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Deben respetarse los derechos de los desplazados de Jartum

Amnistía Internacional condena el traslado masivo y forzoso de todo el campo para desplazados internos de Shikan realizado el 17 de agosto de 2005. 

 

A la organización le preocupa el hecho de que los residentes de Shikan hayan sido trasladados sin su consentimiento y arbitrariamente a otros campos donde están privados de derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a recibir atención médica y el derecho a la educación. Amnistía Internacional pide al gobierno de Sudán que adopte medidas urgentes para corregir esta situación, lo que incluye actuar de inmediato para prestar a los desplazados internos servicios esenciales que garanticen su derecho a un nivel de vida adecuado y comprometerse públicamente a incluir a los desplazados en los procesos presentes y futuros de toma de decisiones que afecten a su vida y a sus medios de supervivencia.

 

A las 4 de la mañana del 17 de agosto de 2005, policías armados rodearon el campo de desplazados de Shikan, situado en Omdurman, Jartum. La víspera, las fuerzas de seguridad nacionales habían comunicado a algunos dirigentes del campo que iban a registrarlo en busca de objetos robados, tras los recientes disturbios ocurridos con motivo de la muerte del primer vicepresidente, John Garang.  Las fuerzas de seguridad nacionales llegaron con camiones y se llevaron a todos los residentes del campo. Quinientas familias fueron trasladadas al campo de Thawra, 170 al de Al Fatah III, y se asignarán plazas a otras 371 para volver a Shikan.   

 

Al Fatah III y Thawra carecen de los medios de supervivencia más básicos. Thawra, a 55 kilómetros al norte de Jartum, era un vertedero de basuras y carece de todos los servicios esenciales. No hay agua, atención médica ni instalaciones educativas, pues no es más que un trozo de desierto. Las condiciones de Al Fatah III son mejores sólo porque posee una bomba de agua.  

 

Las acciones de las autoridades violaron los derechos fundamentales de estas personas a la libertad de circulación y a la libertad de elegir su residencia, consagrados en las normas internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Sudán es Estado parte.

 

El traslado conculca también los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la ONU, un conjunto de principios no vinculantes ampliamente respaldados, basados en las normas internacionales de derechos humanos.

 

Según el principio 6.1 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, todo ser humano tendrá derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual (salvo que así lo exija la seguridad y la salud de los afectados). Los residentes de Shikan no fueron informados de los planes de traslado, sino que fueron introducidos en camiones la madrugada del 17 de agosto de 2005 sin que se les explicaran los motivos y sin tener ninguna posibilidad de cuestionar la decisión.

 

La total ausencia de servicios médicos, agua, higiene o servicios educativos en el nuevo emplazamiento de Thawra es también contraria al principio 18.1 de los Principios Rectores de la ONU, que establece:

 

"... 1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. 2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos: a) Alimentos esenciales y agua potable; b) Alojamiento y vivienda básicos; c) Vestido adecuado; y d) Servicios médicos y de saneamiento esenciales."

 

Los artículos 22 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantizan estos derechos, que también están consagrados en el artículo 11.1 y 11.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Tales derechos están previstos asimismo en el artículo 14.2 .h) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las que Sudán es Estado parte.

 

La firma de la nueva Constitución Nacional Provisional el 9 de julio de 2005 hizo concebir la esperanza de que estaba surgiendo en Sudán un mayor respeto a los derechos humanos. Pero el traslado forzoso del campo de Shikan representa una preocupante continuación de una tendencia previa de violaciones de estos derechos, especialmente en el trato que da el gobierno sudanés a los desplazados internos. Esta es también una primera oportunidad perdida de que el Movimiento de Liberación Popular de Sudán (ELPS) ejerciera su influencia en apoyo de los derechos humanos en Jartum. Pero el tratamiento de los residentes de Shikan recién trasladados y de los desplazados que aún siguen en Jartum ofrece más oportunidades en el futuro, tanto para el gobierno de Sudán como para el ELPS, de garantizar que se respetan los derechos de los desplazados conforme a las obligaciones contraídas por Sudán en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.  

 

 

Información complementaria

Los hechos acaecidos el 17 de agosto de 2005 siguen una tendencia de acciones similares adoptadas por el gobierno de Sudán respecto de la población de desplazados internos de Jartum y de todo el país. Las medidas más recientes fueron los traslados involuntarios realizados en Soba Aradi el 14 de mayo de 2005, que desembocaron en enfrentamientos violentos entre los desplazados y la policía, detenciones masivas y al menos una muerte confirmada de un desplazado bajo custodia policial. La población de Shikan está compuesta en su mayoría por habitantes del sur de Sudán y de Darfur que han tenido que huir de sus casas debido a abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante el largo conflicto, incluida la penuria económica severa.  

 

A mediados de julio, el gobernador del estado de Jartum, Abdul Haleem Mutafi, suscribió un acuerdo verbal con un comité asesor integrado por donantes internacionales, la ONU y representantes del estado en relación con un mandato encaminado a observar y realizar conjuntamente todos los traslados de desplazados internos. A pesar de estas promesas verbales de consultar con el comité los traslados futuros y de no realizar ninguno antes del final de la actual estación de lluvias, el gobernador autorizó el traslado del campo de Shikan sin avisar ni al comité asesor ni a los propios residentes del campo. Según los informes, el gobernador ha declarado en ocasiones anteriores que nunca avisará con antelación de ningún traslado de desplazados internos, lo que convierte el proceso de consulta en un mecanismo vacío de contenido.

 

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