Madrid.- El 20 de julio, el Tribunal Superior de la Ley Islámica del estado malasio de Pahang condenaba a Kartika Sari Dewi Shukarno, de 32 años, a recibir seis golpes de vara por haber consumido alcohol. Kartika se ha convertido en la cara visible de decenas de miles de personas que han sufrido castigos de flagelación en Malasia en los últimos años, sin que se les haya prestado la misma atención.
Más de 35.000 personas han sido sometidas a esta cruel forma de castigo, según los archivos del departamento de prisiones del país, desde que entrase en vigor en 2002 la reforma de la Ley de Inmigración, y 47.914 personas inmigrantes han sido condenadas a ser flageladas desde entonces.
Ahora que el castigo por flagelación ha indignado a la comunidad internacional, ha llegado la hora de que el Gobierno malasio actúe de inmediato para abolir por completo esta práctica cruel. Por este motivo, Amnistía Internacional lanza hoy una ciberaccióna través dewww.actuaconamnistia.org para pedir a las autoridades malasias que suspendan definitivamente la flagelación impuesta a Kartika Sari Dewi Shukarno, y que aprovechen esta oportunidad para abolir éste y cualquier otro castigo corporal de su legislación.
La flagelación se emplea como castigo sobre todo para trabajadores y trabajadoras migrantes que han sido declarados culpables de entrar ilegalmente en el país. Amnistía Internacional teme que, además de los trabajadores indocumentados, también estén expuestos a ser azotados con vara trabajadores documentados a quienes sus empleadores quiten el pasaporte, solicitantes asilo y personas refugiadas.
Los azotes con vara son un castigo cruel, inhumano y degradante y están prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Constituyen una práctica humillante, y causan tanto dolor que, según informes, la víctima llega a desmayarse. Información complementaria La reforma de 2002 de la Ley de Inmigración de Malasia estableció penas de hasta seis azotes con vara, una multa y hasta cinco años de prisión a los extranjeros y extranjeras que se encuentren ilegalmente en Malasia.
Los trabajadores y trabajadoras indocumentados no suelen conocer los procedimientos, por los que a menudo son víctimas de engaño a manos de traficantes de trabajadores migrantes o empleadores poco escrupulosos. Las personas malasias o extranjeras que empleen a más de cinco trabajadores indocumentados también pueden ser condenadas a ser azotadas y a cumplir hasta cinco años de prisión.
Malasia depende en gran medida de la mano de obra migrante para sus industrias, y actualmente es el país del Sureste asiático que más trabajadores y trabajadoras migrantes recibe.
Los azotes con vara se utilizan en Malasia como pena complementaria en el caso de al menos 40 delitos, pese a que son contrarios a las normas internacionales de derechos humanos.
