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Amnistía Internacional lamenta el rechazo de España de las recomendaciones de investigar las desapariciones forzadas y su negativa a revisar el régimen de incomunicación

Consejo de Derechos Humanos. Autor: licencia cc by

El Consejo de Derechos Humanos adopta el resultado del Examen Periódico Universal de España

Londres.- Al reformar su Código Penal en junio de 2010, España no ajustó la definición de la tortura formulada en el artículo 174 de dicho Código a la que figura en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Durante el examen se recomendó que abordara esta deficiencia. Amnistía Internacional lamenta que España haya rechazado estas recomendaciones. En noviembre de 2009, en sus Observaciones finales sobre España, el Comité contra la Tortura había pedido que España añadiera a la definición de la tortura del artículo 174 de su Código Penal dos importantes elementos para que ésta fuera plenamente conforme a la Convención: la especificación de que el acto de tortura también puede ser cometido por “otra persona en el ejercicio de funciones públicas”, además de una “autoridad o funcionario público”,  y que la finalidad de la tortura puede incluir la de “intimidar o coaccionar a esa persona o a otras”.  Amnistía Internacional insta a España a que actúe urgentemente con arreglo a las observaciones del Comité.


Amnistía Internacional ha pedido sistemáticamente a España que investigue los crímenes perpetrados durante la Guerra Civil (1936-1939) y la época de Franco (1939-1975) y garantice que a los crímenes de lesa humanidad no se les aplica ninguna ley de amnistía. La organización también condena los recientes cargos formulados contra el juez instructor de la investigación de la desaparición forzada de más de 114.000 personas entre 1936 y 1951. 

A pesar de que España ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2009 y ha reformado su Código Penal en 2010, éste sigue sin ajustar al derecho internacional su definición del crimen de desaparición forzada. El enjuiciamiento de las desapariciones forzadas continúa estando sujeto a la aplicación de amnistías y a normas de prescripción. Amnistía Internacional lamenta señalar que España ha rechazado la recomendación formulada durante el examen de que se investiguen y sancionen los delitos de desaparición forzada y se prevea la reparación de los mismos, tal como dispone el derecho internacional. La organización insta a España a que reconsidere su postura sobre esta importante recomendación.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el apoyo de España a las recomendaciones sobre recopilar y publicar estadísticas sobre crímenes por motivos racistas, desarrollar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia e intensificar los esfuerzos para investigar minuciosamente los actos de violencia racista y castigar a sus responsables. También se complace en señalar que España ha indicado que apoyará las recomendaciones sobre garantizar un calendario de aplicación de medidas concretas y llevar a cabo una serie de medidas amplias.  

Sin embargo, para Amnistía Internacional resulta muy decepcionante la negativa de España a revisar su régimen de detención en incomunicación, según el cual las personas sospechosas de la comisión de delitos relacionados con el terrorismo pueden permanecer incomunicadas hasta 13 días, y las personas sospechosas de otros delitos graves, hasta cinco días. Los detenidos no tienen acceso a elegir un abogado ni a consultar en privado con su abogado de oficio. Tampoco tienen acceso a un médico de su elección y sus familiares no son informados de su detención ni del lugar donde se encuentran. Además, los ciudadanos extranjeros no pueden informar de su situación a su embajada o consulado. La organización recibe a menudo denuncias de tortura y otros malos tratos durante la detención en régimen de incomunicación, y los órganos internacionales de derechos humanos han pedido reiteradamente la supresión de este régimen. Amnistía Internacional insta encarecidamente a España a que reconsidere con urgencia esta recomendación con vistas a apoyarla.


Información complementaria


El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el resultado del Examen Periódico Universal de España el 21 de septiembre de 2010, durante su 15º periodo de sesiones. Antes de la adopción del informe, Amnistía Internacional presentó la declaración verbal que se recoge supra. Amnistía Internacional contribuyó asimismo a la base de información para el informe presentando su información sobre España: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR41/013/2009/es 

 

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