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El Consejo de Seguridad de la ONU no protege a la población civil atrapada en los conflictos

© Muhammed Said/Anadolu Agency via Getty Images

El Consejo de Seguridad de la ONU debe cumplir la promesa que hizo décadas atrás de reducir al mínimo el sufrimiento de la población civil causado por la guerra”, ha declarado Amnistía Internacional con motivo de un debate abierto sobre la protección de la población civil en conflictos armados que tendrá lugar hoy [27 de mayo].

“Este año se celebran 21 años desde que el Consejo de Seguridad se comprometió a proteger a la población civil atrapada en conflictos armados. No obstante, cualquier análisis superficial de las guerras que se libran en el mundo muestra que los miembros del Consejo tienen poco de lo que enorgullecerse en este momento”, afirmó Sherine Tadros, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante la ONU.

“Lejos de ser capaces de prevenir el sufrimiento de la población civil, los cinco miembros permanentes del Consejo han desempeñado un papel en su causa. Algunos bombardean indiscriminadamente hospitales, escuelas y viviendas, mientras otros desmienten su papel en la muerte de miles de civiles o suministran a otros países armas que se usan en crímenes de guerra y alimentan las peores crisis humanitarias del mundo”.

El año pasado, Amnistía Internacional siguió documentando que la población civil se lleva la peor parte del sufrimiento en los conflictos del mundo, y grupos como el de las personas mayores, personas con discapacidad, mujeres y niños y niñas corren riesgos específicos. Decenas de miles de civiles han perdido la vida y más de 70 millones están actualmente desplazados por conflictos, una cifra récord desde la Segunda Guerra Mundial.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional publicado hoy documenta que toda una generación de niños y niñas del nordeste de Nigeria está brutalmente afectada por el conflicto en curso entre Boko Haram y las fuerzas armadas nigerianas.

En Afganistán, los recientes ataques mortales contra una clínica de maternidad y un funeral pusieron de relieve, una vez más, la crueldad de un conflicto que sigue cobrándose más de 10.000 vidas de civiles al año.

Este mismo mes, Amnistía Internacional ha documentado una serie de 18 ataques sirios y/o rusos contra centros médicos y escuelas en el noroeste de Siria, como parte de una ofensiva que ha desplazado a casi un millón de personas en medio de una ya grave crisis humanitaria.

En Libia, la organización documentó que las entradas de armas y el apoyo al ejército de diversos Estados en violación de un embargo de armas de la ONU se cobraban la vida de civiles y la ponían en peligro mientras las milicias combatían sin tregua por el control de Trípoli.

En Sudán del Sur, este mismo mes, los enfrentamientos entre soldados gubernamentales y rebeldes han desplazado a miles de personas y se han cometido homicidios y violaciones de civiles.

Ni siquiera una emergencia a escala planetaria como la pandemia de COVID-19 ha galvanizado los esfuerzos del Consejo de Seguridad para proteger a la población civil.

Emprender acciones para proteger a la población civil

El Consejo de Seguridad de la ONU puede y debe hacer mucho más. Las próximas votaciones el 29 de mayo podrían producir cambios positivos con la renovación del mandato de la fuerza híbrida de mantenimiento de la paz de la ONU y la Unión Africana en la región sudanesa de Darfur y el embargo de armas a Sudán del Sur.

Los miembros del Consejo deben aprovechar la próxima votación de julio para garantizar que la ayuda humanitaria transfronteriza puede seguir entrando en el noroeste de Siria.

Además, deben garantizar que todos los Estados son denunciados y se atienen a las consecuencias, sin miedos ni favoritismos, cuando pongan en peligro vidas de civiles en la guerra. Todos los Estados tienen la obligación de cumplir las leyes de la guerra, pero los miembros del Consejo de Seguridad y sus aliados siguen cometiendo violaciones como las siguientes o son cómplices de ellas:

· las fuerzas rusas cometen crímenes de guerra y apoyan la campaña de crímenes de lesa humanidad de Siria;

· el bombardeo aéreo por Estados Unidos de Somalia, que ha causado la muerte y heridas a decenas de civiles desde 2017.  El año pasado, se registraron más de 1.000 muertes de civiles en Somalia, atribuidas en su mayoría a ataques tanto indiscriminados como selectivos del grupo armado Al Shabaab;

· Reino Unido y Francia se ocultan tras la coalición liderada por Estados Unidos para restar importancia a la muerte de más de 1.600 muertes en Raqqa (Siria)y otros lugares de Siria e Irak;

· el catastrófico ataque de la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos contra la población civil de Yemen, reforzado por transferencias de armas y el apoyo militar de numerosos países, varios miembros del Consejo de Seguridad entre ellos;

· y Myanmar, que ha sido acusado de genocidio y del que el relator especial de la ONU saliente advirtió que podría ser de nuevo responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Myanmar es un estrecho aliado y comprador de armas clave de China.

La investigación sobre el terreno de Amnistía Internacional en Irak, Libia, Siria, Yemen y más allá en los últimos años ha documentado que el uso de armas explosivas en zonas pobladas ha aumentado en gran medida las muertes de civiles y la destrucción de infraestructura civil. La organización apoya el proceso diplomático en curso que pide a los Estados un compromiso claro y estricto contra el uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies en zonas pobladas.

“Ya es hora de que el Consejo de Seguridad vaya más allá de los mezquinos dramas políticos en la escena mundial y defienda realmente aquello en lo que dice creer: la protección de la población civil en los conflictos armados”, concluyó Sherine Tadros.