El Gobierno debe colaborar con la comunidad internacional para garantizar la ayuda apropiada para las víctimas

Londres.- Tras el paso del ciclón Nargis por Myanmar, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y desplazado a casi un millón, Amnistía Internacional pide urgentemente al gobierno que abra sus fronteras a los trabajadores de las organizaciones de ayuda y garantice que ésta se presta en función de las necesidades y sin discriminación alguna. “La excesiva duración y complejidad de los trámites burocráticos oficiales para la concesión de visados está costando vidas, mientras que algunos donantes están demorando el envío de ayuda por temor a que sea desviada al ejército —ha declarado Benjamin Zawacki, investigador sobre Myanmar de Amnistía Internacional—. El gobierno debe proporcionar inmediatamente acceso y garantías a los trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda.” Amnistía Internacional pide al gobierno de Myanmar que relaje las restricciones para la concesión de visados y los trámites aduaneros que han obstaculizado el acceso de los trabajadores de las organizaciones internacionales de ayuda en los últimos días y ralentizado la entrega de una ayuda que hace falta con urgencia. Aunque ya ha llegado ayuda internacional a Yangón (Rangún), el gobierno no ha movilizado aún el enorme esfuerzo logístico necesario para proporcionar asistencia a las poblaciones más afectadas. Amnistía Internacional reconoce que en estos momentos la situación en el sur de Myanmar es básicamente una crisis humanitaria y de rehabilitación. La experiencia después de otras catástrofes naturales de esta escala, como el tsunami que afectó al Océano Índico en el 2004, muestra que la protección de los derechos humanos es esencial para que la ayuda humanitaria sea eficaz y la recuperación sostenible. Por tanto, Amnistía Internacional pide al gobierno de Myanmar que colabore estrechamente con los esfuerzos de la ayuda internacional y establezca mecanismos claros y transparentes para hacer llegar esta ayuda. El gobierno debe prestar la ayuda en función de las necesidades, sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición de los destinatarios. En las situaciones generadas tras una catástrofe, las mujeres son especialmente vulnerables a la violencia sexual y a menudo reciben menos ayuda. El gobierno de Myanmar debe garantizar asimismo que los cerca de un millón de personas que se cree han sido desplazadas por el ciclón reciben con carácter urgente la rehabilitación y la asistencia necesarias, incluidos alojamiento, comida, agua y atención médica básicos. Dados los antecedentes del gobierno en el reasentamiento de sus conciudadanos, Amnistía Internacional pide a las autoridades que eviten el uso de la fuerza excesiva contra poblaciones desplazadas lógicamente angustiadas. Teniendo en cuenta el historial de corrupción y conducta abusiva del gobierno de Myanmar, suscita preocupación la posibilidad de que haga un uso incorrecto de los esfuerzos de la ayuda para reasentar por la fuerza a la población con el fin de reprimir a grupos de la oposición o debilitar el apoyo que reciben. Todo reasentamiento de personas desplazadas internas desde campos o zonas afectadas por la catástrofe debe ser voluntario, salvo que la seguridad y la salud de los afectados exijan la evacuación. No se debe coaccionar a los afectados en modo alguno, como por ejemplo mediante la suspensión de la ayuda. Debe respetarse el derecho de las personas desplazadas internas a retornar voluntariamente a sus hogares o tierras de procedencia sin riesgo y con dignidad, y las autoridades deben ayudarlas a retornar o a reasentarlas en otra parte del país. “Los derechos humanos corren máximo peligro en las situaciones de crisis y emergencia —afirmó Benjamin Zawacki—. Por tanto, es fundamental que el gobierno de Myanmar y otros agentes reconozcan y apoyen el papel central de los defensores de estos derechos, incluidos los que participan en las labores humanitarias y quienes vigilan las violaciones en los procesos de ayuda y de reconstrucción.”