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Comienza la cuenta atrás olímpica para reformar los derechos humanos

Londres.- Cuando faltan sólo 687 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de 2008, el gobierno chino tiene que darse prisa si, como prometió al Comité Olímpico Internacional, quiere mejorar la situación de los derechos humanos antes de que den comienzo los Juegos.

En su última evaluación de la actuación del gobierno chino durante el periodo previo a las Olimpiadas, conforme a cuatro indicadores de la situación de los derechos humanos, Amnistía Internacional ha determinado que su puntuación general sigue siendo baja. Ha habido progresos en la reforma del sistema de pena de muerte, pero en otras áreas esenciales de derechos humanos, la trayectoria del gobierno chino ha empeorado.

"Los informes que siguen recibiéndose a diario sobre graves abusos contra los derechos humanos cometidos por todo el país contradicen las promesas que hizo el gobierno chino cuando presentó la candidatura de Pekín a las Olimpiadas –ha manifestado Catherine Baber, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional–-.  Se hostiga y encarcela a los activistas de derechos humanos de base, incluidos los que trabajan con personas desalojadas por la fuerza de edificios situados en zonas donde se va a levantar la infraestructura olímpica. Asimismo, se ejecuta a millares de personas tras juicios injustos por delitos como contrabando y fraude.”

“Durante el año pasado se llevó a cabo una renovada campaña de represión de los periodistas y los usuarios de Internet, lo cual hace que las promesas oficiales de “libertad total para los medios de comunicación” suenen falsas –ha añadido Catherine Baber–. La situación actual contradice la formulación más básica del ‘espíritu olímpico’, parte esencial del cual es ‘el mantenimiento de la dignidad humana’.”

Amnistía Internacional ha enviado sus conclusiones al Comité Olímpico Internacional, que ha manifestado que tomará medidas si los compromisos de China en materia de derechos humanos no se cumplen en la práctica. La organización insta al Comité a que utilice su influencia con las autoridades chinas para hablar en favor de personas como Ye Guozhu.

Desalojado por la fuerza de su casa por hallarse ésta en una zona destinada a la infraestructura olímpica, Ye Guozhu  fue condenado a cuatro años de prisión a raíz de que solicitara permiso para organizar una manifestación en Pekín junto con otras víctimas de desalojos forzados en diciembre de 2004. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia. Recientemente se ha sabido que Ye Guozhu ha sido sometido bajo custodia a torturas como colgarlo del techo por los brazos y golpearlo con porras eléctricas.

Además de llevar a cabo desalojos forzosos en zonas destinadas a la infraestructura olímpica, las autoridades municipales de Pekín han decidido que, a fin de limpiar la imagen de la ciudad antes de que comiencen los Juegos, se amplíe el ámbito de aplicación de la “reeducación por el trabajo” (encarcelamiento sin cargos) para incluir en él “la publicidad y la propaganda ilegales, los taxis ilegales, los negocios ilegales, el vagabundeo y la mendicidad”.   

"Los estadios relucientes y los desfiles espectaculares no servirán de nada si los periodistas y los activistas de los derechos humanos no pueden expresarse aún libremente, si se sigue torturando en las prisiones o si el gobierno persiste en el secretismo con respecto a los millares de personas que son ejecutadas”, ha señalado Catherine Baber.

"Instamos a las autoridades chinas a que sigan adelante con su promesa de mejorar la situación de los derechos humanos a fin de que, cuando llegue agosto de 2008, el pueblo chino pueda estar orgulloso de todo lo que su país tiene para ofrecer al mundo.”

Notas para la prensa
Amnistía Internacional está publicando evaluaciones periódicas de la reforma de la situación de los derechos humanos antes de las Olimpiadas, conforme a cuatro indicadores clave. Constituyen un elemento básico de la agenda general de la organización con respecto a la reforma de la situación de los derechos humanos en China. Entre las principales novedades y recomendaciones expuestas en la última de estas evaluaciones figuran:

Pena de muerte
Continúa aplicándose por unos 68 delitos, entre los que figuran el fraude fiscal y los delitos relacionados con drogas. Según cálculos de observadores chinos, todos los años son ejecutadas entre 8.000 y 10.000 personas.
En ningún caso se impone la condena de muerte en un juicio justo, pues en los procedimientos judiciales se producen deficiencias como no proporcionar al acusado acceso con prontitud a un abogado, no respetar su derecho a la presunción de inocencia y presentar contra él pruebas obtenidas mediante tortura.
La extracción de órganos a presos ejecutados es un fenómeno generalizado –una nueva normativa de julio de 2006 regula sólo los transplantes de donantes vivos–.
Un hecho positivo ha sido la restitución al Tribunal Supremo Popular de su facultad de revisión final y aprobación de todas las ejecuciones, que se espera que conduzca a una reducción de número de condenas de muerte.

Amnistía Internacional pide al gobierno que aumente la transparencia publicando estadísticas nacionales completas sobre las condenas de muerte y ejecuciones, con miras a la abolición definitiva de la pena de muerte.

Juicios injustos, tortura y encarcelamiento sin cargos (“detención administrativa”)
Se cree que hay centenares de miles de personas recluidas en centros de “reeducación por el trabajo” o sometidas a otras formas de encarcelamiento sin cargos por todo el país.
La policía tiene amplios poderes para imponer condenas de hasta tres años de prisión por “delitos leves”.
Las personas encarceladas en tales centros están especialmente expuestas a sufrir tortura o malos tratos, sobre todo si oponen resistencia a su “reforma”.

Amnistía Internacional pide la abolición de la “reeducación por el trabajo”y demás formas de detención administrativa.

Activistas y defensores de los derechos humanos

Cada vez es más frecuente expresar las quejas en público: en 2005 tuvieron lugar 87.000 protestas, manifestaciones y otras “alteraciones del orden público”, frente a las 74.000 de 2004, según cifras del gobierno.
Los activistas, incluidos abogados y periodistas, encuentran serios obstáculos para llamar la atención sobre los abusos que se cometen, entre ellos hostigamiento, detención arbitraria y tortura.
Una normativa de mayo de 2006 sobre los abogados impone controles oficiales más estrictos y puede disuadir a los letrados de defender a víctimas de abusos contra los derechos humanos ante tribunales locales.

Amnistía Internacional pide al gobierno que modifique cláusulas del Código Penal redactas de modo poco preciso, como “filtrar secretos de Estado al extranjero” y “subvertir el poder del Estado”, que suelen utilizarse para reprimir actividades legítimas de defensa de los derechos humanos.

Libertad de los medios de comunicación
Las autoridades chinas tienen bloqueados los sitios web de centenares de organizaciones, y el año pasado se cerraron numerosos sitios web chinos.
La policía detuvo a periodistas extranjeros en al menos 38 ocasiones durante al año pasado y el anterior, según el Club de Corresponsales Extranjeros de Pekín.
Las autoridades chinas han intensificado el control sobre los medios de comunicación chinos en los últimos doce meses, cerrando publicaciones como Freezing Point (Bingdian) y despidiendo a periodistas por hacer críticas.

Amnistía Internacional pide al gobierno chino que deje en libertad a todos los periodistas detenidos por ejercer pacíficamente su profesión y que garantice que tantos los periodistas extranjeros como los chinos pueden cubrir asuntos de interés públicos sin censura.

La evaluación completa de Amnistía Internacional estará disponible a partir de las 00:01 horas GMT del 21 de septiembre de 2006 en http://web.amnesty.org/library/Index/engasa170462006.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, se ha referido a menudo a los compromisos contraídos por China en materia de derechos humanos cuando se le ha preguntado públicamente por las Olimpiadas de Pekín. En abril de 2002, en el programa “Hardtalk” de la BBC, prometió tomar medidas si no se respetaban satisfactoriamente los derechos humanos en China.