Existe un riesgo inminente de enfrentamientos violentos en la región de la Amazonía brasileña a menos que el gobierno proteja las tierras ancestrales de los pueblos indígenas frente a las crecientes confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales por parte de intrusos armados. Así lo ha advertido hoy Amnistía Internacional. Amnistía Internacional visitó recientemente tres territorios indígenas diferentes en el norte de Brasil en los que intrusos ilegales habían comenzado o aumentado los esfuerzos por confiscar tierras y/o talar árboles. Los líderes indígenas dijeron a la organización que habían recibido amenazas de muerte por defender sus tierras ancestrales. También temen nuevas intrusiones durante la estación seca (de mayo/junio a octubre/noviembre), cuando el acceso a la selva es más sencillo y facilita la tala y la quema. “Los pueblos indígenas de Brasil y sus tierras se enfrentan a enormes amenazas, y la situación pronto se volverá insostenible en la estación seca”, ha manifestado Richard Pearshouse, asesor general de Amnistía Internacional sobre crisis y medio ambiente. “El gobierno debe proteger a los pueblos indígenas que defienden sus tierras, o habrá un derramamiento de sangre.” En abril de 2019, Amnistía Internacional entrevistó a 23 indígenas en tres territorios del norte de Brasil: los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau en el estado de Rondônia, y el territorio arara en el estado de Pará. Amnistía Internacional también entrevistó a 13 personas con conocimientos sobre las intrusiones en territorios indígenas, entre ellas autoridades gubernamentales, fiscales y representantes de organizaciones no gubernamentales. Según los representantes de organizaciones no gubernamentales y las autoridades, los intrusos a menudo son personas de la zona que se ven alentadas y respaldadas por agricultores locales y políticos para ocupar parcelas de tierra y/o vender la madera. Los pueblos indígenas de algunos territorios realizan patrullas para vigilar y proteger sus tierras frente a estas intrusiones. Puesto que los intrusos suelen estar armados, existe un alto riesgo de enfrentamientos violentos con pueblos indígenas. En los tres territorios visitados, los líderes indígenas han denunciado reiteradamente a las autoridades gubernamentales confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales realizadas recientemente. Sin embargo, la respuesta de las autoridades gubernamentales ha sido limitada, y las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales han continuado. Una incursión realizada en enero de 2019 por unos 40 intrusos ilegales en el territorio uru-eu-wau-wau dio lugar, unos días después, a una operación de vigilancia gubernamental en la zona en la que se detuvo a una persona que más tarde fue puesta en libertad. En abril de 2019 se produjo una intrusión mucho mayor en el territorio uru-eu-wau-wau, en la que se calcula que participaron muchos centenares de intrusos ilegales. El gobierno llevó a cabo una operación de vigilancia que dio lugar a la detención de dos personas una semana después de la intrusión de abril. Disparos en plena noche Los pueblos indígenas de los tres territorios dijeron a Amnistía Internacional que los intrusos ilegales habían abierto recientemente nuevos caminos en la selva cerca de sus poblados y carreteras. En algunos territorios también contaron que con frecuencia oían ruidos de tractores y motosierras en el interior de los territorios. Una mujer uru-eu-wau-wau de 22 años describió cómo se había sentido en los días posteriores a la intrusión de enero de 2019: “Cuando me enteré de la invasión, me asusté, porque está muy cerca del poblado. Nunca había visto una tan cerca. Tenía miedo de que vinieran aquí. No podía dormir. Durante varias noches, se oyeron disparos en plena noche. Estaba asustada. Acostaba a los niños, pero no podía dormir”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional observó rastros de carreteras y caminos utilizados por intrusos cerca de los territorios indígenas, y vio fotos y vídeos de señales que delineaban parcelas y caminos, y un tractor que transportaba madera. Un líder karipuna habló a Amnistía Internacional del miedo de que la situación se intensificara hasta llegar a enfrentamientos violentos en la estación seca: “[Los intrusos ilegales] dejaron un mensaje en el que decían que [los líderes indígenas] no debíamos transitar por sus caminos, o desapareceríamos [...] Si el gobierno no protege el territorio, puede haber una tragedia entre intrusos e indígenas. Durante la estación seca, las intrusiones aumentarán aún más porque las autoridades no han tomado ninguna medida”. La respuesta del gobierno a estas confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales sigue siendo inadecuada. La vigilancia de los territorios indígenas depende en gran medida de la coordinación entre distintos órganos gubernamentales. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil carece de poderes policiales, y depende del apoyo de otras instituciones, como el Instituto Brasileño de Recursos Renovables y del Medioambiente (IBAMA) y la Policía Federal. Los expertos dijeron a Amnistía Internacional que las operaciones de vigilancia se habían reducido en los últimos meses a causa de las limitaciones presupuestarias. Los pueblos indígenas expresaron a Amnistía Internacional su frustración por el reducido número de intrusos que rinden cuentas, mientras que los expertos subrayaron la necesidad de investigar a quienes apoyan y financian las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales. Entre enero y abril de 2019, la oficina del Ministerio Público Federal envió al menos cuatro cartas al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos —este último, responsable de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) desde enero de 2019— describiendo el deterioro de la situación de seguridad en los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau y advirtiendo del riesgo de conflicto. La oficina solicitó el apoyo inmediato de la Fuerza de Seguridad Nacional mientras las autoridades trazaban un plan de protección a largo plazo para los territorios. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos no se han coordinado con la Fuerza de Seguridad Nacional para proteger los territorios karipuna y uru-eu-wau-wau, y el plan de protección a largo plazo sigue sin elaborarse. “A menos que la FUNAI y las demás autoridades incrementen la lucha contra las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales, hay una probabilidad enorme de que se produzcan enfrentamientos violentos entre pueblos indígenas e intrusos”, ha manifestado Richard Pearshouse. “El gobierno debe afirmar sin demora su compromiso de proteger los territorios indígenas y garantizar que se respetan.” Aumento de la deforestación en los territorios indígenas Las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales normalmente son menos habituales en la estación de lluvias (de octubre/noviembre a mayo/junio) que en la estación seca (de mayo/junio a octubre/noviembre). La ONG Imazon ha denunciado la pérdida de 110 kilómetros cuadrados de selva en el interior de los territorios indígenas de la Amazonía durante los tres primeros meses del año. Esto representa un aumento del 82% respecto al mismo periodo de 2018. Los estudios señalan que, cuando las tierras ancestrales de los pueblos indígenas son selva primaria, la demarcación de los territorios indígenas puede proteger frente a la deforestación. La conservación de la selva primaria es fundamental en la lucha contra el cambio climático porque, cuando la selva y los bosques son talados o quemados, el carbono almacenado se libera a la atmósfera en forma principalmente de dióxido de carbono. “La protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas es fundamental para evitar que continúe la deforestación de la Amazonía. La comunidad internacional debe vigilar atentamente y apoyar a las comunidades indígenas que están en primera línea de la lucha para proteger la selva más preciada del mundo”, ha manifestado Richard Pearshouse. Información adicional Además de los tres territorios investigados por Amnistía Internacional, en Brasil hay otros territorios indígenas que también sufren una creciente presión de intrusos ilegales. En febrero de 2019, la organización no gubernamental Repórter Brasil informó de la existencia de al menos 14 territorios indígenas demarcados que habían sufrido invasiones o intrusiones recientes de intrusos ilegales. Los territorios indígenas están protegidos por las leyes de Brasil y por el derecho internacional de los derechos humanos. La Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la tierra, su uso y sus recursos naturales. Las confiscaciones de tierras y extracción maderera ilegales en el interior de territorios indígenas constituyen delito en virtud de la legislación federal. Brasil ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que garantiza a los pueblos indígenas el derecho a una consulta libre, previa e informada respecto a los proyectos que afecten a sus tierras y sus derechos. El territorio uru-eu-wau-wau El territorio uru-eu-wau-wau comprende un área de 1.867.000 hectáreas en el estado de Rondônia, norte de Brasil. El proceso de demarcación del territorio concluyó en 1991. El pueblo uru-eu-wau-wau, con una población de 200 personas, vive en seis poblados en la parte norte del territorio. En abril de 2019, Amnistía Internacional visitó dos de los poblados cercanos a la ubicación de intrusiones recientes, y entrevistó a miembros de la comunidad. Las personas entrevistadas contaron a Amnistía Internacional que, el 11 de enero de 2019, se enfrentaron a unos 40 invasores que, armados con hoces y machetes, abrían un camino en su territorio a unos dos kilómetros de un poblado indígena, y justo al lado de la carretera que los indígenas utilizan para entrar y salir de su territorio. Al parecer, cuando les dijeron que se marcharan, los intrusos respondieron que vendrían más, y amenazaron con matar a los niños y niñas indígenas. A principios de abril de 2019 tuvo lugar otra intrusión en el territorio uru-eu-wau-wau. Los medios de comunicación locales informaron de que los intrusos habían dicho que habían entrado en el territorio indígena partiendo del supuesto de que el gobierno iba a dividir el territorio y asignarles a ellos títulos de propiedad. Los medios locales informaron de la presencia de más de un millar de intrusos en la zona de Nova Floresta, mientras que la FUNAI comunicó a los pueblos indígenas locales que en la intrusión habían participado probablemente 500 personas. La cifra real de intrusos ilegales que participaron en la intrusión de abril de 2019 no se ha determinado. Poco después de que el pueblo uru-eu-wau-wau denunciara la invasión a las autoridades, agentes de la FUNAI y de la Policía Federal acudieron al inicio del camino abierto por los intrusos ilegales, pero no detuvieron a nadie. A finales de abril de 2019, una nueva operación realizada por la FUNAI, la Policía Federal, el IBAMA e ICMBio concluyó con la detención de dos personas. El territorio karipuna El territorio indígena karipuna se compone de un área de 153.000 hectáreas en los municipios de Porto Velho y Nova Mamoré (estado de Rondônia), y se demarcó como tal en 1998. Los karipuna son un pueblo indígena de 58 miembros, y su único poblado está en las orillas del río Jaci Paraná. Junto al poblado hay una plantación en la que cultivan mandioca, calabaza, batata, bananas y maíz. Los líderes karipunas dijeron a Amnistía Internacional que los caminos más cercanos en su territorio están a dos kilómetros de su poblado, y han sido despejados de nuevo recientemente. La presencia de intrusos, incluso durante la estación de lluvias, unida a las amenazas de muerte que recibieron hace unos meses, limitan sus actividades, como la caza y la recolección de anacardos. Temen que estalle un conflicto si los intrusos ilegales se acercan aún más. Un líder karipuna de 26 años dijo: “Somos pocos para vigilar, y no tenemos poderes policiales. Es muy arriesgado, y ya hemos recibido amenazas. Si el gobierno no actúa, podríamos perder nuestro territorio, podría ser el final de los karipunas. No sé si hay caminos nuevos, porque no patrullamos tan a menudo para evitar el contacto con los intrusos. Llevan armas de fuego”. Pese a la decisión judicial provisional de junio de 2018 que ordenaba a las autoridades federales y estatales que implementaran un plan para proteger el territorio, con un mínimo de 10 días de vigilancia al mes, las patrullas gubernamentales se han reducido severamente. El territorio arara El territorio indígena arara está situado en el estado de Pará, norte de Brasil. Demarcado en 1991, este territorio, de 274.000 hectáreas, alberga aproximadamente a 400 araras que viven en seis poblados diferentes. Cuatro de ellos están a lo largo del río Iriri, mientras que otros dos están en el límite norte del territorio, junto a la carretera BR-230, conocida también como la autopista transamazónica. El pueblo arara dijo a Amnistía Internacional en diciembre de 2018 que los intrusos ilegales habían empezado a abrir nuevos caminos en su territorio desde la carretera, y a marcar parcelas de tierra con sus nombres. Las parcelas estaban separadas por unos centenares de metros. Al verse enfrentados a agentes de la FUNAI en una operación a finales de diciembre de 2018, los intrusos, según los informes, dijeron a los agentes que Bolsonaro autorizará la subdivisión de la tierra y la extracción de madera. Tras los informes presentados por la FUNAI, en enero de 2019 el IBAMA y la Policía Federal volaron al territorio arara e identificaron tres nuevos puntos de deforestación. En febrero de 2019 se identificó otro intento de confiscación ilegal de tierras en una ubicación más remota del territorio. Por aquel entonces, el pueblo arara envió al Ministerio Público una carta en la que denunciaba las invasiones y pedía el apoyo del gobierno para evitar un conflicto. Según el pueblo arara y las autoridades, la intervención gubernamental ha detenido temporalmente la confiscación ilegal de tierras, pero la extracción maderera ilegal sigue siendo un problema. Durante una visita realizada al territorio en abril de 2019, los investigadores de Amnistía Internacional vieron caminos y carreteras utilizados para la extracción maderera ilegal. Cuando recorrían uno de los caminos, también oyeron una motosierra que se estaba utilizando en las cercanías. El pueblo arara contó a Amnistía Internacional que la extracción maderera ilegal continúa en su territorio. Según un arara de 43 años: “La FUNAI solía acompañarnos para inspeccionar algunas veces. La última vez fue en febrero. Desde entonces no han regresado. Lo denunciamos, y [la FUNAI] alegó que no tiene recursos. Si no se toman medidas, habrá más confiscaciones de tierras”.
