Brasileños y brasileñas perdieron derechos y sintieron los impactos diariamente a lo largo de los 1000 días de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, señala Amnistía Internacional Brasil. El documento "1000 días sin derechos: Las violaciones del gobierno Bolsonaro" se presentó este viernes 24 de septiembre. En total, se enumeraron 32 situaciones que llevaron a violaciones de derechos humanos desde la toma de posesión de Bolsonaro. Y muchas de ellas continúan sin solución y sin una justa reparación. El número se refiere a las campañas, acciones urgentes y reactivos producidos por el equipo de Amnistía Internacional Brasil desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha.
El gobierno federal incumple su papel de garantizar y facilitar el acceso a los derechos humanos fundamentales, como la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la vivienda.
"Recopilamos las acciones de Amnistía Internacional Brasil a lo largo de estos 1000 días de gobierno Bolsonaro y concluimos que son 1000 días sin derechos que brasileños y brasileñas están viviendo. Las personas sienten la pérdida de sus derechos más fundamentales en el bolsillo, en el plato, en la piel y en el cuerpo", explica Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.
"Brasil vive un momento preocupante, agravado por la pandemia de COVID-19, pero no es solo eso. Indígenas, pueblos tradicionales, quilombolas, residentes de favelas y suburbios fueron dejados de lado por la omisión del presidente Jair Bolsonaro y sus ministros de gobernar para todos y todas. Brasil es mucho más que el grupo que rodea el Palacio de Planalto", agrega Jurema.
El documento señala que el gobierno de Jair Bolsonaro varias veces incumplió su deber de garantizar derechos y calidad de vida al pueblo brasileño.
La conducta negacionista e irresponsable, la omisión, la falta de transparencia de datos, el cambio de ministros de salud, la falta de atención adecuada a los profesionales de la salud fueron algunas de las denuncias que Amnistía Internacional Brasil enumeró a partir de marzo de 2020, sobre la pandemia de COVID-19 en la gestión del presidente Jair Bolsonaro.
"En la pandemia de COVID-19, miles de muertes podrían haber sido evitadas, y las desigualdades e injusticias más escandalosas que forman parte de la historia de Brasil podrían haber sido enfrentadas. Hoy, brasileños y brasileñas pasan hambre, están sin empleo, desamparados por las autoridades públicas, y es la sociedad civil organizada quien sigue dando respuestas contundentes para enfrentar esta crisis sanitaria. Los responsables por las conductas inadecuadas en el manejo de la pandemia hasta ahora deben ser llevados a la justicia y debidamente responsabilizados", afirma Jurema Werneck.
La declarada relajación del control de armas en Brasil también es mencionada en el análisis de Amnistía Internacional Brasil, que en 2019 ya indicaba que los discursos electorales del candidato Jair Bolsonaro iban a convertirse en práctica recurrente del presidente electo. El tema de la seguridad pública es una de las preocupaciones de Amnistía Internacional Brasil, y hubo incontables retrocesos en la garantía de la protección de brasileños y brasileñas y del derecho a la vida. Por el contrario, hay una creciente flexibilización del porte y acceso a armas de fuego, aun siendo Brasil uno de los países que más mata con armas de fuego del mundo.
"Las armas no salvan vidas. Para Amnistía Internacional Brasil, la seguridad pública también es actuar para garantizar otros tantos derechos. Esto incluye un plan nacional de reducción de homicidios y de homicidios cometidos por las fuerzas policiales en servicio, sobre todo los que tienen como víctimas jóvenes negros de favelas y suburbios. Ya perdimos a João Pedro, a Ágatha Félix, a Mizael Fernandes da Silva, a Kethlen Romeu y tantas otras vidas en manos de una política de guerra y muerte que hace más de 30 años no resuelve el problema", explica Jurema.
Autoritarismo, intimidación y agresiones verbales constantes marcaron el estilo de la relación del presidente Jair Bolsonaro con la prensa. La restricción al amplio debate, la reducción del espacio cívico y las amenazas al estado de derecho en discursos de convocatoria en actos públicos también fueron señalados como graves pérdidas de derechos de brasileños y brasileñas. Y la promesa de persecución a las organizaciones no gubernamentales, aún en campaña electoral, se puso en práctica con la denuncia publicada en la prensa de que agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) monitorearon la participación de las ONG y los movimientos sociales en la Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas (COP25), en 2019 en Madrid.
"Perseguir y vigilar opositores o críticos del gobierno son prácticas del período sombrío del Régimen Militar. Todos y todas tienen el derecho de construir una sociedad más justa y a favor del interés público, con acceso a la información, participación amplia de ideas y valorización de la diversidad que hay en cada brasileño y brasileña", señala Jurema.
Casi 600.000 vidas perdidas por causa de la COVID-19, más de 14 millones de desempleados, cerca de 19 millones de brasileños pasando hambre, indígenas, quilombolas y pueblos tradicionales siendo perseguidos y perdiendo sus tierras en manos de usurpadores, madereros y mineros... La lista de datos y hechos de Brasil del gobierno de Jair Bolsonaro revela que se llegará a los 1000 días de derechos atacados.
"Es deber y responsabilidad del presidente Jair Bolsonaro y de su gobierno garantizar derechos humanos para todos y todas. En este momento, brasileños y brasileñas están perdiendo sus vidas o sufriendo en carne propia la mala gestión y omisión que viene afectando al país en estos últimos 1000 días", afirma Jurema.
Sobre Amnistía Internacional
AmnistíaInternacional es un movimiento global de más de 10 millones de personas que se toman la injusticia como algo personal. Presente en más de 150 países, la organización realiza campañas para que los derechos humanos internacionalmente reconocidos sean respetados y protegidos. Creada en 1961 por el abogado británico Peter Benenson, actúa en Brasil desde el período del Régimen Militar (1964-1985) e inauguró su oficina en el país en 2012.>
