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El Consejo de derechos humanos de la ONU respalda las esperanzas de justicia para las víctimas en Venezuela

@mespanolescofet

Hoy, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que crea una Misión de Determinación de los Hechos destinada a investigar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes bajo el derecho internacional que se cometen en Venezuela, enviando así un firme mensaje tanto a las víctimas como a los perpetradores: "no se permitirá que prevalezca la impunidad", afirmó Amnistía Internacional.

“Acogemos con satisfacción las medidas adoptadas hoy por los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ya era hora de que la comunidad internacional, encabezada por los países de las Américas, escuchara a las víctimas, por mucho tiempo olvidadas, de un desastre sin precedentes en materia de derechos humanos en la región,”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La resolución envía, con carácter de urgencia, una Misión de Determinación de los Hechos a investigar la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, con miras a garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas. Esto, en respuesta a la crisis multidimensional de derechos humanos descrita en la resolución, que incluye violaciones de derechos civiles y políticos, así como del derecho a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. Esta grave crisis de derechos humanos no sólo afecta a millones de personas en Venezuela, sino que también ha tenido un impacto a nivel regional. Más de 4,3 millones de personas se han visto obligadas a abandonar su país debido a las masivas violaciones de derechos humanos, la mayoría de las personas que han huido de Venezuela se encuentran ahora en otros países de América Latina y el Caribe.

“En cumplimiento de su mandato, la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas tendrá que abordar el contexto más amplio en el que tiene lugar la política de represión estatal: una terrible emergencia humanitaria en la que los derechos humanos esenciales, como a la alimentación, al agua y a la salud, se han convertido en lujos inalcanzables para la mayoría de la población en Venezuela”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Esta resolución responde a los pedidos de rendición de cuentas hechos por las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados de la región, ya que no encontraron ningún recurso en los tribunales nacionales y el gobierno de Nicolás Maduro se ha aislado de cualquier forma de escrutinio regional”.

Irán presentó una segunda resolución centrada en el fortalecimiento de la cooperación del gobierno venezolano con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y su Oficina, que también fue adoptada por votación.

“La cooperación y la rendición de cuentas no son mutuamente excluyentes; son complementarias. Cualquier solución a la crisis actual debe dar prioridad a las víctimas y ofrecer verdad, justicia y reparación, así como garantías de que estos hechos no vuelvan a ocurrir", dijo Erika Guevara Rosas.

"Además de participar constructivamente en la recién creada Misión de Determinación de los Hechos, esperamos que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haga un seguimiento robusto, en caso de que Venezuela continúe negándose a colaborar de manera significativa con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Información adicional

Desde 2014, Amnistía Internacional ha venido documentando y denunciando la grave crisis de derechos humanos en Venezuela. En 2017, estableció la existencia de una política de represión por parte de las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro, contra quienes pudieran ser percibidos como críticos o disidentes del gobierno. Desde entonces, ha venido exigiendo a las autoridades que pongan fin a esta política y se comprometan a proteger los derechos humanos.

En 2014, Amnistía Internacional condenó el uso abusivo de la fuerza contra los participantes de protestas públicas masivas y, posteriormente, en 2015, la impunidad de la que se beneficiaban los autores de esas violaciones. Tras una misión a Caracas en 2016, la organización expresó su preocupación por la crisis social y económica que sufre el país. En 2017, durante y después de un periodo de protesta social, Amnistía Internacional documentó detenciones arbitrarias por motivos políticos, uso abusivo e intencionadamente letal de la fuerza, ataques e incursiones ilegales en viviendas, entre otras violaciones.

Esta política de represión continuó en 2019, incluyendo desde enero las ejecuciones extrajudiciales selectivas. Durante toda esta crisis, la emergencia humanitaria ha continuado en gran medida desatendida, con más de 4,3 millones de personas que huyeron del país desde 2015, al menos 7 millones que necesitaban ayuda humanitaria inmediata en el país y una prestación cada vez más frágil de servicios básicos como agua y electricidad.

Hay pocas perspectivas de justicia o de rendición de cuentas a nivel nacional o regional. Quienes expresan preocupación o buscan justicia por los delitos cometidos por las autoridades se exponen a un alto riesgo de sufrir represalias violentas, como detenciones arbitrarias, torturas e incluso ejecuciones extrajudiciales. La falta generalizada de independencia del poder judicial en Venezuela y la frecuente injerencia del poder ejecutivo en su trabajo, en un contexto de profunda polarización política, ha dado paso al uso abusivo y arbitrario del derecho penal como mecanismo para detener y procesar a personas que tienen opiniones críticas sobre las políticas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro.