Amnistía Internacional celebra un Día de Acción Global en solidaridad con los activistas de la "primavera árabe"
- Activistas de la ONG se movilizan en una veintena de países de todo el mundo
- En España, la organización celebra csi cincuenta actos en más de cuarenta ciudades a lo largo del mes de febrero
Información de contexto Las protestas que han recibido el nombre de Primavera Árabe han unido de hecho en torno a una causa común a personas de numerosas comunidades diferentes: árabes, en su mayoría, pero también amaziguitas, kurdos y otros. Las llamas de la protesta, de forma literal y trágica, se encendieron con el acto desesperado de un hombre joven, Mohamed Bouazizi, en la pequeña localidad tunecina de Sidi Bouzid. Las heridas le causaron la muerte antes de que pudiera ver la respuesta popular que su acción había desencadenado. En Túnez, las protestas que comenzaron tras el desesperado gesto de Bouazizi y su posterior fallecimiento, llevaron a que el presidente Zin el Abidín ben Alí abandonase el poder y saliese para el exilio el 14 de enero. Un año después, tras la celebración de unas elecciones que eligieron una Asamblea Constituyente, las autoridades han tomado algunas medidas positivas, como firmar importantes tratados de derechos humanos y permitir mayor libertad de expresión. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguen en gran medida sin rendir cuentas y las víctimas de violaciones de derechos humanos están todavía esperando que se haga justicia. En Egipto, las manifestaciones que comenzaron el 25 de enero llevaron a la renuncia al poder de Hosni Mubarak el 11 de febrero. Un año después de que una Junta Militar asumiese el poder en su lugar, se han puesto en marcha unas elecciones parlamentarias y se anuncian unas elecciones presidenciales. Sin embargo, continúan las manifestaciones que piden una pronta transferencia del poder a los civiles. Siguen produciéndose numerosas muertes a causa de la represión contra los manifestantes y es preocupante la enorme cantidad de activistas que han sido juzgador por tribunales militares. En Libia las protestas desembocaron en un conflicto armado en el que la intervención internacional inclinó la balanza en contra del régimen opresivo del coronel Muamar Gadafi. Tras la muerte de Gadafi, sobre la cual Amnistía Internacional ha reclamado una investigación, el Consejo Nacional de Transición se hizo con el poder. Los abusos contra los derechos humanos por parte de las nuevas autoridades (malos tratos, tortura, detenciones arbitrarias y hasta ejecuciones extrajudiciales) han sido objeto de denuncia por parte de Amnistía Internacional. En Yemen, la obstinada negativa del presidente a dimitir hasta casi el final de 2011, pese a las masivas protestas antigubernamentales y los crecientes niveles de represión y violencia, exacerbó los ya profundos problemas sociales, políticos y económicos del país. Más de 200 manifestantes murieron y más de 1.000 resultaron heridos al utilizar las fuerzas de seguridad munición real para disolver las manifestaciones. Amnistía Internacional ha denunciado que el acuerdo para que el presidente abandonase el poder le garantice la impunidad a él y a su entorno más inmediato. Los dirigentes de Bahréin, respaldados por Arabia Saudí, respondieron a las protestas con la fuerza, de nuevo con un elevado coste humano y agravando las divisiones, pero terminaron el año suscribiendo un compromiso de reforma, reparación y reconciliación. Sin embargo, prosiguen los juicios militares contra activistas detenidos durante las protestas de 2011 y en manifestaciones producidas en 2012 se ha seguido haciendo un uso excesivo de la fuerza. Mientras tanto, Siria se tambalea al borde de la guerra civil, pues su contumaz presidente, que se enfrentaba a reivindicaciones de cambio sin precedentes, recurre implacablemente a la fuerza bruta para aplastar las protestas. Al obrar así sólo consigue exponer aún más la naturaleza de su régimen. Amnistía Internacional ha reclamado repetidamente que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte medidas contra el régimen de Bachar al Asad, decretando un embargo de armas contra Siria, remitiendo los abusos contra los derechos humanos a una investigación de la Corte Penal Internacional y congelando los bienes de Al Asad y su entorno en el extranjero. La organización ha condenado la decisión de China y Rusia de vetar sucesivos proyectos de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para presionar al régimen sirio.
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