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Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Por Vega Alonso del Val, colaboradora de Amnistía Internacional

¿Qué impacto está teniendo la COVID-19 en los derechos humanos? ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Por qué están en el punto de mira activistas sociales con la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana en España? ¿En cuántos países está vigente la pena de muerte? ¿Qué hay detrás de los casos de bebés robados? ¿Por qué miles de personas huyen cada año de la violencia extrema en El Salvador, Honduras y Guatemala y piden asilo en México y Estados Unidos? ¿Por qué se encuentran con muros y fronteras?

Para indagar y profundizar en temas como estos, el Centro de Documentación de Amnistía Internacional es toda una fuente de consulta que reúne las publicaciones que la organización ha realizado como resultado de sus investigaciones sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En esta plataforma podemos localizar informes detallados, contrastados y rigurosos, algo que caracteriza desde su origen a la organización. Coincidiendo con la celebración del Día de las Librerías, podríamos decir que estamos ante una gran librería digital de los derechos humanos. 

¿Cómo acceder y qué buscar?

Tan fácil como linkar en esta dirección: https://doc.es.amnesty.org/ 
A través de su buscador podrás localizar los temas que más te interesen: derechos económicos, sociales y culturales, diversidad afectivo sexual, educación en derechos humanos, libertad de expresión, justicia, pena de muerte y tortura, género, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos humanos y empresas, pena de muerte, comercio de armas o la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otros. A continuación desgranamos los documentos más leídos durante este año.

Feliz Día de las Librerías y feliz lectura.

Cadenas invisibles: identificación de víctimas de trata en España

Cadenas invisibles: identificación de víctimas de trata en España

Este es el documento con mayores visitas en lo que va de 2021 en el Centro de Documentación de Amnistía. La trata de personas preocupa a la ciudadanía porque es una grave violación de derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

El informe ‘Cadenas invisibles’, publicado en octubre de 2020, denuncia cómo la identificación y protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual tiene graves fallos estructurales en España. Las autoridades priman la persecución del delito, por lo que las víctimas son instrumentalizadas y vistas como pruebas para la investigación y no como personas necesitadas de protección.

Un año después de la publicación de este informe, la situación no ha cambiado. Ni la Ley contra la Trata, que todavía no ha sido presentada, ni el desarrollo reglamentario que debería regular el acceso a la renta mínima para las víctimas de trata son todavía una realidad.

La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la atención primaria en España

Este informe analiza el impacto que ha tenido la gestión de la atención primaria durante la pandemia de la COVID-19 en el derecho a la salud de la población y del personal sanitario, que han visto cómo se ponía en riesgo su propia salud y bienestar por la falta de acceso a suficientes equipos de protección individual (EPI). Un hecho que situó a España en el mes de abril como el país de Europa con más personal sanitario infectado del continente. 

España afrontó la llegada de la crisis sanitaria con un sistema de salud muy debilitado por las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años. Al inicio de la pandemia se cerraron centros de salud y consultorios locales; y el modelo de asistencia presencial se convirtió en un modelo de atención telefónica. Una transición que se produjo de manera brusca con pocos medios tecnológicos y en medio de una gran presión asistencial y sin refuerzos suficientes.

A una atención telefónica al borde del colapso hay que sumar la reducción de la atención domiciliaria para las personas que no podían acceder a los centros por su condición física o de salud mental, y también el incremento de las listas de espera. Por todo ello, Amnistía Internacional muestra en este informe cómo el derecho a la salud se ha vulnerado durante la pandemia y cómo la atención primaria es esencial para el ejercicio del derecho a la salud. 

La otra pandemia: entre el abandono y el desmantelamiento:el derecho a la salud y la atención primaria en España
Abandonadas a su suerte la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España

Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España 

No abandonamos el impacto de la pandemia en España porque cómo afectó a las residencias de mayores es también de lo más leído en lo que llevamos de año. Amnistía Internacional en este documento pone de relieve que durante la primera ola de la pandemia se vulneraron los derechos a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna de los usuarios de las residencias españolas.

El informe denuncia que la mala gestión durante este periodo desembocó en una mínima asistencia médico-sanitaria, la no derivación hospitalaria y el aislamiento de residentes durante semanas enteras sin apenas comunicación con sus familias ni con el mundo exterior. Hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales y las pocas derivaciones fueron una excepción. Las personas mayores han sido tratadas como ciudadanas de segunda y se les ha negado su derecho a la salud.

Además, el personal de las residencias estuvo desprotegido, sin material adecuado de protección y sin acceso a test. Es difícil estimar el impacto de la COVID-19 en el personal que trabaja en las residencias ya que no existe una recogida de datos adecuada. Amnistía Internacional ha podido documentar que en momentos críticos de la pandemia de marzo y abril de 2020 hubo casos de residencias donde más del 50% del personal estaba de baja.

La década perdida. Mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018 

La crisis sanitaria tras la pandemia ha puesto de manifiesto cómo la infrafinanciación de la sanidad ha pasado factura. Los últimos diez años en España representan una década perdida en términos de inversión sanitaria y una vulneración del derecho de toda persona a la salud física y mental.

Con la crisis económica y financiera de 2008, España adoptó una serie de medidas de austeridad en el ámbito sanitario. En 2009 el gobierno comenzó a recortar el gasto público, llegando a su nivel más bajo en 2013 cuando el gasto total sanitario era de un 12,7% más bajo que en 2009. A pesar de que desde el año 2014 se ha ido incrementando la inversión, España no ha recuperado ni siquiera los niveles de 2009 en términos reales. Mientras que el Producto Interior Bruto español ha crecido un 8,6% de 2009 a 2018, el gasto sanitario público en sanidad se ha reducido en un 11,21 % respecto a 2009. Estas políticas han provocado un deterioro en la accesibilidad y calidad de la asistencia sanitaria. 

España. La década perdida: mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018
Tiempo de verdad y de justicia vulneraciones de derechos humanos en los casos de ‘bebés robados’

Tiempo de verdad y de justicia: Vulneraciones de derechos humanos en los casos de ‘bebés robados’ 

El quinto informe más leído del Centro de Documentación de Amnistía Internacional aborda los casos de ‘bebés robados’. Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades en España. Hablamos de personas que desconocen la identidad de sus madres y padres biológicos, su propio origen o las circunstancias que rodearon a su nacimiento. 

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas de cuna y centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas.

La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen el paradero de sus hijos o hijas, o familiares.

“These walls have ears”: The chilling effect of surveillance in South Sudan

Informe en inglés que aporta datos sobre la vigilancia indebida que ejerce el Servicio de Seguridad Nacional del país para atemorizar a periodistas, activistas y personas críticas al gobierno. Esta vigilancia ha generado un clima de temor y autocensura, que hace que la ciudadanía no pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión sin miedo a sufrir represalias como el acoso, la detención arbitraria o la cárcel. Además, se indaga en el papel de las empresas de telecomunicaciones y de vigilancia, que permiten la interceptación de llamadas telefónicas sin las salvaguardias jurídicas adecuadas.

Stop burning our rights! What governments and corporations must do to protect humanity from the climate crisis

En este documento se refleja cómo los gobiernos más ricos del mundo están condenando a millones de personas al hambre, la sequía y el desplazamiento por su constante apoyo al sector de los combustibles fósiles. Todos los miembros del G7 han asumido el compromiso de nivel cero neto de emisiones de carbono para 2050, pero ninguno ha presentado una estrategia adecuada de reducción de emisiones para 2030, año en el que las emisiones globales deben haberse reducido a la mitad para evitar las peores situaciones climáticas posibles.

Egypt: “What do I care if you die?”: Negligence and denial of health care in Egyptian prisons

Coincidiendo con el décimo aniversario del comienzo del levantamiento de 2011 de Egipto, se publicó este documento que expone un crudo panorama de la crisis de derechos humanos en las cárceles egipcias con condiciones inhumanas para las personas encarceladas.

En unas cárceles masificadas, se hace caso omiso de la mayor parte de sus necesidades médicas, dejando que sean sus familias las que les proporcionen medicamentos, comida y dinero para comprar productos básicos como jabón. 

“They are forgetting about us”: The Long-term mental health impact of war and Ebola in Sierra Leone

Personas supervivientes a ambas crisis han relatado a Amnistía Internacional su lucha continua contra varios síntomas de angustia, como el duelo prolongado. Sin embargo, los servicios de salud del país distan mucho de satisfacer las necesidades de la población por la existencia de numerosas barreras, como la falta de gasto público, la escasez de profesionales de salud mental cualificados y la concentración de los pocos servicios disponibles, sobre todo, en las ciudades. El gobierno de Sierra Leona debe hacer frente a estos problemas y garantizar una mejora de los servicios de salud mental porque la salud mental no es un lujo, es un derecho humano fundamental. 

Nepal: Violations in the name of conservation

Este país ha sido considerado durante décadas como una "historia de éxito" por sus esfuerzos para proteger la vida salvaje y el entorno natural. Sin embargo, esto ha tenido un alto coste para los pueblos indígenas que dependen de los bosques, como sucede en el Parque Nacional de Chitwan y el Parque Nacional de Bardiya.

En este informe se exponen las violaciones de derechos humanos que han sufrido estos pueblos como desalojos forzosos, restricciones injustificadas al acceso a los bosques y recursos naturales de los que tradicionalmente dependen, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos, retenciones y torturas u otros malos tratos por parte del Ejército de Nepal y del personal del Parque Nacional.

Policías bajo la lupa: Cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas

Las investigaciones en Latinoamérica y el Caribe, a lo largo de varios años, demuestran que, en esta región, la comisión de violaciones de derechos humanos por la policía es la norma y no la excepción. Para dar la vuelta a esta situación en este documento Amnistía Internacional expone varias recomendaciones como introducir mecanismos independientes y efectivos de supervisión y de rendición de cuentas de la policía.

También reconocer y fortalecer el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de los grupos de víctimas en los sistemas de supervisión y rendición de cuentas de la policía. Además, es necesario garantizar que las posibles muertes ilegítimas a manos de la policía se investiguen de conformidad con el Protocolo de Minnesota así como abordar la violencia policial ilegítima como problema estructural.

Silencio a cualquier costo. Tácticas del estado para profundizar la represión en Nicaragua

Los testimonios recogidos en este informe muestran la forma en la que las autoridades nicaragüenses han profundizado y perfeccionado su aparato represivo para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social. Cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta su vida.

A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización del informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.

Viviendo bajo la espada de Damocles. El impacto de LexNGO en la sociedad civil de Hungría

Este documento revisa el impacto de la ley que restringe las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) adoptada en Hungría en 2017, conocida como LexNGO, y que estigmatizaba su labor independiente. Esta norma requería que las organizaciones de la sociedad civil que reciben apoyo de fuentes extranjeras e internacionales se registraran como "financiadas por el extranjero". La LexNGO fue derogada en abril de 2021

México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan

Las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en 2020, violando sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica mediante el uso innecesario y excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias e incluso violencia sexual.

Las autoridades de distintos niveles de gobierno han estigmatizado las manifestaciones de mujeres, caracterizándolas como ‘violentas’ con el fin de deslegitimar su activismo y cuestionar sus motivos.