Declaración de Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional

Tomo nota con interés de las declaraciones del presidente Bush acerca de que está estudiando todas las alternativas con respecto a Guantánamo y le insto a que cierre la prisión y a que presente cargos contra los detenidos de acuerdo con la legislación estadounidense y ante tribunales estadounidenses o los deje en libertad, ya que esta prisión es una vergüenza para los valores estadounidenses y para el derecho internacional. Debe ordenar que se revelen plenamente las políticas y prácticas de detención e interrogatorio aplicadas por Estados Unidos y promover una investigación independiente sobre los abusos cometidos. Tal medida reafirmaría los principios básicos de justicia, verdad y libertad de que tan orgullosos están los estadounidenses. Sin embargo, la afirmación del presidente Bush de que los presos de Guantánamo “están siendo tratados de acuerdo con los Convenios de Ginebra” no es cierta si nos atenemos a su propia Orden Ejecutiva del 7 de febrero de 2002, en la que instaba a dispensar tal trato “en la medida apropiada y conforme a la necesidad militar”. El enorme vacío jurídico que autorizó dio luz verde a la comisión de abusos, que abarcaban desde mantener a los detenidos en posturas tensas por periodos de hasta 24 horas, hasta recluirlos en régimen de aislamiento por tiempo prolongado, azuzarles perros o someterlos a humillaciones sexuales. Por citar sólo un ejemplo, en diciembre de 2002, Donald Rumsfeld aprobó personalmente el uso de estas técnicas ilícitas durante los interrogatorios en Guantánamo. Asimismo, el presidente negó a los detenidos el derecho a un examen de su condición ante un “tribunal competente”, como dispone el artículo 5 del tercer Convenio de Ginebra.