El secuestro, reclusión arbitraria y tortura de la periodista y defensora de los derechos humanos Esraa Abdelfattah no es sino otra muestra del aumento de la brutalidad ejercida por las autoridades egipcias contra personas que defienden los derechos humanos en su empeño de “aterrorizar” a quienes las critican o se oponen a ellas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Esraa Abdelfattah fue asaltada y secuestrada el 12 de octubre por miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil. Al día siguiente declaró ante la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad el Estado que había sido torturada por varios agentes, quienes la habían golpeado, intentado estrangular y obligado a permanecer de pie durante casi ocho horas.
“El relato de tortura que hace Esraa Abdelfattah, sólo unos días después de que el destacado activista y bloguero Alaa Abdel Fattah contara una experiencia igualmente terrible bajo custodia, es una alarmante señal de que las autoridades egipcias están recurriendo más a tácticas brutales para reprimir a los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha señalado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.
“Se ha actuado contra Esraa Abdelfattah basándose en falsas acusaciones, y está detenida arbitrariamente por su labor de defensa de los derechos humanos. Debe quedar en libertad de forma inmediata e incondicional.”
Esraa Abdelfattah fue secuestrada de su vehículo por la noche y conducida a un lugar de detención no revelado y dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional, donde tenía prohibido contactar con familiares o abogados.
“La forma de practicarse su arresto —secuestrada por agentes vestidos de civil en una furgoneta a la vista del público— refleja una nueva y alarmante pauta de actuación de las autoridades egipcias contra las personas que defienden los derechos humanos”, ha asegurado Najia Bounaim.
Tras su detención, un agente de la Agencia de Seguridad Nacional la amenazó con torturarla cuando ella se negó a permitirle acceder a su teléfono móvil. Entonces entraron varios hombres en la habitación y empezaron a darle golpes en la cara y el cuerpo. El agente de la Agencia regresó y volvió a pedirle que desbloqueara su teléfono. Esraa se negó otra vez y el agente le quitó la camiseta y la estranguló con ella, diciendo: “tu vida a cambio del teléfono”, hasta que ella le dio la contraseña. Entonces el agente la esposó de manos y piernas para que no pudiera sentarse ni arrodillarse y la obligó a permanecer en esa posición durante casi ocho horas. Otro agente le advirtió que sufriría más torturas si contaba a la fiscalía lo que había pasado.
En un informe de 2017 el Comité de la ONU contra la Tortura concluía que la tortura era sistemática en Egipto y que, aunque eran las fuerzas de seguridad quienes la aplicaban, fiscales y jueces eran responsables de facilitarla.
“La fiscalía de Egipto debe poner fin al abominable uso de la tortura, que es delito con arreglo a la Constitución de Egipto y al derecho internacional de los derechos humanos, y abrir investigaciones sobre todas las denuncias de tortura para obligar a rendir cuentas a los responsables”, ha dicho Najia Bounaim.
“El terrible trato infligido a Esraa Abdelfattah transmite a la comunidad internacional el mensaje inequívoco de que nada impedirá a las autoridades egipcias “aterrorizar” a las personas disidentes para silenciarlas. Los aliados de Egipto deben adoptar una postura firme y dejar claro a las autoridades que no se tolerarán la persecución, tortura y detención arbitraria de personas defensores y defensoras de los derechos humanos.”
Información complementaria
La fiscalía ordenó que permaneciera 15 días más en detención mientras era investigada por “ayudar a un grupo terrorista a alcanzar sus objetivos”, “difundir noticias falsas” y “hacer uso indebido de las redes sociales” como parte de un caso que también afecta a defensores de los derechos humanos como la abogada Mahienour el Massry, el político Khalid Dawoud y el profesor de ciencias políticas Hassan Nefea. Como ellos, Esraa Abdelfattah fue interrogada sobre su activismo político anterior. La fiscalía no presentó más pruebas en su contra que un expediente de una investigación de la Agencia de Seguridad Nacional que ni ella ni sus abogados pudieron examinar.
Amnistía Internacional considera que esos cargos son completamente infundados y se deben exclusivamente a la práctica pacífica del derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos públicos por parte de la acusada.
Esraa Abdelfattah fue de las primeras personas defensoras de los derechos humanos en Egipto a las que se impuso la prohibición de viajar: el 13 de enero de 2015 se le impidió subir a un avión en el aeropuerto de El Cairo y unos funcionarios la informaron de que pesaba sobre ella una orden de prohibición de viajar relacionada con el “caso 173”, sobre financiación extranjera de ONG.
Es una de la sucesión de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sufrido detención desde que estallaron las protestas el 20 de septiembre.
