Mujeres y hombres se manifiestan durante la marcha blanca contra la violencia cometida hacia las mujeres en Dakar el 19 de diciembre de 2021. (Foto de CARMEN ABD ALI/AFP vía Getty Images)
Resumen de la situación de los derechos humanos en África y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2023.
La reanudación de la violencia en Sudán ilustró el inmenso sufrimiento de la población civil atrapada en conflictos armados en la región y el absoluto desprecio de las partes en los conflictos hacia el derecho internacional humanitario. Los informes sobre víctimas civiles en masa fueron frecuentes e impactantes, máxime teniendo en cuenta la magnitud tanto de los ataques selectivos como de los indiscriminados. La violencia sexual seguía siendo una característica de los conflictos armados.
Criticar al gobierno seguía siendo peligroso en muchos países de África. La brutal represión de quienes protestaban contra los excesos, la inacción o los supuestos casos de corrupción de los gobiernos era omnipresente y se dirigía especialmente contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, y dirigentes y miembros de la oposición. Los homicidios del destacado defensor de los derechos humanos Thulani Maseko en Esuatini y del periodista Martinez Zogo en Camerún, así como la muerte en circunstancias sospechosas del periodista de investigación ruandés John Williams Ntwali, todo ello en una sola semana de enero, fue un momento sombrío para el movimiento de derechos humanos.
Una combinación de factores, entre ellos la inflación, la corrupción, el cambio climático y los conflictos, creó condiciones de vida insoportables. Millones de personas carecían de acceso a derechos económicos y sociales básicos. Muchos países se vieron afectados de forma desproporcionada por la elevada inflación de los precios de los alimentos, y la inseguridad alimentaria alcanzó niveles estremecedores.
Los incesantes conflictos armados y los fenómenos meteorológicos extremos obligaron a millones de personas a desplazarse de sus hogares, pero, aun así, las autoridades de varios países incumplieron su obligación de proporcionar protección a las personas refugiadas y solicitantes de asilo.
La discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres y las niñas seguían estando muy arraigadas, mientras los ataques homófobos y la represión de los derechos de las personas LGBTI se intensificaban en toda la región.
Los gobiernos africanos continuaban en gran medida indiferentes a los llamamientos a combatir la impunidad, y con ello permitían que ésta floreciera y alimentaban los episodios constantes de abusos y violaciones de derechos humanos y el desprecio del Estado de derecho. Muchos gobiernos menoscabaron iniciativas en materia de justicia y rendición de cuentas o frustraron abiertamente el escrutinio internacional de su historial de derechos humanos.
Homicidios y ataques ilegítimos
Los conflictos armados seguían teniendo efectos devastadores para la población civil en Burkina Faso, Camerún, Malí, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y otros lugares. Cuando no era objeto de ataques deliberados, en ocasiones por motivos étnicos, la población civil sufría las peores consecuencias de ataques indiscriminados que, en algunos casos, adoptaron la forma de ataques aéreos o con cohetes, morteros y otras armas explosivas con efecto en amplias superficies. Algunos de estos ataques constituían crímenes de guerra.
En Sudán, más de 12.000 personas murieron cuando estallaron combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Los ataques selectivos en muchas zonas del país —incluida la capital, Jartum, pero especialmente Darfur Occidental— causaron muertes y heridas entre la población civil, al igual que las armas explosivas lanzadas por las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido desde vecindarios densamente poblados.
En Burkina Faso, miembros del grupo armado Ansarul Islam mataron al menos a 60 civiles en la localidad de Partiaga en febrero, y 6 meses más tarde mataron a 22 personas en Nohao. Las fuerzas gubernamentales también atacaron a la población civil. En un caso, soldados acompañados por miembros de los Voluntarios para la Defensa de la Patria mataron al menos a 147 civiles en el pueblo de Karma. En República Democrática del Congo, grupos armados mataron a un mínimo de 4.000 personas e hirieron a miles. En la provincia de Kivu Septentrional, combatientes del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas mataron con machetes a unas 23 personas. En la provincia de Ituri, al menos 46 personas, la mitad de ellas niños y niñas, murieron por disparos y machetazos durante la noche a manos de combatientes del grupo armado Cooperativa para el Desarrollo del Congo. En Malí, los ataques del Estado Islámico en el Sahel contra las localidades de Gaina y Boyna, en la región de Gao, causaron la muerte de 17 personas. Dos meses más tarde, un ataque de miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes contra los pueblos de Bodio y Yarou, en la región de Bandiagara, se saldaron con la muerte de 37 civiles.
Un ataque aéreo de las fuerzas aéreas de Nigeria causó la muerte de 21 civiles en el estado de Níger, mientras un nuevo conflicto entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia y combatientes armados causaba la muerte de 36 civiles en Somalia, debido principalmente al bombardeo indiscriminado de la localidad de Las Anod por fuerzas de seguridad de Somalilandia.
Las partes en los conflictos armados deben proteger a la población civil poniendo fin a los ataques selectivos e indiscriminados contra poblaciones e infraestructuras civiles.
Violencia sexual y de género relacionada con los conflictos
Continuó de forma generalizada la violencia sexual y de género relacionada con los conflictos —que incluía violaciones, violaciones en grupo, secuestros y esclavitud sexual—, y muchas sobrevivientes no tenían el acceso al apoyo médico y psicosocial que necesitaban. Al menos 15 mujeres permanecieron cautivas durante casi 3 meses en un campamento militar en la región etíope de Tigré a manos de soldados de las Fuerzas de Defensa de Eritrea, que las violaron repetidamente. En Burkina Faso, presuntos miembros de Ansarul Islam secuestraron a 66 mujeres, niñas y bebés recién nacidos cerca del pueblo de Liki, en la región de Sahel. Las liberaron 4 días después en un puesto de control de Tougouri. En Nigeria, combatientes de Boko Haram secuestraron a más de 40 mujeres en la zona de gobierno local de Mafa, estado de Borno.
En República Centroafricana, la ONU anunció que había reunido indicios de violación que incriminaban a 11 soldados de mantenimiento de la paz tanzanos. En República Democrática del Congo, sólo en la provincia de Kivu Septentrional se denunciaron más de 38.000 casos de violencia sexual durante el primer trimestre de 2023. En Malí, durante ese mismo periodo, la ONU registró 51 incidentes de violencia sexual contra mujeres y niñas relacionada con los conflictos. En Sudán, decenas de mujeres y niñas fueron sometidas a violencia sexual, incluida la violación, por miembros de las partes beligerantes, principalmente las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus milicias aliadas. En un caso, integrantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido secuestraron a 24 mujeres y niñas y las retuvieron durante días en un hotel en Nyala en condiciones constitutivas de esclavitud sexual.
Las partes en los conflictos armados deben dictar a sus integrantes o fuerzas órdenes claras que prohíban los actos de violencia sexual y de género, y los gobiernos deben garantizar que las personas sobrevivientes de ese tipo de violencia tienen pleno acceso a atención médica y psicosocial.
Represión de la disidencia
Libertad de reunión pacífica
En toda la región, la población salió de forma multitudinaria a las calles para expresar sus motivos de preocupación en relación con infinidad de asuntos, entre otros el elevado costo de la vida, la deficiente gobernanza y las violaciones de derechos humanos. En muchos casos, las fuerzas de seguridad dispersaron las protestas haciendo uso de fuerza excesiva; decenas de manifestantes y transeúntes murieron o resultaron heridos, por ejemplo en Angola, Etiopía, Kenia, Malí, Mozambique, Senegal y Somalia. En Kenia, la policía mató al menos a 57 personas durante protestas entre marzo y julio. En Senegal, al menos 29 personas murieron en junio cuando policías y hombres armados vestidos de civil dispararon munición real para dispersar protestas violentas en la capital, Dakar, y Ziguinchor.
En otros casos, las protestas se prohibieron por anticipado, como en Chad, Guinea, Senegal y Sierra Leona. Las prohibiciones afectaron principalmente a concentraciones y manifestaciones convocadas por la sociedad civil o por partidos o dirigentes de la oposición. En Chad, el Ministerio de Seguridad Pública prohibió, entre otras, dos manifestaciones organizadas por partidos opositores, supuestamente porque éstos no existían legalmente y no habían cumplido las condiciones para la autorización de manifestaciones. En Guinea continuó en vigor la prohibición general de todas las reuniones políticas impuesta en mayo de 2022, aunque se permitió la celebración de varias concentraciones en apoyo del jefe del Estado.
Libertad de expresión
Continuaron las amenazas al derecho a la libertad de expresión. Expresar opiniones contrarias a políticas, acciones o inacciones de los gobiernos, o compartir públicamente información considerada perjudicial para el gobierno entrañaba el riesgo de ser objeto de arresto, detención arbitraria o muerte. Thulani Maseko, defensor de los derechos humanos de Esuatini, fue asesinado en su domicilio. El cadáver mutilado del periodista Martinez Zogo fue hallado cinco días después de su secuestro en los suburbios de Yaundé, en Camerún. Martinez Zogo había informado sobre la presunta corrupción de personas cercanas al gobierno. John Williams Ntwali, periodista de investigación que había informado sobre asuntos relacionados con los derechos humanos, murió en circunstancias sospechosas en Ruanda, al día siguiente de contar a otro periodista que temía por su seguridad.
En Sudán del Sur, 7 periodistas estuvieron detenidos arbitrariamente en el centro de detención del Servicio de Seguridad Nacional en la capital, Yuba, en relación con un vídeo que había difundido en las redes sociales en el que presuntamente se veía al presidente orinándose encima. Estuvieron recluidos durante diversos periodos de hasta 10 semanas y quedaron en libertad sin cargos; uno de ellos parecía haber sufrido tortura y otros malos tratos.
En Somalia, un tribunal condenó a Abdalle Ahmed Mumin, periodista y secretario general del Sindicato de Periodistas de Somalia, a 2 meses de prisión por “desobedecer órdenes del gobierno”. El periodista quedó en libertad cuando ya había permanecido más de 2 meses en prisión preventiva, pero fue detenido de nuevo poco más de una semana después y permaneció recluido durante otro mes. En Tanzania, al menos 12 personas fueron detenidas entre junio y diciembre por criticar el acuerdo portuario firmado entre este país y Emiratos Árabes Unidos, y quedaron en libertad incondicional unos días después.
El acoso judicial a personas críticas con las autoridades era habitual. En Burundi, la periodista Floriane Irangabiye fue condenada a 10 años de prisión por “atentar contra la integridad del territorio nacional”. Su sentencia condenatoria, basada en comentarios que había realizado en un programa de radio, fue confirmada en apelación. En Benín, Virgile Ahouansè, director de informativos de una emisora de radio digital, fue condenado a una pena condicional de 12 meses de prisión por “difusión de información falsa”. En 2022 había retransmitido una investigación con declaraciones de testigos que acusaban a la policía de cometer ejecuciones extrajudiciales. En Níger, Samira Ibrahim fue declarada culpable de “generación de datos susceptibles de alterar el orden público”, tras haber afirmado en Facebook que Argelia no reconocía el régimen militar de Níger.
Varios periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de Chad, Malí, República Centroafricana, Tanzania y Togo se vieron obligados a exiliarse. En Togo, Ferdinand Ayité e Isidore Kowonou, del periódico L’Alternative, fueron condenados a 3 años de prisión y al pago de una cuantiosa multa tras la publicación de un artículo en el que se acusaba de corrupción a 2 miembros del gobierno. Los periodistas huyeron del país para evitar cumplir sus condenas. En República Centroafricana, un periodista que había escrito sobre presunta corrupción en la Asamblea Nacional huyó del país tras recibir amenazas de una fuente no identificada. En Malí, la defensora de los derechos humanos Aminata Dicko se vio obligada a exiliarse luego de denunciar en una sesión informativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU abusos cometidos por las fuerzas armadas, tras lo cual la gendarmería la citó para interrogarla en relación con acusaciones de alta traición y difamación.
En Benín, Burkina Faso, Chad, Níger, Togo y otros lugares, las autoridades suspendieron medios de comunicación, periódicos o sitios web de noticias durante diversos periodos. Ante la agitación social o política, las autoridades de Etiopía, Guinea, Mauritania y Senegal suspendieron o alteraron el acceso a Internet. La Comisión Nacional de Radiodifusión de Nigeria impuso multas punitivas a 25 emisoras en relación con su cobertura informativa de las elecciones generales de 2023 por infringir presuntamente el Código de Radiodifusión. Otras autoridades fueron más lejos, como las de Benín, donde el grupo mediático Gazette du Golfe fue suspendido indefinidamente. En Burkina Faso, dos corresponsales extranjeras fueron expulsadas del país, y en Níger se cerró el periódico L’Évènement por presunto impago de impuestos.
Libertad de asociación
Aumentaron las restricciones graves e injustificadas del derecho a la libertad de asociación. Se actuó contra partidos opositores y se reprimió su capacidad de organizarse y llevar a cabo libremente sus actividades. En Burundi, las autoridades suspendieron casi todas las actividades del Congreso Nacional por la Libertad, principal partido opositor. En Níger, tras el golpe de Estado de julio, las fuerzas armadas suspendieron indefinidamente todas las actividades de los partidos políticos. En Uganda se suspendieron los actos públicos de campaña y otras actividades del partido Plataforma de Unidad Nacional. En el lado positivo, la presidenta de Tanzania levantó la prohibición, en vigor desde 2016, que impedía que los partidos políticos organizaran concentraciones y otras actividades políticas.
Las autoridades seguían utilizando las leyes para recortar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de asociación. En Angola, el Parlamento aprobó el proyecto de ley sobre ONG, que, según algunas organizaciones, podía limitar el derecho a la libertad de asociación y otorgar al ejecutivo poderes excesivos para interferir en sus actividades.
Detenciones arbitrarias, y tortura y otros malos tratos
La detención y reclusión arbitrarias seguían siendo generalizadas. En muchos casos, las fuerzas de seguridad recurrieron a detenciones y reclusiones masivas durante la dispersión de protestas o durante la aplicación de los estados de excepción. En agosto, el gobierno de Etiopía impuso el estado de excepción en todo el país para un periodo de 6 meses, tras unos enfrentamientos armados entre el ejército y la milicia Fano en la región de Amhara. El estado de excepción sirvió de pretexto para la detención de cientos de personas a las que se negó el acceso a abogados y tribunales. En Senegal, más de 1.000 personas fueron detenidas y recluidas, la mayoría por participar en protestas o por su presunta relación con el partido opositor PASTEF.
En otros países, como Botsuana, Burundi, Níger y Zimbabue, se detuvo o se recluyó arbitrariamente a destacadas figuras políticas. En Botsuana, varios dirigentes del partido opositor Frente Patriótico de Botsuana y 2 periodistas fueron arrestados y estuvieron detenidos sin cargos durante periodos de hasta 2 días. En Níger, tras el golpe de Estado, el presidente Bazoum y su familia fueron detenidos en el complejo presidencial. Varios altos cargos del gobierno y del partido gobernante fueron detenidos sin cargos. En Zimbabue, Jacob Ngarivhume, líder del partido opositor Transformar Zimbabue, fue absuelto en apelación cuando habían transcurrido 8 de los 48 meses de prisión (12 de ellos condicionales) a los que había sido condenado. Había sido detenido en julio de 2020 por dirigir y organizar protestas contra la corrupción.
También se informó de casos de detención y reclusión arbitrarias en Guinea Ecuatorial, Malí, República Democrática del Congo y otros países.
La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo motivo de honda preocupación. Se informó de muertes sospechosas bajo custodia policial en varios países, como Guinea Ecuatorial, Lesoto, Mauritania y Nigeria. En Mauritania, el defensor de los derechos humanos Souvi Ould Jibril Ould Cheine murió tras ser interrogado en una comisaría de policía. Una autopsia oficial concluyó que su muerte se había debido a estrangulamiento, lo que contradecía la versión de las autoridades, que afirmaron que había muerto a causa de un ataque cardíaco. La fiscalía ordenó la detención del comisario y de los agentes policiales que habían intervenido. En Nigeria, Faiz Abdullah murió bajo custodia policial en el estado de Kaduna, tras ser torturado durante su interrogatorio. Un estudiante de 17 años murió en un hospital tras sufrir tortura durante unos interrogatorios policiales en el estado de Adamawa.
Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas
Continuó en varios países el uso de las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos y de las desapariciones forzadas como instrumento de represión. En Burkina Faso, varias figuras públicas fueron secuestradas o detenidas y sometidas a desaparición forzada, incluido el presidente nacional de una organización que representaba los intereses de los pastores. En Burundi continuaron los informes de desapariciones forzadas, en su mayoría de oponentes políticos; los presuntos autores fueron principalmente el Servicio Nacional de Inteligencia y miembros de Imbonerakure, la sección juvenil del partido gobernante. En Eritrea seguían sin conocerse la suerte y el paradero de 11 miembros del Grupo de los 15, integrado por 15 destacados políticos que en 2001 se habían pronunciado públicamente en contra del presidente, ni de 16 periodistas acusados de estar vinculados al Grupo.
Los gobiernos deben poner fin al hostigamiento y la intimidación de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y miembros y dirigentes de la oposición, poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar que se respeta la libertad de prensa, lo que incluye permitir que los medios de comunicación desarrollen su actividad con independencia.
Derechos económicos y sociales
Derecho a la alimentación
Muchos países africanos estaban entre los más afectados del mundo por la elevada inflación de los precios de los alimentos. El número de personas que padecían inseguridad alimentaria alcanzó proporciones escalofriantes. El Programa Mundial de Alimentos calculaba que, en febrero, el 78% de la población de Sierra Leona padecía inseguridad alimentaria y el 20% de las familias padecían inseguridad alimentaria severa. En diciembre, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) afirmó que 5,83 millones de personas (el 46% de la población) de Sudán del Sur presentaban niveles elevados de inseguridad alimentaria. En Namibia, la inseguridad alimentaria aguda aumentó notablemente y afectaba al 22% de la población.
El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos agravaron la crisis alimentaria. En Madagascar, la inseguridad alimentaria aumentó después del impacto de 2 ciclones, en enero y febrero, que destruyeron cultivos comerciales y obstaculizaron la distribución de ayuda humanitaria en las zonas afectadas. En Somalia se calculaba que la crisis alimentaria afectaba a aproximadamente 5 millones de personas; la sequía devastó el sector agrícola, que producía hasta el 90% de sus exportaciones.
Los conflictos armados agravaron la situación. En Burkina Faso, grupos armados asediaron al menos 46 pueblos y ciudades y cortaron el acceso a suministros esenciales, bloquearon el acceso de la población residente a sus tierras de labranza y sabotearon infraestructuras hídricas. Las agencias internacionales de ayuda humanitaria suspendieron la ayuda alimentaria a la región de Tigré, en Etiopía, durante 6 meses tras hallarse indicios de desvío de suministros, presuntamente por parte de organismos gubernamentales y las fuerzas armadas. La suspensión afectó a más de 4 millones de personas que ya padecían inseguridad alimentaria y, según informes, causó la muerte de cientos de personas.
Los gobiernos tomaron medidas para combatir la inflación y garantizar la estabilidad del suministro de alimentos para los mercados nacionales. Entre estas medidas figuraban la adopción en Sierra Leona de un programa para aumentar la productividad agrícola y la autosuficiencia alimentaria, y la suspensión en Costa de Marfil de las exportaciones de arroz y azúcar. Mientras tanto, la respuesta internacional fue insuficiente. Los fondos internacionales asignados para la seguridad alimentaria en Chad ascendían a 96,9 millones de dólares estadounidenses en septiembre, 128,1 millones menos de los necesarios. En Sudán del Sur, la escasez de financiación para el proyecto humanitario de la ONU obligó a dar prioridad a la asistencia humanitaria de emergencia a las personas afectadas por los niveles más altos de inseguridad alimentaria.
Derecho a la educación
El derecho a la educación se negaba o su realización encontraba grandes trabas en países afectados por conflictos, especialmente Burkina Faso, Camerún, Níger y República Democrática del Congo. En Burkina Faso, al menos 6.549 escuelas estaban cerradas en octubre y sólo unas 539 volvieron a abrir durante el año, lo que afectaba a más de un millón de niños y niñas. En Camerún se informó de al menos 13 incidentes violentos contra centros educativos en las regiones del Noroeste y Sudoeste —entre ellos el secuestro de escolares y docentes, entre enero y julio— y al menos 2.245 escuelas estaban cerradas. En República Democrática del Congo, la educación de unos 750.000 niños y niñas se veía alterada en 2 de las provincias más afectadas por los conflictos en el este del país. Miles de escuelas sufrieron ataques, se vieron obligadas a cerrar debido a la inseguridad o eran usadas como albergues para personas desplazadas
En el lado positivo, en enero se inició en Zambia el Programa de Educación Gratuita para niños y niñas en edad de escolarización primaria, en virtud del cual se contrató a 4.500 docentes adicionales. En Tanzania se observó un aumento general de los índices de matriculación y alfabetización, así como una disminución de los obstáculos para la escolarización infantil. Sin embargo, las tasas de retención escolar seguían siendo bajas, pese a haberse levantado en 2022 la prohibición que impedía que las niñas embarazadas y las madres adolescentes asistieran a las escuelas de educación general.
Derecho a la salud
El acceso a atención de la salud seguía siendo difícil en muchos países. El Servicio de Salud de Ghana reveló en febrero que 27 mujeres embarazadas del municipio de Bawku habían muerto entre 2021 y 2022 por falta de acceso a servicios médicos. En Sudáfrica, una huelga convocada en marzo en relación con disputas salariales obstaculizó el acceso a los servicios de atención de la salud y provocó la muerte de 4 personas, según el ministro de Salud. Por otra parte, se informó de la presencia de shigelosis, cólera, tifus y otras enfermedades epidémicas en Congo, Sudán del Sur y otros lugares.
Desalojos forzosos
Los gobiernos seguían llevando a cabo desalojos forzosos en nombre de proyectos de infraestructuras. En Benín, miles de personas desalojadas por la fuerza en relación con proyectos turísticos en la zona costera, entre las ciudades de Cotonú y Ouidah, denunciaron la ausencia de indemnizaciones adecuadas. En República Democrática del Congo, la expansión de las minas de cobalto y cobre a escala industrial en la provincia de Lualaba, impulsada por la creciente demanda global de minerales para la transición energética, intensificó el desalojo forzoso de miles de personas de sus viviendas y tierras agrícolas.
En Uganda, las fuerzas de seguridad usaron la violencia para desalojar forzosamente de sus tierras a casi 500 familias en el distrito de Hoima para permitir la construcción del Oleoducto de Crudo de África Oriental. En Tanzania, al menos 67 personas indígenas masáis fueron detenidas, principalmente en la localidad de Endulen, por negarse a abandonar sus tierras ancestrales en aplicación de unos planes en curso de reubicación forzosa en curso para crear un espacio natural protegido en el Área de Conservación del Ngorongoro.
Los gobiernos deben tomar con carácter inmediato medidas para abordar las dificultades socioeconómicas y garantizar la disponibilidad de recursos, de acuerdo con sus obligaciones básicas mínimas, a fin de facilitar a la población el acceso a los derechos económicos y sociales.
Derechos de las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes
Se calculaba que en República Democrática del Congo había casi 7 millones de personas en situación de desplazamiento interno, la cifra más alta de África. El país acogía a unas 500.000 personas refugiadas que huían de conflictos armados y persecución en otros países de África. Entre enero y agosto, unas 45.000 personas huyeron de República Democrática del Congo a países vecinos, entre ellos Uganda, que acogía a más de 1,6 millones de personas refugiadas, la mayor población refugiada de África.
En Sudán, más de 5,8 millones de personas tuvieron que desplazarse internamente a partir de abril, lo que convirtió a este país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del mundo en 2023. De esa cantidad, más de 4,5 millones se vieron obligadas a desplazarse entre abril —cuando comenzó el conflicto— y octubre, en tanto que aproximadamente 1,4 millones de personas sudanesas y de otras nacionalidades huyeron a países vecinos. Sin embargo, algunos países negaron la entrada a solicitantes de asilo de Sudán; las autoridades de Egipto exigían que todas las personas de nacionalidad sudanesa obtuvieran un visado de entrada expedido por la oficina consular de Egipto en Sudán, e introdujeron como requisito de entrada adicional la autorización de seguridad para los hombres de entre 16 y 50 años.
En Níger, unas 9.000 personas refugiadas y migrantes que habían sido expulsadas por las autoridades de Argelia llegaron al pueblo fronterizo de Assamaka entre enero y abril. En Malawi, la policía detuvo a cientos de personas refugiadas en sus domicilios y negocios en la capital y las reubicó en el campo de refugiados de Dzaleka.
Los gobiernos deben cumplir con su obligación de brindar protección a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, entre otras cosas respetando el derecho a solicitar asilo y a la no devolución.
Discriminación
Derechos de las mujeres y de las niñas
Los devastadores efectos de la mutilación genital femenina se pusieron de manifiesto con la muerte de una niña de 2 años tras ser sometida a esa práctica en Sierra Leona. El matrimonio infantil, precoz y forzado persistía en la región. En Zambia, casi el 29% de las mujeres de entre 20 y 24 años se habían casado antes de cumplir los 18. El caso de Nazira, de 16 años, que se suicidó para escapar de un matrimonio forzado, puso de relieve los daños causados por el matrimonio a edad temprana en Níger.
Hubo varias novedades legislativas positivas. En República Democrática del Congo se promulgó una ley que penalizaba la intimidación y la estigmatización por motivos de género. En Sierra Leona, una nueva ley establecía que el 30% de los cargos públicos debían ser ocupados por mujeres. En Sudáfrica se dio a conocer para consulta pública un proyecto de ley cuyo objetivo era establecer un organismo para supervisar la implementación de un plan estratégico sobre la violencia de género.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Algunos países tomaron medidas legislativas homófobas. En Uganda, tras la promulgación de una nueva ley que introducía la pena de muerte para el delito de “homosexualidad con agravantes”, se recibieron informes de un aumento de la violencia contra las personas LGBTI. En Kenia, un parlamentario propuso un proyecto de ley que podía criminalizar aún más las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En Ghana, el Parlamento aprobó un proyecto de ley contra las personas homosexuales. En Esuatini, el gobierno no acató una sentencia judicial al negarse a inscribir en registro a una organización LGBTI.
La detención y reclusión de personas LGBTI era habitual. En Burundi, 24 personas fueron detenidas en febrero en Gitega cuando asistían a un taller sobre inclusión económica. Ellas, y otras 2 añadidas posteriormente a la causa, fueron procesadas por cargos de “homosexualidad” e “incitación a actos licenciosos”. Siete fueron declaradas culpables en agosto y 9 de las que fueron absueltas no fueron puestas de inmediato en libertad (una de estas 9 murió bajo custodia). En Nigeria, 69 hombres se enfrentaban a juicios penales por organizar una boda gay en el estado de Delta, y en el estado de Gombe se detuvo a otro grupo de 59 hombres y 17 mujeres por presuntamente celebrar una fiesta de cumpleaños gay.
La retórica homófoba aumentó en Botsuana, Camerún, Etiopía, Kenia, Malawi y Tanzania. En Botsuana y Malawi, cientos de personas, respaldadas por grupos religiosos y autoridades gubernamentales, se manifestaron contra la despenalización de las relaciones homosexuales consentidas. En Camerún, las autoridades amenazaron con suspender los medios de comunicación que emitieran “programas promotores de prácticas homosexuales”. En Etiopía, influencers de las redes sociales, líderes religiosos y artistas populares lanzaron una campaña contra las personas LGBTI tanto en Internet como fuera de ella. En Tanzania, el ministro de Educación prohibió la presencia en las escuelas de libros con contenidos LGBTI.
En el lado positivo, el Tribunal Supremo de Namibia falló que los cónyuges de naturales de Namibia podían regularizar su situación migratoria basándose en matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos fuera del país, y el Tribunal Supremo de Kenia reafirmó el derecho a la libertad de asociación de las personas LGBTI.
Personas con albinismo
En Malawi aumentaron los delitos contra personas con albinismo: entre otros actos, se denunciaron intentos de secuestro, ataques físicos y profanación de tumbas. En Angola se adoptó el Plan de Acción Nacional para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas con Albinismo.
Los gobiernos deben combatir con urgencia todas las formas de discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres y las niñas, entre otras cosas abordando las causas fundamentales y redoblando los esfuerzos para eliminar las prácticas nocivas. Los gobiernos deben reforzar la protección de los derechos de las personas LGBTI, entre otras cosas a través de la legislación y de la investigación efectiva de las denuncias de abusos y poniendo a disposición de la justicia a las personas sospechosas de la comisión de esos actos.
Derecho a un medioambiente saludable
Varios países se vieron afectados por fenómenos climáticos extremos cuya intensidad y frecuencia podían estar relacionadas con el cambio climático. Sin embargo, los gobiernos no estaban preparados para responder a los fenómenos meteorológicos, ya fueran de inicio lento o repentino, que tuvieron lugar en la región. En febrero y marzo, el ciclón Freddy afectó a millones de personas en Malawi y Mozambique y causó la muerte de 679 y 453 personas, respectivamente. Las inundaciones se cobraron muchas vidas en otros países, entre ellos República Democrática del Congo y Ruanda. En septiembre se celebró en Nairobi la primera Cumbre Climática de África para adoptar una postura común africana antes de las negociaciones de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28).
Los gobiernos deben tomar de inmediato medidas para proteger contra el riesgo y los efectos de la crisis climática y reforzar su preparación para los fenómenos meteorológicos extremos, entre otras cosas solicitando de países desarrollados asistencia internacional para la financiación climática a fin de adoptar políticas efectivas de mitigación y adaptación y para remediar las pérdidas y daños sufridos por las personas y grupos más marginados.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Tras la cínica campaña del gobierno de Etiopía para frustrar las iniciativas sobre justicia y rendición de cuentas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos puso fin prematuramente al mandato de su Comisión de Investigación sobre la situación en la región de Tigré, que no publicó conclusiones. El gobierno también atacó a la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía (CIEDH), de la ONU, lo que dio lugar a que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU no presentaran una resolución para renovar el mandato de la CIEDH. Por su parte, Burundi abandonó su sesión de examen ante el Comité de Derechos Humanos objetando la presencia de un defensor de los derechos humanos declarado culpable in absentia de acusaciones falsas de participación en el intento de golpe de Estado de 2015, mientras que Tanzania impidió la visita de una delegación de investigación de la UNESCO a Ngorongoro para indagar sobre los informes de desalojos forzosos violentos de indígenas masái.
Varios países introdujeron o consideraron la posibilidad de introducir procesos de verdad y reconciliación, aunque en detrimento de la búsqueda de justicia y rendición de cuentas para las víctimas de crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos. El gobierno de República Democrática del Congo adoptó el Proyecto de Política Nacional de Justicia Transicional, y el gobierno de Etiopía comenzó las consultas para la adopción de una política similar.
En Sudán del Sur, el Consejo de Ministros aprobó dos proyectos de ley para establecer la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación y la Autoridad de Compensación y Reparación, que aún no se habían presentado en el Parlamento. Sin embargo, siguió bloqueando el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. Las autoridades de Gambia acordaron establecer un tribunal híbrido para enjuiciar a los presuntos autores de violaciones graves de derechos cometidas durante la presidencia de Yahya Jammeh.
Se detuvo a varios presuntos autores de crímenes de derecho internacional. El Tribunal Penal Especial de República Centroafricana anunció la detención de 4 hombres acusados de crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad. Se tomaron medidas para que 2 ;presuntos genocidas rindieran cuentas: Fulgence Kayishema fue detenido de nuevo en aplicación de una nueva orden de arresto que permitiría su extradición a Tanzania para ser juzgado por el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, y Théoneste Niyongira fue deportado de Malawi a Ruanda.
Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para combatir la impunidad abriendo investigaciones inmediatas, exhaustivas, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos, poniendo a las personas sospechosas de la comisión de esos actos a disposición de la justicia y garantizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo.
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