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Cuba/Argentina: visita de Obama

Toristas caminando junto a un póster de Obama y Raúl Castro YAMIL LAGE/AFP/Getty

En ocasión de la histórica visita que realizará el presidente Barack Obama a Cuba, y de la que hará a continuación a Argentina durante dos días, Amnistía Internacional señala a los tres presidentes una serie de importantes preocupaciones en materia de derechos humanos

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

  • Centro de detención en Guantánamo

Aunque reconocemos el compromiso del actual gobierno de poner fin a las detenciones en la base naval estadounidense de Guantánamo, el hecho de que siga habiendo allí decenas de detenidos, seis años después del plazo establecido por el Presidente Obama para el cierre del centro, representa un motivo de gran preocupación internacional. Reiteramos que todo detenido de Guantánamo contra quien Estados Unidos no tenga intención de presentar cargos para que sea juzgado con pleno respeto de las normas internacionales sobre juicios justos debe ser puesto en libertad de inmediato.

Lamentamos que el plan de cierre del gobierno, que presentó al Congreso de Estados Unidos el 23 de febrero de 2016, no trate la solución de las detenciones como una cuestión de derechos humanos. No se hace ninguna referencia en el plan de cierre a la obligación que tiene Estados Unidos de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, incluidos los delitos de derecho internacional de tortura y desaparición forzada cometidos en la base y en otras partes. En este sentido, lo que se propone es reubicar a algunas personas para su detención indefinida sin cargos ni juicio en territorio continental estadounidense. Hemos afirmado continuamente que el cierre del centro de detención de Guantánamo no debe dar lugar al traspaso de las violaciones de derechos humanos a otro lugar. La propuesta presentada no supera esta prueba, como tampoco lo hace el mantenimiento de comisiones militares para procesamientos seleccionados. Las comisiones no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos y debe prescindirse de ellas en favor de la celebración de juicios en el sistema de justicia penal ordinario

  • Embargo económico estadounidense a Cuba

Por muchos años, el embargo económico estadounidense ha menoscabado los derechos humanos en Cuba, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. Amnistía Internacional ha pedido continuamente el levantamiento del embargo y documentado cómo su persistencia niega a las cubanas y los cubanos de a pie el acceso a medicamentos y otros productos básicos. No obstante, acogemos con satisfacción los esfuerzos del gobierno por restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Pedimos al Congreso estadounidense que apruebe las siguientes leyes:

La Ley para la Libertad para Viajar a Cuba del 2015,
La Ley de Comercio con Cuba del 2015, y
La Ley en Materia Digital y de Telecomunicaciones para Cuba.

  • Personas migrantes y refugiadas

En esta primera visita a Latinoamérica de 2016, le instamos al Presidente Obama a que, no sólo tenga en cuenta la situación de los derechos humanos en Cuba y Argentina, sino que también aborde la situación que enfrentan miles de personas migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos y garantice que se cumpla plenamente con las normas internacionales para todos aquellos que buscan entrar al país norteamericano. Casi 40.000 menores no acompañados y 40.000 familias más fueron detenidos al cruzar la frontera sur de Estados Unidos en 2015, en muchos casos huyendo de la violencia y la inseguridad en El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Se tuvo a menores no acompañados y familias recluidas durante meses mientras reclamaban el derecho a quedarse en Estados Unidos, en muchos casos en centros donde no tenían acceso adecuado a atención médica, alimentos y agua en condiciones aptas para el consumo ni asesoramiento jurídico. El gobierno estadounidense anunció la expansión de su programa de reasentamiento para refugiados que huyen de El Salvador, Guatemala y Honduras, lo cual es un paso en la dirección correcta, sin embargo, no es suficiente respecto de las medidas internacionales necesarias para la reubicación de estos desplazados. No puede dejarse de lado este asunto en ninguna conversación relativa a la situación de los derechos humanos en América.


CUBA

  • Escrutinio internacional

Las organizaciones y mecanismos independientes de derechos humanos, entre ellos los relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no han tenido acceso a Cuba durante decenios. Cuba es el único país de América en el que Amnistía Internacional no tiene permiso de las autoridades para entrar.

En aras de la transparencia y para facilitar el monitoreo e información independientes y objetivas de diversas cuestiones de derechos humanos en Cuba, las organizaciones independientes de derechos humanos deben poder entrar en el país. Aunque acogemos con satisfacción el nuevo diálogo entre Cuba y la comunidad internacional, instamos a que se incluya en él a actores internacionales de derechos humanos para impulsar así la protección y promoción de los derechos humanos de las cubanas y los cubanos. Colaborando con los sistemas de derechos humanos, Cuba podría también transmitir al mundo el mensaje de que acoge con beneplácito la rendición de cuentas y la transparencia y está dispuesta a someterse al mismo grado de escrutinio que sus iguales en toda América.

  • Detenciones arbitrarias y restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión

En los últimos años, se ha recibido información constantemente sobre hostigamiento y detenciones arbitrarias de corta duración de manifestantes pacíficos, disidentes políticos y defensoras y defensores de los derechos humanos en Cuba. El 10 de diciembre de 2015, Día de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional recibió información sobre disidentes y periodistas a quienes agentes del Estado habían sometido a arresto domiciliario para impedirles participar en actividades pacíficas.

Amnistía Internacional considera como grave motivo de preocupación que se utilicen disposiciones del Código Penal cubano como desacato, resistencia a funcionarios públicos en el desempeño de su función y desórdenes públicos para reprimir la libertad de expresión, reunión y asociación. De acuerdo con las normas internacionales, Cuba debe reformar las disposiciones del Código Penal que se prestan a ser aplicadas indebidamente por los funcionarios del Estado y los jueces para restringir la libertad de expresión.


ARGENTINA

  • Acceso a la justicia y fin de la impunidad

A 40 años del golpe de Estado de 1976 en Argentina, las investigaciones y los juicios por las graves violaciones a los derechos humanos han marcado un progreso substancial. Sin embargo, aún persisten desafíos, como son, la necesidad de organizar eficientemente todos los casos y el trabajo judicial y extrajudicial con testigos en los casos. También han surgido nuevos desafíos como la participación de civiles durante la dictadura y la judicialización de delitos contra la integridad sexual. Argentina debe continuar con los esfuerzos por llevar ante la justicia, sin demoras, a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, así como proteger la seguridad e integridad física de los testigos en esos juicios.

  • Derechos de los pueblos indígenas

La Constitución de Argentina y el derecho internacional en materia de derechos humanos reconocen ya el derecho de los pueblos indígenas. Sin embargo, los pueblos indígenas de Argentina llevan decenios siendo tratados como ciudadanos de segunda clase, sometidos a violencia, intimidaciones y discriminación y sin que se respeten sus derechos humanos. En los últimos años, sus reivindicaciones y demandas han comenzado a cobrar impulso en la agenda política y social argentina.

A lo largo del último decenio, intereses públicos y privados, especialmente de los sectores agroindustrial y extractivo, han levantado enormes barreras entre los pueblos indígenas de Argentina y el derecho a sus tierras tradicionales. Organismos internacionales, como el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, han criticado la falta de consulta con las comunidades que pueden verse afectadas por proyectos de desarrollo y por la explotación de los recursos naturales.

Es preciso que Argentina avance en el reconocimiento legal de la propiedad comunitaria, a través de una ley especial que sea debatida y consultada con los Pueblos Indígenas y que avance sus derechos en la práctica e implementación de las normas.

  • Libertad de expresión y derecho a la asamblea pacífica

En los últimos años hay avances y retrocesos en relación con la forma en que el poder político y las fuerzas de seguridad en Argentina han abordado la protesta social. En febrero 2016, el Ministerio de Seguridad dio a conocer el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad Del Estado en Manifestaciones Públicas”, por el que se instruye a las fuerzas de seguridad a detener las protestas sociales, y ejercer acción penal en contra de quienes participan. En nuestra opinión, esto limita gravemente la libertad de expresión y el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente, además de hacer un uso indebido del sistema penal para criminalizar a quienes protestan.

Para terminar, nos gustaría manifestar nuestro deseo de que en sus próximas reuniones mantengan conversaciones productivas y centradas en los derechos humanos. Amnistía Internacional está dispuesta a facilitar a los tres gobiernos más información sobre algunos de los retos más acuciantes a que se enfrentan los países en materia de derechos humanos, junto con nuestras recomendaciones específicas para abordarlos.

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