El Gobierno español no puede seguir ignorando la crisis de derechos humanos en Colombia durante la visita de Uribe a España
Preocupaciones de Amnistía Internacional sobre Colombia
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados
Los grupos paramilitares –actuando a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad– han sido los autores de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos. Así en 2007, se sabe que fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles. Sin embargo, en las estadísticas más recientes destacan las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que han aumentado considerablemente en los últimos años. Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición. El gobierno de Colombia adoptó algunas medidas para abordar las ejecuciones extrajudiciales, como la destitución en octubre de 2008 de una veintena de oficiales del ejército tras revelarse que habían sido responsables de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha. Sin embargo, es imprescindible que todas estas denuncias sean objeto de una investigación efectiva por parte del sistema de justicia civil, procesando a los responsables. Además, en los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay 4 millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y niños y niñas. Hostigamiento y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos
Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por el mantenimiento de las amenazas de muerte contra sindicalistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, AI sigue preocupada por la calificación de autoridades colombianas como "afín a la guerrilla" de periodistas. El gobierno colombiano –incluido el propio presidente Uribe, debe abstenerse de realizar declaraciones que cuestionen la legitimidad del trabajo por los derechos humanos. Además, debe emprender medidas eficaces para poner fin a la impunidad de los abusos contra los defensores y defensoras y apoyar un Plan de Acción sobre Derechos Humanos tras un amplio proceso de consultas nacional. En diciembre de 2008, Edwin Legarda resultó herido de muerte por disparos de las fuerzas de seguridad mientras viajaba al sur del país para recoger a su esposa, Aída Quilcué, líder de la organización indígena Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Aída Quilcué regresaba de Ginebra, donde había asistido a la sesión de Examen Periódico Universal de Colombia del Consejo de Derechos Humanos, ante la cual había manifestado públicamente varios motivos de preocupación en relación con violaciones de derechos humanos contra los indígenas, incluidos homicidios a manos de las fuerzas de seguridad. El gobierno español debe instar a las autoridades colombianas a que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este homicidio e incluir en el mecanismo de derechos humanos con Colombia medidas concretas para la protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Hasta que estas investigaciones no se produzcan, seguirán existiendo dudas sobre si el vehículo en el que viajaba Edwin Legarda fue alcanzado deliberadamente y si la persona contra la que se dirigían las balas era en realidad Aída Quilcué. “Ley de víctimas”
El gobierno español debe abordar con las autoridades colombianas la ley sobre “medidas de protección a las víctimas de la violencia”, que actualmente se debate en el Congreso, e instarles a que la normativa sea acorde a la legislación internacional. Esta ley no debe hacer distinción alguna entre víctimas por parte de acciones de grupos paramilitares, grupos guerrilleros o fuerzas de seguridad a la hora de ser reparadas. Tampoco puede negar la indemnización a futuras víctimas del conflicto y a víctimas de violaciones a manos de agentes del Estado que no pertenezcan a las fuerzas de seguridad. Y debe contemplar la restitución de tierras robadas durante este conflicto. Proceso de desmovilización
La organización ha recordado también que los grupos paramilitares siguen cometiendo abusos de derechos humanos debido en parte a un proceso de desmovilización y un marco legal que no se ajusta a las normas internacionales. Tanto es así que aproximadamente el 90% de los paramilitares desmovilizados se han beneficiado de amnistías de facto. Además, desde que comenzaron a declarar ante las unidades de Justicia y Paz previstas por la Ley, al menos 15 personas relacionadas con el proceso fueron víctimas de homicidio y alrededor de 200 personas más recibieron amenazas. Muchos paramilitares no están colaborando plenamente con los tribunales de Justicia y Paz al no devolver los millones de hectáreas de tierras de los que se apropiaron indebidamente, lo que menoscaba el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Amnistía Internacional insiste en su petición al Gobierno español para que se abstenga de dar apoyo político a proyectos llevados a cabo dentro del marco del proceso de Justicia y Paz que podrían agravar la impunidad en Colombia. Además, Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por el hecho de que grupos paramilitares siguen operando en el país, por lo que la organización pide al gobierno colombiano que garantice la disolución y el desarme efectivos de los grupos paramilitares y el enjuiciamiento de aquellos contra quienes existan pruebas de haber cometido violaciones de derechos humanos. Abusos cometidos por la guerrilla colombiana
Los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes. Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares. La organización también ve con preocupación los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidas a las FARC. AI ha acogido con satisfacción las últimas liberaciones de rehenes y sigue pidiendo la liberación urgente e incondicional de todas las personas secuestradas. Aún así, la organización se opone a que el Gobierno colombiano ofrezca libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entreguen a personas a las que mantienen privadas de libertad. Dejar en libertad a miembros de la guerrilla que ya han sido investigados, juzgados y condenados es muy distinto de conceder inmunidad de facto a presuntos autores de graves abusos contra los derechos humanos. Ante estos delitos, Amnistía Internacional se opone a las amnistías, indultos y medidas similares que impidan ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas y sus familiares.
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