Londres.- Las autoridades guatemaltecas tienen que tomar medidas concretas para poner fin a la impunidad y mejorar el respeto a los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy. En un Memorandum enviado al gobierno guatemalteco un año después de que el presidente Oscar Berger tomara posesión de su cargo, Amnistía Internacional (AI) presenta una serie de recomendaciones destinadas a poner fin a las violaciones de derechos humanos contra las mujeres y los defensores de derechos humanos. Este documento incluye también recomendaciones para poner fin a los abusos cometidos en el contexto de las disputas sobre tierras y acerca del impacto potencial que las políticas de libre comercio pueden tener sobre los derechos humanos. Durante el 2005, los defensores de derechos humanos han continuado en peligro en Guatemala. Según informes recibidos por AI, entre el 1 de enero y el 25 de febrero de 2005, 26 defensores de derechos humanos fueron víctimas de abusos, incluyendo ataques y amenazas de muerte. AI expresa también preocupación por las noticias de muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad con ocasión de manifestaciones organizadas para protestar contra la minería y el recién ratificado Tratado de Libre Comercio. En su Memorandum, AI insta al gobierno de Guatemala a investigar los ataques y las amenazas contra los defensores de derechos humanos, a asegurar que los activistas puedan realizar su trabajo sin miedo de represalias y a reconocer la legitimidad del trabajo de defensa de los derechos humanos. El Memorandum subraya también los graves abusos sufridos por las mujeres en Guatemala. AI ha recibido información de que más de 520 mujeres murieron de forma violenta durante el 2004. Muchos de los cuerpos de las víctimas presentaban evidencias de violación, tortura, desmembración y mutilación. Según fuentes oficiales, la mayoría de estos casos no han sido investigados. "Estos casos son sólo la punta del iceberg. El número real de muertes violentas de mujeres en Guatemala es probablemente superior, pues existen serias deficiencias en la recogida y administración de datos y una seria falta de coordinación entre las diferentes instituciones del gobierno que se ocupan de la violencia contra las mujeres." "AI insta al gobierno de Guatemala a dotar de todos los recursos necesarios y acelerar las investigaciones penales sobre homicidios de mujeres, así como a modernizar y reformar los servicios forenses, para que las violaciones y otras formas de violencia sexual sean documentadas rigurosamente y se inicien las correspondientes investigaciones." El Memorandum pone igualmente de relieve las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de las disputas sobre tierras, principalmente entre comunidades rurales pobres y terratenientes ricos. Según cifras de la ONU, en los primeros seis meses del 2004 se realizaron 31 desalojos de comunidades rurales, más de la mitad de los cuales fueron violentos. Las acciones desarrolladas por miembros de las fuerzas de seguridad llevaron en muchos casos a abusos como palizas, quema de casas y destrucción de efectos personales. "El desalojo de comunidades con demandas legítimas solamente provocará más violaciones de los derechos humanos. Las autoridades Guatemaltecas deben concentrarse en mejorar el respeto de los derechos laborales, asegurar el acceso a la justicia para todos sin distinción por estatus económico, fortalecer mecanismos no violentos de resolución de conflictos y garantizar la aprobación de un Catastro legalmente vinculante." En su Memorandum, AI expresa además su preocupación por las implicaciones para los derechos humanos de la implementación del Tratado de Libre Comercio firmado entre otros países de Centroamérica, incluida Guatemala, la República Dominicana y los Estados Unidos de América (TLC), en particular en relación al derecho a la salud. Con la prohibición durante cinco años del uso de los datos de prueba necesarios para aprobar nuevos medicamentos y la ampliación del periodo de vigencia de las patentes, AI siente preocupación de que la implementación del TLC pueda introducir restricciones a la producción de medicamentos genéricos, con lo que muchos guatemaltecos podrían ver restringido su acceso a medicamentos esenciales. AI insta al gobierno de Guatemala a garantizar que la implementación del TLC no afecte negativamente a los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud y el acceso a medicamentos esenciales.
El Gobierno debe mejorar el respeto a los derechos humanos
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