Centrales solares en zonas llanas, turbinas eólicas a lo lejos. Ciudad de Yancheng, provincia de Jiangsu, China. © Getty images
El cambio climático no es sólo la mayor emergencia ambiental de nuestros tiempos, sino también una crisis de derechos humanos sin precedente. Amenaza una amplia gama de derechos humanos, como el derecho al agua, a la salud y a la vida misma.
La crisis climática agudiza las desigualdades estructurales y la discriminación. Este es el motivo por el que la economía global debe prescindir del uso de combustibles fósiles y tender hacia las fuentes de energía renovables. Sin embargo, esta transición se basa en un aumento masivo de la extracción de metales y minerales, por lo que también puede afectar a los derechos humanos de las personas, así como al medioambiente. Si continúan con este tipo de prácticas, las empresas mineras y sus compradores podrían agravar los abusos contra los derechos humanos que sufren las comunidades de primera línea, como los pueblos indígenas, y cerrar el paso a un futuro justo y sostenible.
Ha llegado el momento de actuar para garantizar una transición energética verdaderamente limpia y ecológica, en la que el respeto de los derechos humanos sea un elemento fundamental.
¿Qué es la transición energética?
Las industrias y los gobiernos ya están adoptando medidas para llevar a cabo la transición a energías renovables.
Un aspecto esencial del abandono de los combustibles fósiles es el aumento masivo del uso de baterías recargables que hacen funcionar los vehículos eléctricos y las unidades de almacenamiento de energía renovable.
El cobalto, el cobre, el níquel y el litio son componentes clave de las baterías recargables que se utilizan en los automóviles y autobuses eléctricos.
Estas baterías se usan también de forma generalizada para alimentar dispositivos de mano tales como los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles, las cámaras fotográficas y las herramientas eléctricas.
Para cubrir la demanda esperada, en 2030 el mundo probablemente necesitará al menos el doble de la cantidad de níquel, 8 veces la de manganeso y 10 veces la de cobalto y litio de lo que se produce actualmente.
Sin embargo, el trabajo de investigación realizado por Amnistía Internacional ha mostrado que la extracción de estas materias primas es una amenaza para los derechos humanos.
Los Estados, las empresas, los inversores y las personas consumidoras tienen la posibilidad de comprometerse con una transición a las energías renovables que realmente proteja y respete los derechos humanos y el medioambiente.
“En 2030 el mundo probablemente necesitará al menos el doble de la cantidad de níquel, 8 veces la de manganeso y 10 veces la de cobalto y litio de lo que se produce actualmente.”
¿Cómo afecta la transición energética a los derechos humanos?
Las baterías de iones de litio que alimentan nuestros dispositivos y vehículos electrónicos contienen minerales tales como el litio, el cobalto y el níquel. En la actualidad, la producción de estas baterías no es lo “limpia” o “ecológica” que debería ser.
Por ejemplo, la deficiente regulación de las prácticas industriales ha afectado negativamente a comunidades de toda América del Sur y África Oriental y Austral. En República Democrática del Congo, las comunidades son desalojadas por la fuerza de sus hogares y tierras de cultivo para ampliar las minas industriales de cobre y cobalto. Niños de tan sólo siete años se ven obligados a trabajar en las minas artesanales, y los bajos salarios y las condiciones peligrosas son la norma.
En el Salar de Atacama, una zona que se extiende por Chile, Argentina y Bolivia, la extracción de litio y cobre amenaza con menoscabar los derechos de los pueblos indígenas y pone en riesgo los recursos hídricos y los frágiles ecosistemas de los pueblos indígenas y las comunidades de primera línea —que tienen una importancia crucial para sus medios de vida y culturas—, así como su derecho a la autodeterminación.
En todo el mundo, las deficiencias de diseño, funcionamiento y gestión de residuos de las minas industriales han provocado contaminación persistente y daños para la salud, sin apenas rendición de cuentas con fines de limpieza o reparación. Mientras tanto, las prisas por encontrar nuevas fuentes de minerales para las baterías mediante la minería en los fondos profundos oceánicos entraña riesgos graves e irreversibles para el ecosistema del lecho marino y los medios de sustento de las comunidades costeras.
La crisis climática se acelera y la transición energética urge, pero las soluciones climáticas no deben llegar a costa de los derechos humanos.
Las empresas que suministran los minerales necesarios para la transición tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todos los lugares donde realizan su labor y reparar los abusos relacionados con sus actividades o sus relaciones comerciales. El trabajo infantil, los desalojos forzosos, la contaminación y las condiciones de trabajo peligrosas tienen que acabar ya.
“La crisis climática se acelera y la transición energética urge, pero las soluciones climáticas no deben llegar a costa de los derechos humanos.”
¿Cómo se relacionan los derechos humanos con el cambio climático?
Lee nuestro reportaje¿Quiénes participan?
Los gobiernos y las empresas de esta cadena mundial de valor tienden a recortar presupuestos, menoscabando las normas de derechos humanos, los reglamentos de seguridad y las medidas de protección medioambiental para obtener así mayores beneficios. Las poderosas empresas multinacionales apartan la vista una y otra vez de los delitos económicos y ambientales o, en ocasiones, son cómplices activas de los mismos.
En general, los gobiernos han eludido investigar públicamente y reparar los actos de corrupción, contaminación ambiental y explotación laboral cometidos por las empresas, por no hablar de ordenar acciones judiciales tras sacar a la luz los delitos. En muy pocos casos las empresas ofrecen una reparación adecuada a las comunidades afectadas por la actividad minera.
Por otra parte, se espera que las nuevas fábricas de baterías intensifiquen enormemente su producción durante los próximos 10 años. Los inversores se retiran cada vez más de los combustibles fósiles y reinvierten en energías renovables, pero muy a menudo sin establecer procesos fiables de diligencia debida para garantizar que sus inversiones no contribuyen a que se cometan abusos contra los derechos humanos.
El principal interés de las empresas y los inversores es la expansión rápida —y no la eficiencia en el uso de los recursos, la reutilización y el reciclaje—, por lo que la presión para extraer más minerales aumenta y los residuos se acumulan.
Amnistía Internacional ha revisado a fondo de los riesgos ambientales y de derechos humanos asociados con la minería para la transición energética y está trabajando con los principales fabricantes de vehículos, dispositivos electrónicos y baterías del mundo para cuestionar las políticas, las prácticas y la aplicación de las normas de derechos humanos por parte de las empresas, y llamar la atención a las multinacionales por los daños que hemos sacado a la luz en todas sus cadenas de suministro.
¿Cuál es la solución?
Si la transición energética se hace posible a través de la explotación humana, el despojo y los daños ambientales, recordaremos con pesar este momento crucial.
No tiene por qué ser así.
Los gobiernos que participan en la cadena de valor de las baterías tienen la posibilidad de definir una transición energética que ponga fin a las injusticias de una economía basada en los combustibles fósiles, y no las reproduzca.
Las empresas que se posicionan como líderes globales en materia de sostenibilidad deben incluir los derechos humanos y el medioambiente en su modelo de gestión para evitar agravar las desigualdades e injusticias existentes.
Al poner en el centro el respeto de los derechos humanos, las empresas, los inversores y los gobiernos pueden prevenir los abusos contra los derechos humanos y los daños ambientales en la cadena de valor de las baterías.
Caso práctico: La minería en República Democrática del Congo
La transición energética a nivel mundial ha catalizado la expansión de la minería industrial de minerales necesarios para llevarla a cabo, como el cobalto y el cobre.
En el sur de República Democrática del Congo, las minas a cielo abierto de cobre y cobalto fagocitan ciudades y barrios enteros. Las familias son desalojadas por la fuerza de sus hogares y tierras de cultivo sin acceso suficiente a la información, aviso previo, consulta significativa, indemnización justa o acceso a una reparación adecuada.
Miles de personas se han visto afectadas por la expansión de estas lucrativas minas, y se enfrentan a un futuro de incertidumbre, inseguridad alimentaria y tensión económica. Pero no tiene por qué ser así.
¿Qué pueden hacer las empresas?
Las empresas deben adoptar todas las medidas posibles para “no hacer daño”. Las normas internacionales tales como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos describen las medidas que las empresas deben adoptar para respetar los derechos humanos y ofrecer reparaciones por los daños que su actividad haya causado o a los que haya contribuido.
Estos son algunas de las recomendaciones de Amnistía para las empresas y los gobiernos:
- Las empresas deben garantizar que sus operaciones, así como las de sus filiales y sus proveedores, cumplen las normas internacionales relativas al medioambiente y a los derechos humanos, lo que incluye ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir y mitigar los efectos negativos en esos ámbitos, y ponerles fin y rendir cuentas por ellos.
- Las entidades empleadoras deben respetar los derechos laborales de acuerdo con las normas internacionales.
- Las empresas deben garantizar que sus operaciones no acallan las voces de los grupos afectados por la minería, especialmente los defensores y defensoras de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. Estas voces son fundamentales para realizar un proceso fiable de debida diligencia.
- Las empresas deben realizar evaluaciones de los riesgos de derechos humanos vinculados con sus planes de seguridad. Nunca deben involucrarse en actos de soborno o corrupción, y deben adoptar todas las medidas a su alcance para luchar contra esas prácticas.
- Las empresas fabricantes de baterías deben aumentar el material reciclado en las baterías y concebir una nueva generación de baterías que puedan desmontarse con facilidad para la reutilizar sus componentes.
- Todas las empresas fabricantes de vehículos deben prescindir de los motores de combustión interna lo antes posible.
- Las empresas productoras de baterías deben rechazar todos los minerales procedentes de los fondos marinos.
¿Qué pueden hacer los gobiernos?
Los gobiernos de todo el mundo deben exigir legalmente a las empresas que respeten los derechos humanos y el medioambiente, lo que incluye garantizar que éstas realizan comprobaciones de diligencia debida a sus cadenas de valor. Los gobiernos deben legislar medidas de diligencia debida respecto a los derechos humanos y el medioambiente, y hacer cumplir las leyes medioambientes y las normas de protección de los derechos humanos. Además, deben dejar de subsidiar el sector de los combustibles fósiles o de proporcionarle incentivos económicos de otro tipo, como exenciones fiscales, préstamos o saneamientos financieros.
Las autoridades también deben:
- Investigar los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente, y dar respuesta a tales abusos.
- Proteger a los defensores y defensoras de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, incluidos los que se opongan a actividades empresariales, para que puedan llevar a cabo su importante y legítima tarea en favor de una transición energética justa.
- Garantizar que las comunidades afectadas por la minería acceden a una reparación adecuada.
“Los gobiernos de todo el mundo deben exigir legalmente a las empresas que respeten los derechos humanos y el medioambiente”
- Sancionar todas las formas de soborno y corrupción en las que incurran las empresas mineras, las fundiciones, las fábricas y las empresas transformadoras que se benefician de la transición energética.
- Establecer plazos para poner fin a la venta de vehículos nuevos con motor de combustión interna y aplicar políticas para disminuir la dependencia de los viajes en automóvil, lo que incluye reducir el número de automóviles en las carreteras.
- Imponer requisitos legales mínimos de eficiencia energética de los productos y vehículos para ahorrar electricidad y recursos.
- Hacer cumplir los requisitos de vida útil mínima de las baterías en su primer uso previsto, bien sea para vehículos eléctricos o para dispositivos electrónicos de cualquier otro tipo.
- Exigir la reparación, recogida y reciclaje de las baterías, e invertir en investigación orientada a mejorar las iniciativas de diseño, reciclado y recogida.
Los Estados también deben garantizar una transición rápida a redes de energía generada completamente a partir de fuentes renovables, exigir la presentación de informes sobre la huella de carbono de las baterías y combatir todas las formas de minería de los fondos marinos.
NO NOS ENGAÑEMOS
La humanidad debe dejar de utilizar combustibles fósiles contaminantes y debe apostar por las energías renovables. Las baterías recargables son un aspecto esencial y apasionante de la transición energética. En una transición global y justa a las energías renovables se seguirá necesitando la minería. El cambio a la energía renovable seguirá precisando de tierras y recursos, pero los gobiernos están más facultados que nunca por la gente para regular la actividad empresarial y proteger los derechos humanos.
¿Qué hace Amnistía Internacional para ayudar?
Amnistía Internacional ha presentado sus principios para prevenir los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente en la producción de baterías: Energía para el cambio: Principios para las empresas y los gobiernos de la cadena de valor de las baterías. Los principios, que describen las medidas que los gobiernos y las empresas deben adoptar para evitar que se cometan abusos contra los derechos humanos y el medioambiente en el ciclo de producción de las baterías, han sido adoptados por más de 70 organizaciones internacionales y personas a título individual.
Estos daños pueden presentarse en cualquier punto de la cadena de suministro y en cualquier momento del ciclo de vida de las baterías. Los gobiernos y las empresas deben cerciorarse de que las soluciones de energía limpia no se desarrollan a costa de la gente y el medioambiente.
