Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Unas alternativas efectivas a la detención permitirían ahorrar 2.500 dólares por persona y mes

Decenas de miles de personas permanecen detenidas, sin vistas ni fianza, por motivos de inmigración

La cifra se ha triplicado desde 1996

(Washington) – Decenas de miles de personas –algunas de ellas ciudadanas estadounidenses– se consumen cada año en los centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos, sin que se celebre una vista para determinar si su detención está justificada. Así lo ha manifestado la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy. El informe, A la cárcel sin justicia: Detención por motivos de inmigración en Estados Unidos, muestra que, en poco más un decenio, el número de personas inmigrantes que se encuentran recluidas cada día se ha triplicado: de 10.000 en 1996 a más de 30.000 en 2008. Es probable que la cifra aumente aún más en 2009. La mayoría de los detenidos tienen grandes dificultades para conseguir un abogado o ayuda con la que conducirse por el complejo proceso legal. Hay personas que se desesperan tanto que acceden a ser expulsadas aunque sus circunstancias no lo justifiquen.

Entre los detenidos hay personas con residencia legal permanente en el país, inmigrantes indocumentados, solicitantes de asilo y supervivientes de tortura y de trata de seres humanos. Para algunos de ellos, un funcionario de inmigración es la instancia final –y la única– que decide sobre su detención. En el caso de otros, la detención ni siquiera se revisa. Las organizaciones de derechos humanos han subrayado la necesidad de que un órgano judicial revise cada caso para determinar si la detención es necesaria. En el sistema actual, plagado de errores y sin un mecanismo de supervisión significativo, la detención en sí misma puede, en la práctica, sellar el destino de un inmigrante. “Estados Unidos debe sentir indignación por la magnitud de los abusos contra los derechos humanos que tienen lugar dentro de sus propias fronteras”, ha manifestado Larry Cox, director ejecutivo de AI EE. UU. “Las autoridades están encerrando sin el proceso debido a miles de seres humanos y recluyéndolos en un sistema por el que resulta imposible circular sin el equivalente jurídico a un GPS. Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo un país de inmigrantes, y los derechos humanos de estos inmigrantes –ya lleven aquí cinco años o cinco generaciones– deben respetarse. El gobierno estadounidense debe garantizar que toda persona detenida por motivos de inmigración tiene acceso a una vista en la que se determine si esa detención es necesaria.” El informe de AI EE. UU., que sirve de lanzamiento a la campaña de la organización para promover y proteger los derechos humanos de las personas inmigrantes, muestra que el coste medio de mantener recluido a un inmigrante es de 95 dólares por persona y día, es decir, unos 2.850 dólares al mes o, lo que es lo mismo, un total de cientos de millones de dólares que los contribuyentes pagan al año. Existen alternativas a la detención efectivas y más baratas: de tan sólo 12 dólares al día. Un estudio sobre un programa alternativo documentó que, con dicho programa, la comparecencia ante los tribunales de inmigración era del 91 por ciento. Según el derecho y las normas internacionales, la detención sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, debe estar justificada en cada caso individual y debe ser objeto de revisión judicial. Para muchos inmigrantes, la libertad está fuera del alcance, porque las fianzas son desmesuradamente altas. Una mujer china dijo a los investigadores de AI EE. UU. que había huido de la persecución después de que su madre y ella recibieran una paliza en su casa por repartir folletos religiosos. Pidió asilo en Estados Unidos en enero de 2008, pero un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) decidió que debía permanecer detenida a menos que pagara una fianza de 50.000 dólares. No tenía derecho a apelar contra esta decisión, y a su familia le costó casi un año reunir el dinero para conseguir su liberación. Aunque los jueces de inmigración tienen, en algunos casos, autoridad para liberar a inmigrantes por decisión propia o con una fianza mínima de 1.500 dólares, los informes indican que cada vez hay menos probabilidades de que lo hagan. Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), en 2006 los jueces de inmigración decidieron no fijar fianza en 14.750 casos. En 2007 esta cifra aumentó a 22.254, y en los cinco primeros meses de 2008 los jueces de inmigración habían decidido ya no fijar fianza en 21.842 casos. Además, las personas con residencia legal permanente pueden ser sometidas a “detención obligatoria” sin derecho a que se celebre una vista de fianza ante un juez de inmigración o un órgano judicial. Las categorías de delitos por las que se puede imponer la detención obligatoria son amplias y difíciles de definir. En un caso, un hombre de 37 años, con residencia legal permanente, fue expulsado a Haití por posesión de abonos de autobús robados. El tribunal determinó que sus dos condenas constituían sendos “delitos de vileza moral” que justificaban la detención obligatoria y la expulsión. Ha habido personas tanto con ciudadanía estadounidense como con residencia legal permanente en Estados Unidos que han sido sometidas indebidamente a detención obligatoria y han pasado meses o años entre rejas antes de poder demostrar que no eran susceptibles de ser expulsadas. Según la investigación llevada a cabo por AI EE. UU., al menos 117 personas fueron sometidas a detención obligatoria por infracciones que al final se determinó que no constituían delitos por los que pudieran ser expulsadas. Aún más asombroso es el hecho de que, tan sólo en 2007, unos proveedores de servicios jurídicos identificaron a 322 personas detenidas que podrían haber reclamado la ciudadanía estadounidense. Por ejemplo, el Sr. W., nacido en Minnesota, fue detenido por motivos de inmigración en Florence, Arizona. Como estaba detenido, no tenía acceso a su certificado de nacimiento. Finalmente quedó en libertad después de trabajar durante un mes, por un dólar al día, en la cocina de la prisión para reunir los 30 dólares que costaba pedir una copia de su certificado de nacimiento. Para dar cabida a la gran cantidad –en rápido aumento– de inmigrantes detenidos, el ICE recurre cada vez con más frecuencia al establecimiento de contratos con cárceles estatales y locales: unos 350 de estos centros albergan a hasta el 67 por ciento de todos los inmigrantes detenidos. En teoría, estos centros deben cumplir las normas de detención del ICE, pero estas normas no son legalmente vinculantes, y tanto la supervisión como la rendición de cuentas por los abusos o la desatención bajo custodia son prácticamente inexistentes, lo que da lugar a prácticas que violan las normas internacionales. Por ejemplo, es frecuente que a los inmigrantes se los someta a instrumentos de coerción excesivos, como esposas, cadenas en la cintura y grilletes, y que se los recluya junto a individuos encarcelados por delitos penales. Los inmigrantes detenidos también tienen dificultades para conseguir atención médica: al menos 74 han muerto bajo custodia en los últimos cinco años. Un inmigrante de Afganistán de 27 años de edad, que llegó a Estados Unidos junto con su familia como refugiado a los 7 años, empezó a orinar sangre no mucho después de ser detenido, y tenía fatiga, dolor y malestar constantes. Tuvo que esperar seis semanas para ver a un médico y, al cabo de nueve meses, no había recibido aún ni diagnóstico ni tratamiento. Según dijo a AI EE. UU., estaba considerando la posibilidad de retirar su solicitud de ciudadanía y aceptar ser expulsado a Afganistán a fin de recibir atención médica. “Cuando personas que podrían perfectamente tener la ciudadanía estadounidense llegan a tal punto de desesperación que aceptan ser expulsadas a países que ni siquiera conocen, es evidente que en el sistema de detención por motivos de inmigración de Estados Unidos hay un fallo de inquietantes proporciones”, ha manifestado Sarnata Reynolds, directora de política sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes de AI EE. UU. “Se ha demostrado una y otra vez que las condiciones de los centros de detención violan tanto las normas del ICE como el derecho internacional, pero no existe prácticamente ninguna rendición de cuentas por estas violaciones. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe rendir cuentas y debe promulgar normas de derechos humanos de obligado cumplimiento para eliminar las condiciones inadecuadas y peligrosas de reclusión.” Para rectificar estas cuestiones, AI EE. UU. pide al gobierno estadounidense que:

  • apruebe legislación que establezca que la detención por motivos de inmigración sólo debe utilizarse en circunstancias excepcionales, y que garantice que siempre se consideran en primer lugar alternativas que no supongan la puesta bajo custodia, como el requisito de presentarse periódicamente ante las autoridades o el establecimiento de una fianza asequible;
  • garantice que todas las personas migrantes y solicitantes de asilo tienen acceso desde el primer momento a vistas individualizadas ante un órgano judicial para que se determine la legalidad, la necesidad y la pertinencia de la detención;
  • promulgue normas de detención de obligado cumplimiento en materia de derechos humanos aplicables a todos los centros que alberguen a personas detenidas por motivos de inmigración, y haga rendir cuentas a los centros por la violación de dichas normas.