Miembros de la organización cultural Udichi participan en una procesión con antorchas en protesta por los ataques incendiarios contra las oficinas de Prothom Alo, The Daily Star, Chhayanaut y Udichi en Dhaka, Bangladesh, el 23 de diciembre de 2025. (Foto de MD Abu Sufian Jewel/NurPhoto vía Getty Images)
Resumen de la situación de los derechos humanos en Asia y Oceanía y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2026.
En toda la región confluyeron la represión, la desigualdad y la impunidad, impulsadas por prácticas autoritarias, una discriminación sistémica y una falta de rendición de cuentas profundamente arraigada. Las autoridades cada vez imponían más restricciones excesivas a los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, incorporando el control a través de la legislación, la vigilancia policial y la vigilancia digital. Estas medidas se reforzaban mutuamente, reduciendo el espacio cívico y erosionando las libertades fundamentales. Los Estados normalizaron la supresión de la disidencia con medidas represivas letales en Nepal e Indonesia, el uso de leyes antiterroristas en India, una oleada de detenciones arbitrarias en Myanmar antes de las elecciones de diciembre impuestas por el ejército y arrestos de activistas en Hong Kong.
A nivel internacional se lograron victorias en materia de rendición de cuentas, entre ellas la detención y el traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, y las órdenes de detención dictadas por la CPI contra dos líderes talibanes por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. Por lo demás, la impunidad continuó arraigada sin que hubiera nuevos avances respecto a las órdenes de detención emitidas por la Corte contra las autoridades responsables de crímenes internacionales contra la población rohinyá ni tampoco medidas significativas de las autoridades chinas para abordar los crímenes contra la humanidad cometidos en Xinjiang. Los mecanismos nacionales de rendición de cuentas se desmantelaron aún más en Afganistán y en Sri Lanka seguían siendo en gran medida ineficaces para abordar los abusos cometidos durante la guerra.
Los Estados expandieron la represión transfronteriza. Tailandia deportó a personas uigures a China y extraditó a defensores y defensoras montagnard a Vietnam, a pesar del riesgo de que se violaran sus derechos. Malasia colaboró con las autoridades tailandesas para perseguir a un periodista, mientras que Hong Kong y China utilizaron la legislación para perseguir a activistas en el extranjero, acosando a sus familiares y amistades que aún permanecían en Hong Kong.
La discriminación agravó el daño causado a los grupos marginados y vulnerables. Las personas rohinyás fueron sometidas a trabajos forzados en Myanmar y se vieron afectadas de manera desproporcionada por los recortes en la ayuda humanitaria destinada a los campos de refugiados en Bangladesh. Las minorías religiosas fueron objeto de persecución sistemática en Afganistán, China continental y Pakistán, mientras que los pueblos indígenas de Australia e Indonesia continuaron siendo desposeídos de sus tierras. Las personas dalits de toda Asia meridional se vieron relegadas a trabajos peligrosos.
La violencia por motivos de género persistió en toda la región y los abusos facilitados por la tecnología ocuparon los titulares en Corea del Sur, Tailandia y Vietnam.
La trata de seres humanos y el trabajo forzoso aumentaron en el sudeste asiático. En puntos críticos como Camboya y Myanmar se esclavizaba y torturaba a personas en los centros de ciberestafas.
La crisis climática, la vulnerabilidad ante otras catástrofes y la fragilidad económica aumentaron la privación de derechos. En Afganistán, con terremotos y deportaciones desde Irán y Pakistán, millones de personas dependían de la ayuda humanitaria, mientras que en Filipinas, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam las inundaciones causaron víctimas mortales y desplazamientos masivos, arruinaron las cosechas y agravaron la pobreza. El cambio climático y las catástrofes que azotaron Bangladesh, Kiribati, Pakistán y Tuvalu siguieron provocando el desplazamiento de comunidades, lo que reforzó las desigualdades estructurales. La escasez crónica de productos de primera necesidad en Corea del Norte y los recortes en las prestaciones sociales impulsados por la austeridad en Sri Lanka pusieron de relieve cómo las políticas económicas agravaban la vulnerabilidad.
Gobiernos de toda la región continuaron aplicando leyes y prácticas restrictivas que coartaban el derecho a la libertad de expresión, y recurrieron a la censura, la vigilancia y las represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, activistas e intelectuales. En varios países se introdujeron o se mantuvieron leyes que otorgaban amplios poderes para controlar el contenido en Internet y silenciar la disidencia. El gobierno de Fiyi rechazó los llamamientos de la ONU para que reformara sus restrictivas leyes relativas al orden público. La ley sobre ciberseguridad de Myanmar criminalizaba la disidencia con disposiciones imprecisas y la ley relativa a los procesos electorales imponía penas severas, entre ellas la cadena perpetua e incluso la pena de muerte, por actos de violencia electoral. En Nepal se presentó un proyecto de ley sobre redes sociales que permitiría al ejecutivo ordenar la eliminación de contenidos y el acceso a datos sin supervisión judicial y tipificaría como delito la “información falsa” y el troleo. Las enmiendas a la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos introducidas por las autoridades pakistaníes ampliaron las facultades para censurar y criminalizar la expresión en Internet. En Sri Lanka, las autoridades siguieron aplicando la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo. En India se promulgó la Ley Especial de Seguridad Pública de Maharashtra para criminalizar la disidencia. Las autoridades de Malasia siguieron utilizando leyes de amplio alcance, como la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia, para restringir la libertad de expresión. En Mongolia se introdujeron cambios en el Código Penal que restringían el espacio cívico. Las autoridades camboyanas utilizaron la retirada de la nacionalidad para castigar a las voces críticas, y en Maldivas se propuso una ley punitiva para los medios de comunicación que otorgaba amplios poderes sobre quienes ejercían el periodismo. En Vietnam se modificó la Ley de Ciberseguridad, lo que permitió a la policía solicitar las direcciones IP de las personas usuarias de servicios de Internet y exigir a las empresas proveedoras que retiraran los contenidos en un plazo de 24 horas; al mismo tiempo se propuso un proyecto de ley de prensa que obligaba a los y las periodistas a revelar sus fuentes, todo lo cual suscitó preocupación por la privacidad y la vigilancia en línea.
Los gobiernos se centraron cada vez más en los espacios digitales para silenciar la disidencia. Las autoridades de Singapur utilizaron la Ley de Protección Frente a las Falsedades y la Manipulación en Internet para emitir múltiples órdenes contra activistas, medios de comunicación y figuras de la oposición. En China y Hong Kong, las autoridades ampliaron las leyes de seguridad nacional para abarcar un espectro aún más amplio de actividades pacíficas. En Hong Kong, el órgano legislativo amplió las leyes de seguridad nacional al ámbito educativo, restringiendo la libertad de expresión, mientras que los tribunales confirmaron las leyes que penalizaban los llamamientos a la abstención electoral. Las autoridades de Nepal bloquearon Telegram y otras 26 plataformas de redes sociales y en Pakistán se prohibieron los canales de YouTube y las cuentas de redes sociales que criticaban al gobierno. Por su parte, las autoridades de India ordenaron a X e Instagram que bloquearan miles de cuentas, restringieron el contenido satírico y prohibieron 25 libros en Jammu y Cachemira. Las autoridades norcoreanas mantenían un control casi total: bloqueaban las retransmisiones, inspeccionaban los hogares e imponían penas severas —incluso la ejecución— por distribuir medios de comunicación extranjeros.
Las represalias por ejercer la libertad de expresión fueron generalizadas. En Afganistán, los talibanes detuvieron a periodistas, cerraron Radio Nasim y prohibieron en las universidades libros escritos por mujeres y poesía crítica con sus políticas, además de cortar el acceso a Internet. En China, la periodista Zhang Zhan fue condenada a una segunda pena de prisión, y en Hong Kong la figura prodemocrática Joshua Wong se enfrentó a un nuevo cargo en virtud de las leyes de seguridad nacional.
En India, el hostigamiento de periodistas se intensificó mediante expedientes policiales y detenciones y se revocó la ciudadanía india de ultramar a la académica Nitasha Kaul.
En Camboya, periodistas y activistas se enfrentaron a detenciones y largas condenas. Malasia colaboró con las autoridades tailandesas para detener a un escritor, y en Mongolia la policía realizó una redada en un medio de comunicación independiente. En Tailandia, un intelectual se enfrentó a cargos por su trabajo sobre las relaciones entre civiles y militares. En Vietnam, un activista por los derechos sobre la tierra fue condenado a 21 años de prisión por “oponerse al gobierno”.
Los gobiernos deben derogar o modificar las leyes represivas, garantizar que la regulación de contenidos esté sujeta a una supervisión judicial efectiva y proteger a periodistas y activistas del hostigamiento y la violencia.
El derecho a la libertad de reunión pacífica seguía sometido a una intensa presión y los gobiernos recurrieron a métodos represivos, detenciones preventivas y marcos jurídicos restrictivos. A lo largo del año se produjeron violentas represiones de las protestas. En Afganistán, las fuerzas de los talibanes mataron al menos a diez personas e hirieron a 40 durante las protestas contra la erradicación del cultivo de adormidera en Badajshán. En Indonesia se produjeron detenciones en masa; 4.000 personas fueron arrestadas, 900 fueron agredidas y al menos diez murieron durante las manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país. En Nepal, las protestas encabezadas por jóvenes de la generación Z contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales dejaron un saldo de 76 personas muertas entre manifestantes y policías. Las autoridades pakistaníes emplearon el bloqueo de Internet y el uso de fuerza letal contra las personas que se manifestaban en Baluchistán y en la región de Jammu y Cachemira administrada por Pakistán. Las autoridades de Malasia recurrieron a una actuación policial severa y detenciones para sofocar la disidencia. En Filipinas, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, fueron detenidas en protestas contra la corrupción. En Hong Kong, las autoridades bloquearon las concentraciones y detuvieron a quienes pretendían manifestarse; se cancelaron los eventos del Orgullo. El desfile del Orgullo de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh se canceló por primera vez en 13 años y otros actos del Orgullo en el país fueron censurados o cancelados tras el hostigamiento ejercido por las autoridades locales.
En toda la región fueron habituales las detenciones, la denegación de permisos y las acciones legales. Las autoridades indias detuvieron a estudiantes de Jamia, a líderes de la oposición como Rahul Gandhi y a personas que trabajaban en el sector del saneamiento tras denegarles los permisos para celebrar manifestaciones. En Maldivas, varias mujeres fueron detenidas por participar en protestas pacíficas frente a embajadas. Los tribunales de Corea del Sur condenaron a activistas por los derechos de las personas con discapacidad por participar en protestas pacíficas. Las autoridades de India y Singapur siguieron invocando leyes restrictivas para declarar ilegales las reuniones.
Se intensificó el control sobre los derechos de reunión pacífica y asociación mediante marcos normativos restrictivos. Las autoridades de Taiwán impusieron restricciones arbitrarias en zonas sensibles y en Hong Kong se establecieron nuevas zonas “prohibidas”, lo que limitó no solo las protestas, sino también cualquier presencia no autorizada. En Malasia, a pesar de las reformas propuestas para la Ley de Reunión Pacífica, continuaron la severa actuación policial, el hostigamiento, las detenciones y las investigaciones. En Corea del Sur, por el contrario, los tribunales suavizaron las restricciones a las reuniones. También se intensificaron los controles sobre las organizaciones cívicas y políticas. Sri Lanka siguió exigiendo el registro de las ONG en el Ministerio de Defensa, viniendo a reforzar la fiscalización de la sociedad civil. Bangladesh prohibió la Liga Awami en virtud de las leyes antiterroristas, lo que socavó gravemente los derechos de asociación y participación políticas.
Los gobiernos deben poner fin a la represión, liberar a las personas detenidas por participar en manifestaciones pacíficas, derogar o modificar las leyes restrictivas, así como garantizar espacios seguros y accesibles para las protestas, de conformidad con las normas internacionales.
La discriminación, a menudo reforzada por las políticas estatales, las desigualdades sistémicas y la hostilidad social, seguía manifestándose de múltiples formas: por motivos religiosos, étnicos, de ascendencia, relacionados con la discapacidad y contra los pueblos indígenas.
La discriminación religiosa patrocinada por el Estado seguía siendo generalizada. En Afganistán, las autoridades talibanas actuaron contra las minorías chiíes, obligaron a las comunidades ismailíes a convertirse al islam suní, restringieron los rituales hazaras chiíes y aplicaron medidas discriminatorias en la prestación de ayuda humanitaria. Las familias hazaras también fueron desalojadas por la fuerza y sufrieron discriminación en el empleo. En Pakistán se intensificaron la violencia y las restricciones por parte de agentes estatales y grupos de civiles contra la población ahmadí, mientras que seguía sin esclarecerse la responsabilidad por el ataque perpetrado en 2023 por grupos de civiles contra la población cristiana. En India, se penalizaban los matrimonios interreligiosos aplicando legislación discriminatoria y se documentaron delitos de odio por parte de agentes estatales y grupos de civiles contra musulmanes y cachemires. En Indonesia continuó la intolerancia hacia las comunidades ahmadí y cristiana, con restricciones al culto y ataques a lugares de oración. El gobierno chino interfirió en los asuntos del budismo tibetano y detuvo a dirigentes cristianos, mientras que en Fiyi se produjeron actos de vandalismo contra templos hindúes.
La discriminación étnica persistía en varios países. En Japón, la retórica xenófoba quedó patente durante las campañas electorales, mientras que en Corea del Sur hubo manifestaciones contra las personas de origen chino. En el estado septentrional de Rajine (Myanmar), el Ejército de Arakán obligaba a las personas rohinyás desplazadas internamente a realizar trabajos forzados y, según informes, maltrataba a las que se negaban.
La discriminación contra los pueblos indígenas era grave y sistémica. En China, las personas uigures y tibetanas seguían sufriendo una discriminación sistemática, que incluía restricciones a la expresión cultural, lingüística y religiosa. En Australia, los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres se enfrentaban a una desigualdad cada vez mayor, altas tasas de encarcelamiento y muertes bajo custodia. En India aumentaron los riesgos de desplazamiento para las comunidades indígenas a consecuencia del debilitamiento las protecciones ambientales. En Indonesia, los proyectos a gran escala y la extracción de níquel causaron estragos en las tierras indígenas, lo que provocó protestas y la criminalización del activismo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) advirtió al gobierno japonés sobre el impacto que tendría la construcción de una base militar estadounidense en Okinawa, y los líderes y lideresas indígenas protestaron por la financiación japonesa de proyectos en el extranjero que resultaban perniciosos. El gobierno de Malasia consideró posibles enmiendas para ampliar los derechos del pueblo orang asli y en Nepal se produjeron violentos enfrentamientos por las tierras ancestrales y la falta de transparencia en un proyecto de infraestructura. Las autoridades de Bangladesh mantuvieron detenidas a más de 62 de las 100 personas indígenas bawm arrestadas en 2024 y hubo informes que indicaban que se estaban produciendo muertes bajo custodia. El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó leyes que menoscababan los derechos consuetudinarios de la población maorí. En Taiwán, las comunidades indígenas pingpu obtuvieron una protección limitada de sus derechos culturales, pero seguían preocupadas por lo inadecuado del reconocimiento legal, y en la educación persistía una discriminación sistémica. Tailandia impulsó proyectos que amenazaban los medios de vida de las comunidades indígenas y aprobó un proyecto de ley que no reconocía la condición de indígena.
La discriminación basada en la ascendencia seguía afectando a las comunidades marginadas. En India, los planes para realizar un censo de castas se estancaron, lo que dejó sin resolver las desigualdades estructurales. En Nepal, las comunidades dalits siguieron enfrentándose a una exclusión social arraigada y a obstáculos para acceder a la justicia. En Pakistán, la arraigada discriminación por motivos de casta y religión siguió relegando a quienes trabajaban en el sector del saneamiento —en su mayoría personas cristianas dalits— a empleos peligrosos e inseguros sin protección jurídica.
La discriminación por motivos de discapacidad continuó siendo generalizada. En Corea del Norte, las personas con discapacidad se enfrentaban a una exclusión sistémica de la educación, la asistencia médica y el empleo. Se denunciaron casos de internamiento forzoso en instituciones. Taiwán siguió careciendo de una ley integral contra la discriminación, por lo que las protecciones eran fragmentadas y débiles. En Japón, aunque la ley de indemnización a las víctimas de esterilización forzosa supuso un avance, las barreras sistémicas y la escasa sensibilización seguían obstaculizando la justicia.
Los gobiernos deben proteger las tierras indígenas, abstenerse de realizar declaraciones discriminatorias, combatir los estereotipos, adoptar y aplicar leyes antidiscriminatorias eficaces, así como garantizar la igualdad de acceso a la educación y el empleo y la rendición de cuentas de los sistemas judiciales.
Los derechos económicos, sociales y culturales seguían sometidos a una fuerte presión debido a las crisis económicas, los fenómenos climáticos extremos y las políticas discriminatorias. La inseguridad alimentaria era grave. En Afganistán, 22,9 millones de personas dependían de la ayuda humanitaria en un contexto marcado por el retorno de personas deportadas (principalmente desde Irán y Pakistán), los terremotos y los recortes de financiación. El 90% de los niños y niñas vivían en situación de pobreza alimentaria y 4 millones sufrían malnutrición. Pese a que las condiciones meteorológicas en Corea del Norte eran propicias para los cultivos, la población se enfrentaba a una carencia crónica de alimentos, ya que la escasez de fertilizantes y las crisis climáticas mermaban la producción, y los fallos en la distribución estatal agravaban las dificultades de las zonas rurales. En Pakistán, el 44,7% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, las restricciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) redujeron el gasto social, y las inundaciones, cada vez más frecuentes debido al cambio climático inducido por la acción humana, destruyeron las principales cosechas. Los niveles de pobreza de Sri Lanka se mantuvieron por encima de las cifras anteriores a la crisis, a pesar de las prestaciones de asistencia social.
Los sistemas de salud seguían siendo frágiles. En Afganistán, el acceso a la atención médica en el medio rural era limitado y las restricciones impuestas por los talibanes retrasaron el rescate de las mujeres durante los terremotos. En Corea del Norte, la falta de recursos en los hospitales era crítica y no disponían de medicamentos ni equipos básicos. UNICEF vacunó a dos millones de niños y niñas norcoreanos, aunque la posibilidad de hacer un seguimiento seguía estando muy restringida.
En Afganistán se menoscabó el derecho a la educación, ya que las prohibiciones impuestas por los talibanes excluían al 78% de las niñas y mujeres afganas de la escolarización y el trabajo. Las escuelas norcoreanas carecían de calefacción y libros de texto; en Myanmar, el alumnado sufrió graves trastornos tras la congelación de las ayudas; y en el Tíbet, las políticas de China en materia de educación bilingüe amenazaron los derechos lingüísticos de las minorías.
Persistía la inseguridad en lo relativo a vivienda y tierras. En Camboya, las autoridades detuvieron los desalojos forzosos en el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO de Angkor tras las protestas en todo el mundo, pero no ofrecieron ninguna solución a las familias desplazadas. En Mongolia, las comunidades rurales y urbanas afectadas por proyectos de desarrollo carecían de mecanismos para hacer frente a las deficiencias de las consultas y la infravaloración de las propiedades y los activos. En India, las campañas de desalojo en Assam desplazaron a unas 3.800 familias y afectaron de manera desproporcionada a la población musulmana.
Los abusos y violaciones de los derechos laborales también continuaron siendo generalizados y afectaban de manera desproporcionada a las comunidades que sufrían marginación y discriminación. En Pakistán, las personas que trabajaban en el sector del saneamiento y procedían de castas inferiores sufrían discriminación sistémica. En Sri Lanka, la comunidad tamil malaiyaha seguía marginada, mientras que las personas que trabajaban en la industria textil soportaban represión sindical y violencia de género. En Bangladesh hubo disturbios en el sector textil y se detuvo a líderes y líderesas sindicales. En Filipinas, los trabajadores y las trabajadoras se enfrentaron a condiciones de inseguridad durante las catástrofes y en Hong Kong se negó la aplicación de medidas más firmes de protección a la población migrante que trabajaba en el servicio doméstico.
Los gobiernos deben garantizar el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el trabajo poniendo fin a los desalojos forzosos, combatiendo la pobreza, mejorando la protección social, protegiendo a las trabajadoras y los trabajadores y garantizando el acceso igualitario a los servicios esenciales sin discriminación.
Las autoridades siguieron utilizando leyes de seguridad y prácticas discriminatorias para reprimir la disidencia, atacando de manera desproporcionada a activistas, minorías y miembros de la oposición política. La detención y reclusión arbitrarias eran prácticas generalizadas. En Afganistán, los talibanes detuvieron a personas por infracciones menores, como su peinado o la música que escuchaban, impusieron severos decretos a través de “inspectores de moralidad” y siguieron atacando a antiguos miembros del funcionariado, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y voces críticas mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura. Se documentaron más de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales. En Myanmar se produjeron detenciones sistemáticas tras el golpe de Estado y muertes bajo custodia relacionadas con la negación de asistencia médica y con lesiones causadas por interrogatorios abusivos. En Corea del Norte, la detención arbitraria, dirigida contra las personas acusadas de delitos políticos sin juicios justos, seguía siendo un elemento central del control ejercido por el régimen. Las leyes de seguridad nacional de Hong Kong y Macao se utilizaron de forma generalizada para reprimir la expresión política y detener a activistas.
En Pakistán, las enmiendas a las leyes antiterroristas permitieron que una detención sin cargos pudiera prolongarse tres meses, y se arrestó a periodistas y activistas baluchis. En India continuó el uso indebido de las leyes antiterroristas para detener a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas musulmanes y prolongar su prisión preventiva.
La tortura y otros malos tratos persistían a pesar de las prohibiciones legales. En Afganistán, a las personas detenidas se les aplicaban descargas eléctricas, eran sometidas a simulacros de ahogamiento, abusos sexuales, y se les arrancaban las uñas y los dientes. Las autoridades de Myanmar recurrían a palizas, descargas eléctricas, agresiones sexuales y arrancamiento de uñas durante los interrogatorios. En Corea del Norte se utilizaban las palizas, la privación del sueño y los trabajos forzados para obtener “confesiones”, y en los campos de presos y presas políticos se imponían castigos severos y se proporcionaba una alimentación inadecuada. En Vietnam, a las personas activistas se las mantenía aisladas, se les colocaban grilletes y se les negaba la asistencia médica. Se produjeron muertes sospechosas bajo custodia. En India, la tortura policial provocó la muerte de un hombre de 25 años en Jammu y Cachemira. En Sri Lanka se documentaron al menos 13 casos de muerte bajo custodia y denuncias de tortura. Los tribunales de Tailandia dictaron las primeras condenas en virtud de la legislación contra la tortura por el homicidio de un recluta, lo que supuso un paso excepcional hacia la rendición de cuentas.
Las desapariciones forzadas seguían siendo una herramienta de represión. En Corea del Norte se negaba a las familias información sobre las personas detenidas, lo que equivalía a desaparición forzada. En China, las autoridades seguían utilizando la “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, una forma de detención secreta constitutiva de desaparición forzada, en particular contra defensores y defensoras de los derechos humanos y abogados y abogadas. Un tribunal de Malasia confirmó la participación del Estado en desapariciones que habían tenido lugar en el pasado. En Myanmar se observó una constante de desapariciones y muertes tras torturas. En Pakistán, a principios de 2025 se registraron 125 nuevos casos de desaparición forzada. En Bangladesh, la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, nombrada por el gobierno, declaró que se habían registrado 1.772 denuncias durante el periodo 2009-2024, de las cuales el 67% estaban relacionadas con organismos estatales. Estas prácticas consolidaron la impunidad y la discriminación contra los grupos vulnerables.
Los gobiernos deben poner fin a las detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones forzadas, proteger los derechos de las personas detenidas y garantizar la rendición de cuentas y las salvaguardias contra los abusos.
Los gobiernos intensificaron las políticas migratorias restrictivas, lo que menoscabó aún más la protección de las personas refugiadas y los derechos de las personas migrantes y dejó expuestos a los grupos vulnerables a la discriminación y los abusos. Persistieron las deportaciones masivas y las devoluciones forzadas, a pesar de las obligaciones internacionales. Pakistán intensificó su “plan de repatriación de personas extranjeras ilegales” y devolvió a más de 990.000 personas afganas. Irán devolvió a 1,8 millones de personas afganas, mientras que Alemania, Tayikistán y Turquía continuaron devolviendo a personas afganas a pesar de los abusos cometidos por los talibanes. Las mujeres y las niñas sufrían la privación sistémica de sus derechos al regresar a Afganistán y las personas disidentes corrían el riesgo de ser detenidas y torturadas. Durante todo el año, las personas rohinyás refugiadas en Bangladesh temieron que los combatientes en el conflicto de Myanmar las devolvieran por la fuerza al país para luchar. En India, la hostilidad hacia las minorías se agravó: las autoridades deportaron a Bangladesh a personas rohinyás refugiadas —junto con 300 personas musulmanas sospechosas de ser extranjeras—, mientras nuevas leyes reclasificaban a las personas solicitantes de asilo como migrantes irregulares, vulnerando con ello el principio de no devolución. Las autoridades malasias detuvieron a personas rohinyás refugiadas y rechazaron las embarcaciones que transportaban a otras personas. Por su parte, Japón puso en marcha su “Plan Cero” para reducir a la mitad el número de personas extranjeras que se quedaban más tiempo del permitido mediante deportaciones aceleradas, lo que suscitó críticas por poner en peligro a quienes solicitaban asilo. El gobierno de Tailandia devolvió a 40 uigures a China a pesar del riesgo de tortura.
También persistieron las detenciones arbitrarias e indefinidas en toda la región. Las autoridades malasias mantenían recluidas a más de 20.000 personas en centros de inmigración, entre ellas más de 2.000 menores. El gobierno australiano siguió aplicando la “tramitación extraterritorial” de las personas que solicitaban asilo; 90 personas seguían a la espera de su tramitación en Nauru y más de 30 en Papúa Nueva Guinea después de 11 años, mientras que nuevas leyes privaban de derechos procesales a las personas que solicitaban asilo. En Sri Lanka, 116 personas rohinyás refugiadas, entre las que había niños y niñas, seguían detenidas en centros militares sin acceso al ACNUR. En Japón y Taiwán, el gobierno seguía permitiendo la detención indefinida de personas migrantes amparándose en sistemas opacos, criticados por sus malas condiciones y la falta de garantías jurídicas. Las condiciones de Bangladesh empeoraron drásticamente. Cox’s Bazar, el campo de personas refugiadas más grande del mundo, con más de un millón de rohinyás, se enfrentó a graves recortes de la ayuda y a la llegada de 150.000 personas más, con el consiguiente peligro de que se produjera el colapso de servicios esenciales dada la escasa respuesta de los donantes, a pesar de los urgentes llamamientos de la ONU.
La trata de personas y el trabajo forzoso aumentaron en toda la región. En Camboya, más de 50 centros de ciberestafas traficaban con personas extranjeras a las que utilizaban para cometer fraudes en línea y las medidas de represión carecían de transparencia. Myanmar seguía siendo un punto caliente de la trata, con centros de ciberestafas dedicados al fraude que retenían a 100.000 personas y grupos armados que utilizaban el trabajo y el reclutamiento forzosos. Los abusos continuaron a pesar de que se impusieron sanciones a quienes los cometieron.
Los gobiernos deben poner fin a la devolución, la detención arbitraria y la trata de personas, garantizar procedimientos de asilo seguros, liberar a las personas que se encuentran detenidas ilegalmente y garantizar la protección y la dignidad de las personas refugiadas y migrantes, de conformidad con las normas internacionales.
El cambio climático agravó las desigualdades sociales. En Bangladesh, las condiciones meteorológicas extremas exacerbaron la discriminación por motivos de género y casta, atrapando a las personas que realizaban trabajos de saneamiento en un ciclo de vulnerabilidad. El aumento del nivel del mar en Tuvalu y Kiribati continuó obligando a la población a desplazarse y amenazando los derechos a la vivienda, la salud y la identidad cultural. En Pakistán, las catastróficas inundaciones causaron más de 1.000 muertes y desplazaron a millones de personas, mientras que las olas de calor alcanzaron los 49 °C, lo que puso de manifiesto las deficiencias en la respuesta ante las catástrofes. En India, Indonesia, Nepal y Sri Lanka los ciclones provocaron inundaciones y corrimientos de tierras que tuvieron consecuencias letales y afectaron de manera desproporcionada a comunidades rurales cuyo acceso a la ayuda humanitaria era limitado, lo que planteó interrogantes sobre la preparación ante las catástrofes relacionadas con el clima. Según datos oficiales, en octubre y noviembre, la capital de India, Nueva Delhi, ocupó el primer lugar entre las ciudades más contaminadas del mundo.
La aplicación de políticas de expansión de los combustibles fósiles y proyectos de transición energética siguió violando los derechos de los pueblos indígenas. Las autoridades indonesias detuvieron a 27 activistas indígenas que se oponían a la extracción de níquel en Halmahera Oriental, poniendo de relieve los riesgos que corrían las tierras consuetudinarias. El gobierno de Japón promovió proyectos de gas natural licuado en el extranjero, incluidos acuerdos con Estados Unidos y Canadá, lo que suscitó críticas por perjudicar a las naciones indígenas Gwich'in y Wet'suwet'en. En Australia, la desestimación de la demanda climática de la población de las Islas del Estrecho de Torres minó los esfuerzos por conseguir justicia para las comunidades que se enfrentan a amenazas existenciales.
La debilidad de la gobernanza perpetuó la vulnerabilidad. Maldivas puso en marcha un ambicioso plan climático, pero omitió importantes salvaguardias en materia de derechos humanos y bloqueó los litigios climáticos, lo que socavó el derecho a la cultura y a los medios de subsistencia. El Parlamento de Malasia retrasó un proyecto de ley sobre el clima para dar prioridad a las consultas con la industria, mientras que el gobierno de Corea del Sur mantuvo unos objetivos de emisión insuficientes y no logró definir una transición justa. En China se mantuvieron estrictas restricciones a la participación pública en la toma de decisiones medioambientales, lo que limitó la rendición de cuentas.
Las políticas migratorias discriminatorias agravaron la injusticia climática. El gobierno de Nueva Zelanda no proporcionó rutas adecuadas para los pueblos del Pacífico desplazados por el clima, lo que reforzó las desigualdades, separó a familias, violó los derechos de los niños y niñas y aumentó la vulnerabilidad de las personas migrantes.
Los gobiernos deben defender la justicia climática, poner fin a la expansión de los combustibles fósiles, proteger a las comunidades indígenas y marginadas, garantizar políticas climáticas basadas en los derechos y asegurar rutas migratorias seguras para las personas desplazadas por los efectos del cambio climático.
La pena de muerte permanecía arraigada en la mayoría de los países de la región y se aplicó con frecuencia, en violación del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
Dos países llevaron a cabo sus primeras ejecuciones después de un paréntesis. En Japón, la ejecución en la horca de Takahiro Shiraishi —la primera en tres años—, que fue condenada por el secretismo con que se llevó a cabo, minó los esfuerzos por abolir la pena de muerte. En Taiwán, Huang Lin-kai fue ejecutado en enero. Esta fue la primera vez que se aplicaba la pena de muerte desde 2020 y se llevó a cabo a pesar de que había apelaciones pendientes y de la preocupación sobre su estado de salud mental.
En Afganistán, los talibanes llevaron a cabo ejecuciones públicas. Según informes, el gobierno de Corea del Norte siguió ejecutando a personas por actos que no constituían delitos reconocidos internacionalmente, como compartir contenidos de medios de comunicación extranjeros, y por delitos que estaban muy por debajo del umbral de “los crímenes más graves” que establecían el derecho y las normas internacionales, y utilizó las ejecuciones públicas como herramienta de control.
Las autoridades chinas siguieron aplicando la pena de muerte a personas acusadas de delitos de soborno, fraude y trata; al menos un caso de imposición masiva de condenas suscitó preocupación por posibles violaciones del derecho a un juicio justo. En Bangladesh, además de otras condenas a muerte, un tribunal especial condenó in absentia a la ex primera ministra Sheikh Hasina y a otras autoridades a la pena de muerte en la horca tras la represión de las protestas de 2024. El gobierno de Maldivas amplió el ámbito de aplicación de la pena de muerte para incluir los delitos relacionados con las drogas, eliminó la posibilidad de conmutar dichas penas mediante el indulto y prohibió los acuerdos judiciales en estos casos.
En Singapur continuaron las ejecuciones relacionadas con las drogas, entre otras la del ciudadano malasio Pannir Selvam, que fue ejecutado a pesar de las protestas internacionales. En Vietnam se produjeron reformas positivas al abolirse la pena de muerte para ocho delitos, incluido el transporte de drogas; sin embargo, la falta de garantías procesales en los casos de pena capital y el secretismo en torno al uso de la pena de muerte siguieron suscitando preocupación. En Malasia, el gobierno anunció un estudio sobre la pena de muerte y su abolición, tras haberse derogado en 2023 la pena de muerte preceptiva.
En conjunto, estos acontecimientos reflejaron marcados contrastes: reformas graduales en algunos Estados, junto con prácticas arraigadas caracterizadas por el secretismo, la discriminación y la instrumentalización política en otros.
Los gobiernos que mantienen la pena de muerte deben tomar medidas urgentes para abolirla y, mientras tanto, establecer una moratoria oficial de las ejecuciones.
Las deficiencias sistémicas de las instituciones jurídicas y de supervisión siguieron obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. En Afganistán, los talibanes desmantelaron las estructuras judiciales e impusieron la ley discriminatoria de la sharia (ley islámica), haciendo prácticamente imposible la celebración de juicios justos. Los organismos de supervisión, como la institución nacional de derechos humanos, siguieron sin funcionar. En Nepal, los nombramientos para las comisiones de justicia transicional recibieron críticas por la falta de transparencia y las influencias políticas, lo que llevó a los grupos de víctimas a boicotearlas. En Sri Lanka persistieron los obstáculos, entre ellos la aparente falta de independencia del fiscal general y las deficiencias en los procesos de exhumación de fosas comunes, que seguían sin investigarse suficientemente a pesar de los recientes descubrimientos. En Bangladesh, la fiscalía logró presentar los primeros cargos contra mandos del ejército por desapariciones forzadas, aunque persistieron las preocupaciones sobre el debido proceso, incluido el juicio en el que se condenó a muerte a Sheikh Hasina.
En algunos casos se avanzó en los esfuerzos internacionales por exigir responsabilidades. La CPI dictó órdenes de detención contra líderes talibanes por persecución por motivos de género, y la ONU creó un mecanismo de investigación para Afganistán. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido y trasladado a la CPI por el crimen de lesa humanidad de asesinato, lo que supuso un paso histórico.
La búsqueda de la verdad y las reparaciones seguían siendo insuficientes. Sri Lanka anunció la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación y amplió la Oficina de Personas Desaparecidas, pero los avances fueron lentos. Por otra parte, los asesinatos relacionados con las drogas y el acoso a activistas en Filipinas, así como la vigilancia de las comunidades tamiles en Sri Lanka, pusieron de relieve la impunidad reinante.
Los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos para combatir la impunidad, efectuando investigaciones rápidas, independientes, imparciales y eficaces sobre los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos, llevando a los presuntos autores ante la justicia en juicios justos y garantizando a las víctimas el derecho a un recurso efectivo.
Los derechos sexuales y de género sufrieron reveses sistémicos en toda la región. En Afganistán, los decretos de los talibanes prohibieron a las mujeres acceder a la educación, el trabajo y la libre circulación, impusieron las normas del mahram (familiar varón con el que debe ir acompañada una mujer en ciertas circunstancias) y alimentaron la violencia de género y el matrimonio infantil. En Bangladesh hubo protestas multitudinarias contra las reformas a favor de la igualdad en la herencia y la tipificación como delito de la violación marital. En Fiyi, Nepal y Pakistán se denunció un aumento de la violencia contra las mujeres, que en Nepal y Pakistán incluyó obligarlas a llegar a acuerdos en los procesos judiciales contra los autores. En Nepal seguían existiendo prácticas nocivas como el chhaupadi, una costumbre que obligaba a las mujeres menstruantes a aislarse, a menudo en chozas inseguras. A pesar de las reformas legales, en Corea del Sur persistía la violencia de género facilitada por la tecnología, como el acoso en Internet, el intercambio no consentido de imágenes íntimas y los contenidos sexuales hiperrealistas falsos (deepfake). Los avances institucionales fueron desiguales: el gobierno de Sri Lanka anunció la constitución de la primera Comisión de la Mujer, mientras que en Corea del Sur se estancó la reforma del aborto.
Los derechos de las personas LGBTIQ+ suscitaron reacciones de hostilidad: en Japón, los tribunales avanzaron de forma desigual en materia de igualdad en el matrimonio; en Pakistán se registraron asesinatos de personas transgénero; la presión estatal provocó la cancelación del desfile del Orgullo en Vietnam; China continental endureció la censura de los contenidos relacionados con las personas LGBTIQ+; y el Consejo Legislativo de Hong Kong no aprobó las leyes de unión civil que habrían proporcionado cierto reconocimiento legal y protección a las parejas del mismo sexo.
Los gobiernos deben poner fin a la discriminación por motivos de género, orientación sexual e identidad y expresión de género, aplicar medidas de protección eficaces y garantizar una igualdad sustantiva en la legislación, las políticas y la vida cotidiana.
La población civil se enfrentó a graves riesgos derivados de ataques ilegales. En Afganistán, los atentados suicidas con bombas, los artefactos explosivos de grupos armados y los bombardeos transfronterizos desde Pakistán hirieron y mataron a civiles. En Myanmar se multiplicaron los ataques aéreos contra escuelas y aldeas; los ataques con paramotores causaron decenas de víctimas mortales, entre ellas niños y niñas; y se bloqueó la ayuda a las zonas controladas por la resistencia. En el conflicto entre Camboya y Tailandia, los enfrentamientos fronterizos causaron daños en hospitales, viviendas y pagodas, y se denunciaron ataques indiscriminados por ambas partes. El desplazamiento y las crisis humanitarias se agravaron a medida que la desinformación alimentaba las tensiones y continuaban las violaciones del alto el fuego.
Los gobiernos deben poner fin a los ataques ilegales, proteger a la población civil, permitir la ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional humanitario.
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