiblemente convocando una sesión de emergencia esta semana.