Las autoridades yemeníes deben conmutar de inmediato la condena de amputación impuesta a un hombre declarado culpable de robo y agresión; así lo ha afirmado Amnistía Internacional. El Tribunal Penal Especial de Saná impuso la condena de “amputación cruzada” al acusado el domingo, 15 de septiembre. La condena, que puede recurrir, consiste en la amputación de la mano derecha y el pie izquierdo. “La amputación es un castigo cruel que constituye tortura y, en consecuencia, es delito en virtud del derecho internacional” ha afirmado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “Las autoridades yemeníes deben tomar medidas de inmediato para abolir este castigo brutal.” La condena dictada el domingo es la primera por amputación registrada en Yemen desde hace más de 10 años. El hombre fue declarado culpable de tender una emboscada y atacar a un hombre que transportaba dinero en su automóvil. Otros seis hombres fueron condenados a cumplir entre uno y cuatro años de cárcel por bandidaje, robo y formación de banda delictiva. Tanto la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, incluida la aplicación de castigos corporales. Yemen es Estado Parte en ambos tratados. Pero su Código Penal sigue prescribiendo el castigo corporal –incluidas la amputación y la flagelación– para determinados delitos hudud, establecidos por la ley islámica. Con arreglo al derecho yemení, la pena de amputación de la mano derecha a la altura de la muñeca se aplica al robo que cumple las condiciones de delito hudud. La reincidencia se castiga con la amputación del pie izquierdo a la altura del tobillo. Cometer el delito por tercera vez comporta 15 años de cárcel. Asimismo, los tribunales de Yemen incumplen claramente las obligaciones contraídas por su Estado en virtud del derecho internacional al seguir imponiendo el castigo de flagelación. Los jueces yemeníes tienen amplios poderes discrecionales para imponer castigos corporales, por lo que se teme que puedan hacerlo de manera desigual y discriminatoria hacia los miembros de grupos minoritarios y desfavorecidos.
