Activistas de Amnistía Internacional sostienen un cartel con el mensaje “Abolish the death penalty” durante una acción global por la abolición de la pena de muerte. © Hari Anggara/NurPhoto/Shutterstock
Pena de muerte: qué es y por qué viola los derechos humanos
La pena de muerte (también llamada pena capital) es el castigo que consiste en quitarle la vida a una persona por decisión de un tribunal del Estado. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, independientemente del delito cometido, de las circunstancias o del método de ejecución.
La pena de muerte vulnera el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y constituye la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante. No existe ninguna prueba concluyente de que tenga un efecto disuasorio superior al de otras penas, y su aplicación es irreversible: cuando se ejecuta a una persona inocente, el error no tiene reparación posible.
Además, la pena de muerte se aplica de manera arbitraria y discriminatoria en muchos países. Las personas pobres, pertenecientes a minorías étnicas, raciales o religiosas, o que no pueden pagar una defensa adecuada tienen más probabilidades de ser condenadas a muerte. En algunos casos, las sentencias se dictan tras confesiones obtenidas bajo tortura o después de juicios sin garantías.
Por todo ello, Amnistía Internacional considera que no hay justicia posible en un sistema que mata. La abolición total de la pena de muerte es un paso imprescindible hacia un mundo en el que los derechos humanos se respeten plenamente.
Ejecuciones en el mundo: principales países responsables
En 2025, las ejecuciones registradas en el mundo alcanzaron la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1981: al menos 2.707 personas fueron ejecutadas en 17 países, lo que supone un aumento del 78% respecto a las 1.518 ejecuciones registradas en 2024. Esta cifra no incluye los miles de ejecuciones que se estima que siguieron llevándose a cabo en China, donde los datos sobre la pena de muerte siguen siendo secreto de Estado.
El incremento global se debió principalmente a Irán, que con al menos 2.159 ejecuciones registró la cifra más alta documentada en el país desde 1981 y concentró el 80% del total conocido. Las autoridades iraníes siguieron utilizando la pena de muerte como instrumento de represión para infundir miedo, castigar la disidencia y perseguir a minorías étnicas como las comunidades baluchi y kurda, así como a personas afganas. Entre las personas ejecutadas había manifestantes del levantamiento Mujer, Vida y Libertad, condenados tras juicios manifiestamente injustos y confesiones obtenidas bajo tortura.
Arabia Saudí superó su propio récord y llevó a cabo al menos 356 ejecuciones, impulsadas en gran medida por delitos relacionados con las drogas y por la represión contra miembros de la minoría chií. Otros países también registraron aumentos alarmantes:
- Kuwait: de 6 ejecuciones en 2024 a 17 en 2025.
- Egipto: de 13 a 23 ejecuciones.
- Estados Unidos: de 25 a 47 ejecuciones, la cifra más alta desde 2009.
- Singapur: de 9 a 17 ejecuciones.
- Yemen: de al menos 38 a al menos 51 ejecuciones.
Además, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Sudán del Sur y Taiwán reanudaron las ejecuciones tras varios años sin aplicarlas.
Casi la mitad de todas las ejecuciones registradas (1.257, el 46%) fueron por delitos relacionados con las drogas, una práctica contraria al derecho internacional, que reserva la pena de muerte para los “más graves delitos”. Estas ejecuciones se concentraron en Arabia Saudí, China, Irán, Kuwait y Singapur.
Las cifras globales siguen sin reflejar la verdadera magnitud del problema.China, Corea del Norte y Vietnam continúan ocultando sus datos sobre ejecuciones, que Amnistía Internacional considera entre los más altos del mundo.
Pese a este preocupante aumento, también hubo avances. En África subsahariana, solo Somalia y Sudán del Sur llevaron a cabo ejecuciones. En Europa y Asia Central no se registró ninguna. Además, Vietnam abolió la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos el tráfico de drogas.
“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición”.
“La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”.
La abolición de la pena de muerte en el mundo
A pesar del preocupante repunte en el número de ejecuciones en 2025, la tendencia mundial sigue siendo claramente abolicionista y sostenida en el tiempo. Cada año, más países renuncian a la pena de muerte y consolidan su compromiso con los derechos humanos.
Aunque en 2025 el número de ejecuciones aumentó de forma alarmante, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada: solo 17 de los casi 200 estados del mundo. La inmensa mayoría ha dejado atrás esta práctica, y los avances hacia la abolición continuaron incluso en un contexto global adverso.
Entre los avances más destacados del año:
- Vietnam abolió la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos el tráfico de drogas, el soborno y la malversación.
- Gambia la abolió para los delitos de asesinato, traición y otros delitos contra el Estado.
- El Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales los intentos de reintroducirla.
- En Zimbabue se conmutaron todas las condenas a muerte existentes.
- En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital.
Al finalizar 2025:
- 113 países habían abolido totalmente la pena de muerte para todos los delitos.
- 9 países la habían abolido para los delitos comunes, manteniéndola únicamente para delitos excepcionales, como los cometidos en tiempos de guerra.
- 23 países eran abolicionistas en la práctica: aunque la ley aún la contempla, no han ejecutado a nadie en al menos diez años y existe una política estable de no ejecución.
- Más de dos tercios del mundo habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Cuando Amnistía Internacional lanzó su campaña mundial contra la pena de muerte en 1977, solo 16 países la habían abolido para todos los delitos. Hoy son 113. La abolición universal está más cerca que nunca.
“ Cuando tantos países siguen relegando la pena de muerte al vertedero de la historia, es hora de que otros sigan su ejemplo.
Países que aún aplican la pena de muerte
A pesar de los avances hacia su abolición, la pena de muerte sigue vigente en decenas de países de todo el mundo. En muchos de ellos, su aplicación está marcada por la opacidad, los juicios injustos y la discriminación sistemática.
En 2025, al menos 17 países llevaron a cabo ejecuciones. La inmensa mayoría de las ejecuciones conocidas se concentraron en Irán y Arabia Saudí, responsables conjuntamente del 93% del total registrado.
En Oriente Medio, Irán y Arabia Saudí siguen encabezando las cifras de ejecuciones y utilizan la pena de muerte como instrumento de represión. Irán ejecutó al menos a 2.159 personas, la cifra más alta documentada en el país desde 1981, mientras que Arabia Saudí llevó a cabo al menos 356 ejecuciones, muchas de ellas por delitos relacionados con las drogas.
En Asia, China continúa siendo, según Amnistía Internacional, el país con más ejecuciones del mundo, aunque sus cifras siguen clasificadas como secreto de Estado. Japón y Taiwán reanudaron las ejecuciones en 2025 tras varios años sin aplicarlas. Corea del Norte y Vietnam también mantienen en secreto sus datos, aunque Amnistía Internacional considera que el uso de la pena de muerte en ambos países sigue siendo elevado.
En Estados Unidos, las 47 ejecuciones registradas en 2025 representan la cifra más alta desde 2009. Por decimoséptimo año consecutivo, fue el único país de todo el continente americano que llevó a cabo ejecuciones.
América Latina y Europa siguen siendo regiones prácticamente libres de pena de muerte. La mayoría de los países latinoamericanos la han abolido o no la aplican en la práctica, aunque algunos pequeños estados del Caribe aún la mantienen en su legislación. En Europa, Bielorrusia no registró condenas a muerte ni ejecuciones en 2025 por primera vez desde la llegada al poder de Aleksandr Lukashenko en 1994.
Pena de muerte en España: historia, abolición y posición de Amnistía Internacional
España abolió totalmente la pena de muerte en 1995 y hoy es un país plenamente abolicionista. Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en territorio español datan de septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Estos fusilamientos se produjeron durante los últimos años de la dictadura franquista, tras juicios sumarísimos sin garantías, y marcaron el último uso de la pena de muerte en España.
La abolición constitucional de la pena de muerte
Con la Constitución de 1978, la pena de muerte quedó abolida en España, salvo en los supuestos previstos por la legislación penal militar en tiempos de guerra. El Código Penal Militar la contemplaba como pena máxima para delitos como traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.
El artículo 15 de la Constitución Española sigue incluyendo esa referencia: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.”
La abolición total en 1995
La abolición completa llegó en 1995, tras años de trabajo de Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos y numerosas personas que reclamaban la eliminación definitiva de la pena capital.
La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre abolió la pena de muerte también en tiempo de guerra, con el apoyo unánime de todos los partidos políticos, convirtiendo a España en un país plenamente abolicionista.
Compromisos internacionales de España
España ha reafirmado su compromiso con la abolición universal de la pena de muerte en todos los foros internacionales.
El 16 de diciembre de 2009, el Estado español ratificó el ratificó el Protocolo nº13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia, incluso en tiempos de guerra.
Además, España ha respaldado de forma constante las resoluciones de la Asamblea General de la ONU a favor de una moratoria mundial sobre las ejecuciones y ha promovido activamente la abolición en la Unión Europea y en América Latina.
Qué pide Amnistía Internacional al gobierno de España
Aunque España es hoy un país plenamente abolicionista, Amnistía Internacional considera que aún queda un paso pendiente: eliminar toda referencia a la pena de muerte de la Constitución española.
Modificar el artículo 15 para que prohíba expresamente la pena capital en cualquier circunstancia reforzaría el compromiso de España con el derecho a la vida y con los estándares internacionales de derechos humanos.
“Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en España datan de 1975 cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena.”
“La abolicion de la pena de muerte no es una utopía: es una exigencia de justicia y dignidad humana.”
Argumentos contra la pena de muerte
La pena de muerte viola derechos humanos fundamentales, no disuade del crimen y se aplica de forma discriminatoria e injusta. Estos son algunos de los principales argumentos contra la pena de muerte.
1. Niega derechos humanos básicos
Condenar a muerte a una persona supone negarle el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y vulnerar el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No existe una forma “humana” de ejecutar: toda ejecución es un acto de violencia deliberada del Estado contra una persona indefensa.
2. Es irreversible y se cometen errores
La pena de muerte es definitiva. Si se ejecuta a una persona inocente, el error no tiene reparación posible. En Estados Unidos, al menos 202 personas condenadas a muerte han sido exoneradas desde 1973, según el Death Penalty Information Center. Muchas pasaron décadas en el corredor de la muerte antes de que nuevas pruebas, como análisis de ADN, investigaciones posteriores o denuncias de mala conducta policial, demostraran su inocencia. En algunos casos, la inocencia se probó tras la ejecución.
“Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron a Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”
3. No disuade del crimen
No existe ninguna prueba concluyente de que la pena de muerte reduzca la delincuencia o prevenga los delitos. Los estudios comparativos muestran que los países sin pena de muerte no presentan índices de criminalidad más altos. El encarcelamiento y las políticas de prevención del delito son estrategias más eficaces y respetuosas con los derechos humanos.
4. Se aplica en sistemas judiciales injustos
En muchos países, las condenas a muerte se dictan tras juicios gravemente deficientes. En países como China, Irán y Arabia Saudí, la pena capital se utiliza con frecuencia como instrumento de represión política. Numerosas sentencias se basan en confesiones obtenidas mediante tortura o coacción, en violación del derecho a un juicio justo.
5. Se aplica de forma discriminatoria
Las personas pobres y quienes pertenecen a minorías étnicas, raciales o religiosas tienen más probabilidades de ser condenadas a muerte. La discriminación estructural y la desigualdad en el acceso a la justicia incrementan el riesgo de errores judiciales y condenas injustas.
6. Se usa como herramienta política
En varios países, las autoridades emplean la pena de muerte para castigar la disidencia política y silenciar a quienes critican al gobierno. En contextos autoritarios, las ejecuciones buscan infundir miedo y consolidar el poder.
“La pena de muerte no disuade el crimen: lo perpetúa, porque convierte al Estado en ejecutor y socava toda idea de justicia.”
Otros aspectos que agravan la injusticia de la pena de muerte
Además de vulnerar el derecho a la vida, la pena de muerte plantea problemas especialmente graves cuando se aplica a menores de edad, se ejecuta con total secretismo o afecta a mujeres que han sufrido violencia previa.
Ejecución de menores de edad
El derecho internacional prohíbe terminantemente aplicar la pena de muerte a personas que fueran menores de 18 años en el momento de cometer el delito. Sin embargo, en 2025 Amnistía Internacional documentó la ejecución de al menos tres personas por presuntos delitos cometidos cuando eran menores de edad: una en Irán y dos en Arabia Saudí. La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe esta práctica de forma absoluta.
Falta de transparencia
En muchos países, la pena de muerte se aplica bajo un manto de secretismo. China, Corea del Norte y Vietnam siguen ocultando datos oficiales sobre las ejecuciones, lo que impide conocer la verdadera magnitud del problema. En otros casos, las autoridades no informan previamente ni a las familias ni a la defensa, lo que constituye una crueldad añadida.
Mujeres condenadas a muerte y ejecutadas
Aunque la mayoría de las personas condenadas a muerte son hombres, la pena capital afecta profundamente a las mujeres.
En 2025, se tuvo constancia de al menos 68 mujeres ejecutadas: 61 en Irán, 5 en Arabia Saudí, 1 en Egipto y 1 en Kuwait. En China también se registraron ejecuciones de mujeres, pero el número total sigue siendo desconocido debido a la falta de transparencia oficial.
Muchas de estas mujeres habían sufrido previamente violencia o abusos sexuales prolongados, circunstancias que los tribunales no tuvieron en cuenta al dictar sentencia.
“Le debo la vida a Amnistía Internacional. Ahora dedico mi vida a luchar contra la pena de muerte.”
Por qué Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte
Desde sus primeros años, Amnistía Internacional ha luchado por poner fin a la pena de muerte en todo el mundo. Poco después de su creación, en 1961, su fundador, Peter Benenson, publicó un llamamiento en el diario The Observer denunciando la persecución de personas por sus ideas o creencias: “Abran el periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecutado porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el gobierno de su país.”
Ese mensaje marcó el origen de un movimiento global que, desde entonces, defiende el derecho de todas las personas a expresar sus ideas sin temor a ser encarceladas, torturadas o ejecutadas.
En 1977, Amnistía Internacional lanzó su campaña mundial por la abolición de la pena de muerte, cuando solo 16 países la habían eliminado de sus leyes. Casi medio siglo después, el progreso es indiscutible: al finalizar 2025, 113 países habían abolido totalmente la pena de muerte para todos los delitos, y más de dos tercios de los países del mundo la habían eliminado en la ley o en la práctica.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción, sea cual sea el delito cometido, las circunstancias o el método de ejecución empleado. Porque no hay justicia posible en un sistema que mata.la pena de muerte para todos los delitos, y más de dos tercios de los países del mundo la habían eliminado en la ley o en la práctica.
“El aumento de Estados abolicionistas demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución.”
¿Qué pide Amnistía Internacional a los gobiernos?
Amnistía Internacional trabaja para que todas las personas, en cualquier país del mundo, estén libres del riesgo de ser ejecutadas por el Estado.
Por eso, la organización dirige sus esfuerzos a gobiernos, parlamentos y organismos internacionales para lograr la abolición total de la pena de muerte.
Amnistía Internacional pide:
- Que los países que aún aplican la pena de muerte detengan de inmediato todas las ejecuciones, establezcan una moratoria oficial y revisen los casos de todas las personas condenadas a muerte.
- Que los Estados que ya no ejecutan a nadie eliminen definitivamente la pena capital de su legislación, para impedir cualquier retroceso.
- Que todas las condenas a muerte se conmuten por penas de prisión, garantizando siempre juicios justos y el respeto pleno a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Tú también puedes actuar. Únete a Amnistía Internacional y forma parte del movimiento global que lucha cada día por un mundo sin ejecuciones.
¡No te vayas!
Queremos contarte algo
¡No abandones la lucha contra la pena de muerte! Tu apoyo es vital para acabar con esta práctica cruel e inhumana que muchos países utilizan como herramienta de represión contra quienes se oponen al sistema. Uno de ellos es Irán, donde solo en 2024 ejecutaron a 972 personas. Únete a nuestra campaña global para abolir la pena de muerte y se la voz del cambio.
Contenidos relacionados
