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Diez años después y aún no hay justicia, verdad ni reparación

El 15 de febrero 1992 María Elena Moyano, conocida como la Madre Coraje de Lima, fue asesinada por miembros del Partido Comunista del Perú (Sendero Luminoso). © Caretas

Las decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños que sufrieron las terribles violaciones de los  derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú (1980-2000) aún esperan justicia, verdad y reparación, una década después de la presentación del emblemático informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El informe de la Comisión detalla las extensas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y graves violaciones del derecho humanitario internacional cometidas entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 por agentes del Estado peruano, por personas que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, así como por grupos opositores armados,  como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La Comisión estableció que decenas de miles de víctimas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas -incluyendo violaciones y esterilizaciones forzadas -y detenidas de forma arbitraria. La Comisión concluyó que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador al haber cometido casi el 54% de las graves violaciones de los derechos humanos que la Comisión investigó, y que las comunidades indígenas y campesinas fueron los más afectados por la violencia.

La Comisión presentó una serie de recomendaciones para promover la verdad, justicia y reconciliación incluyendo: la reforma estructural de las fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial, reparaciones individuales y colectivas para las víctimas, así como un plan nacional de investigaciones forenses con el fin de ubicar e identificar a las víctimas, establecer la causa de su muerte e identificar a los perpetradores

Durante los últimos diez años desde la publicación de los hallazgos de la Comisión, se han realizado algunos avances en la lucha contra la impunidad, incluyendo la comparecencia ante la justicia de varios de los principales perpetradores de estos crímenes. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la verdad, justicia y reparación para las decenas de miles de víctimas y sus familiares.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, menos del 20% de los casos que han supervisado durante los últimos 10 años han tenido como resultado una sentencia. Las fuerzas armadas han rechazado sistemáticamente cooperar con las investigaciones, haciendo imposible para los fiscales y abogados representantes de los familiares de las víctimas reunir suficientes pruebas admisibles para que el caso pueda avanzar. 

La Comisión identificó más de 4.000 fosas comunes. Desde entonces, la Fiscalía de la Nación tiene una lista actualizada de más de 15.000 personas desaparecidas e identificó más de 6.400 fosas comunes. Sin embargo, menos de 2.500 restos han sido exhumados y solo la mitad de ellos han sido identificados y retornados a sus familiares.

A diez años de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es tiempo para que las autoridades peruanas se comprometan con la verdad, justicia y reparación.

Decenas de miles de familiares aun no saben el paradero de sus seres queridos. Decenas de miles de víctimas todavía no ven en el banquillo a aquellos que los torturaron y todavía esperan una reparación. La mayoría de víctimas provienen de los estratos más marginalizados de la sociedad. Si las autoridades peruanas quieren enfrentar seriamente la discriminación e impunidad, no pueden esperar otros diez años para garantizar la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.