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El presidente debe vetar y devolver para su revisión un proyecto de ley de seguridad abusivo

Miembros de la policía frente a manifestantes en Khartoum el 28 de noviembre de 2012. AFP PHOTO / ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

 El presidente Salva Kiir debe vetar un proyecto de ley que otorgará amplios poderes al Servicio de Seguridad Nacional de Sudán del Sur. Así lo ha manifestado hoy un grupo de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. El proyecto de ley otorgaría a los servicios de seguridad una autoridad prácticamente sin restricciones para detener y recluir a sospechosos, vigilar comunicaciones, llevar a cabo registros y confiscar bienes.

El proyecto de ley pasó el 8 de octubre de 2014 su tercera lectura en la Asamblea Legislativa Nacional de Sudán del Sur en medio de una notable confusión, en la que algunos miembros abandonaron la cámara. En una fecha tan cercana como el 13 de octubre, los legisladores discrepaban sobre si el proyecto de ley había sido aprobado o estaba aún pendiente de una lectura final. Sin embargo, las autoridades han dicho que no se esperan cambios adicionales antes de que el proyecto se envíe al presidente Kiir para que firme su entrada en vigor como ley.

“Aunque los legisladores den luz verde al proyecto de ley, el presidente Kiir debe negarse a convertirlo en ley y debe devolverlo para su revisión, tras mantener una consulta mucho más amplia con la población”, ha manifestado Elizabeth Ashamu Deng, investigadora de Amnistía Internacional sobre Sudán del Sur. “Este proyecto de ley faculta al Servicio de Seguridad Nacional para seguir cometiendo abusos, en lugar de limitar su poder de acuerdo con las normas regionales e internacionales.”

La versión del 8 de octubre otorga a los agentes de seguridad nacional amplios poderes, entre ellos el de detener y recluir a sospechosos, pese a que la Constitución de Transición de Sudán del Sur dice que el Servicio de Seguridad Nacional debe centrarse en “la recopilación de información, el análisis y el asesoramiento”.

“El alcance de los poderes otorgados al Servicio de Seguridad Nacional en este proyecto de ley es contrario a las normas internacionales y a la Constitución del propio Sudán del Sur, que prevé un servicio limitado a las actividades de inteligencia”, ha manifestado Daniel Bekele, director del programa para África de Human Rights Watch. “En lugar de eso, el proyecto de ley otorga a los agentes de seguridad amplios poderes sin una supervisión judicial y sin límites claros sobre cuándo pueden hacer uso de la fuerza.”

La versión del 8 de octubre no establece ni siquiera unas salvaguardias mínimas para garantizar que el Servicio de Seguridad tendrá que cumplir las normas internacionales al hacer uso de su autoridad. Una de las preocupaciones que suscita es que no especifica dónde puede el Servicio de Seguridad mantener recluidas a personas. Esa omisión abriría la puerta a la detención secreta en lugares desconocidos, inaccesibles para abogados y familiares, y sin la posibilidad de ser supervisada por órganos independientes.

El proyecto de ley tampoco establece que los detenidos tendrán derechos básicos al proceso debido, unos derechos que incluyen el derecho a informar de la detención a un abogado o a los familiares, el derecho a asistencia letrada o el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Tampoco hay salvaguardias explícitas contra el trato o pena inhumano o degradante o contra la tortura.

“La experiencia de otros países muestra que, cuando otorgas poderes policiales a los servicios de seguridad, existe un elevado riesgo de tortura y malos tratos”, ha manifestado Lutz Oette, asesor de la organización internacional contra la tortura y por los derechos humanos REDRESS. “Esto resulta especialmente inquietante cuando faltan salvaguardias cruciales, como la necesidad de prohibir la detención secreta y de garantizar que los detenidos pueden ponerse en contacto con abogados y familiares inmediatamente después de su detención.”

El proyecto de ley establece que los jueces pueden emitir órdenes de detención para agentes del Servicio de Seguridad en las que se “autorice la actuación respecto a cualquier persona [o] bien”, pero no especifica cuándo se requieren esas órdenes, y parece dejar esa decisión al propio Servicio de Seguridad Nacional. El Parlamento debe modificar el proyecto de ley con el fin de exigir órdenes judiciales para todos los actos del Servicio de Seguridad –incluidos la vigilancia, los registros, las confiscaciones y las detenciones– que afecten a derechos protegidos.

El proyecto de ley incluye algunas mejoras respecto a versiones anteriores, como por ejemplo una disposición respecto a una junta de quejas. También especifica que toda persona detenida debe comparecer ante un magistrado o juez en un plazo de 24 horas. El Parlamento eliminó además una disposición que habría otorgado amplia inmunidad penal a los agentes de seguridad.

El Servicio de Seguridad Nacional ha sido responsable de algunas de las violaciones más graves del derecho a la libertad de expresión en Sudán del Sur desde la independencia del país: ha detenido e intimidado con frecuencia a trabajadores de medios de comunicación y ha cultivado una atmósfera de temor. Con el estallido del conflicto de Sudán del Sur en diciembre de 2013, el Servicio de Seguridad intensificó la censura a los medios de comunicación y detuvo a varios periodistas.

“El otorgar al Servicio de Seguridad Nacional amplios poderes sin unas salvaguardias adecuadas dará lugar a abusos de poder y violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Edmund Yakani, coordinador de la organización Empoderamiento Comunitario para la Organización del Progreso (Community Empowerment for Progress Organization, CEPO), de Sudán del Sur. “El proyecto de ley debe devolverse al Parlamento, que debe modificarlo con el fin de eliminar los poderes otorgados al Servicio de Seguridad Nacional para detener, recluir, realizar registros y confiscar bienes, y debe garantizar una supervisión conforme con las buenas prácticas internacionales.”

Recomendaciones clave de Amnistía Internacional a la Asamblea Legislativa Nacional:

  • reformar el proyecto de ley sobre el Servicio de Seguridad Nacional para limitar su poder a la recopilación de información secreta, conforme establece la Constitución de Transición. Deben excluirse los poderes de detener, recluir, llevar a cabo registros, confiscar bienes y hacer uso de la fuerza;
  • si en el proyecto de ley se mantienen los poderes de detención, incluir las garantías explícitas de los derechos al proceso debido y las salvaguardias durante la custodia establecidas en la Constitución de Transición y en el derecho regional e internacional de los derechos humanos, que incluyen: el derecho a ser informado de los motivos de la detención y de los cargos formulados; el derecho a ser juzgado en un plazo razonable; el derecho a acceder sin demora a un abogado; el derecho a no sufrir tortura ni otro trato o pena cruel, inhumano y degradante; y el derecho a acceder libremente a mecanismos de denuncia y supervisión;
  • especificar en el proyecto de ley lugares admisibles de detención;
  • reforzar las disposiciones para la supervisión judicial dejando claro que se requiere orden judicial para todos los actos del Servicio de Seguridad Nacional que afecten a derechos protegidos, como la vigilancia de los medios de comunicación, la realización de registros, la confiscación de bienes o las detenciones;
  • reforzar el mecanismo de supervisión parlamentario propuesto mediante, por ejemplo, la obligación de que el Servicio de Seguridad informe periódicamente al Parlamento, o la concesión al Parlamento de autoridad para llevar a cabo visitas sin restricciones y no anunciadas a todos los lugares de detención, exigir la presentación de pruebas y tener acceso a todos los expedientes, instalaciones, personal, archivos y registros que sean necesarios para ejercer su función de supervisión;
  • reforzar la Junta de Quejas propuesta con medidas tales como especificar un marco temporal para tratar las denuncias y garantizar la independencia de la junta estableciendo que ningún empleado del Servicio de Seguridad será miembro de ella.