
Hemos sido
60.064 firmantes
Esta acción ha terminado. Más de 60.000 personas se han dirigido al Presidente del Gobierno para solicitar que España firme y ratifique la Convención de Internacional para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Unos de los siete tratados internacionales básicos de derechos humanos.
Esta Convención entró en vigor en julio de 2003 y reconoce expresamente los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias, con independencia de su situación jurídica en el país de acogida. Más de 200 millones de personas en todo el mundo son migrantes.
Si bien no hemos conseguido una respuesta positiva del Gobierno para iniciar los trámites para su adhesión a esta convención, a pesar de ser uno de los compromisos de su programa electoral, desde Amnistía Internacional seguiremos trabajando para que los derechos de las personas migrantes se sitúen en el centro de las políticas migratorias de los Estados, y se fortalezca su protección jurídica, contribuyendo así a combatir la discriminación, a promover unas condiciones de vida y de trabajo dignas, y a garantizar los derechos de todas las personas trabajadoras migrantes, independientemente de su situación administrativa.
Petición original:
Más de 200 millones de personas en el mundo son migrantes. Abandonan sus países de origen huyendo de la miseria, inseguridad, y de la falta de oportunidades. Como Margarita, durante el trayecto pueden quedar atrapadas en los países de tránsito, y sufrir los abusos y la violencia sexual incluso por parte de los funcionarios públicos. Otras personas que migran se ven sometidas a detenciones prolongadas e indefinidas, o, en ocasiones, para tratar de sortear el control de las fronteras, caen engañadas en redes de trata. En el país de destino, sin embargo, se encuentran con una realidad muy distinta: discriminación, explotación, y prostitución y trabajos forzados.
Los derechos de las personas migrantes son derechos humanos. Pese a ello, muchas no pueden reclamar sus derechos porque se encuentran en situación administrativa irregular. Sin embargo, los Estados deben proteger a estas personas, independientemente de su condición jurídica. Para fortalecer su protección jurídica, los gobiernos cuentan con la Convención de los Trabajadores Migrantes, uno de los tratados de derechos humanos básicos.
Por esta razón le pedimos al Gobierno español que ratifique la Convención de los Trabajadores Migrantes, sitúe los derechos de las personas migrantes en el centro de las políticas migratorias, y fortalezca su protección jurídica, contribuyendo así a combatir la discriminación, a promover unas condiciones de vida y de trabajo dignas, y a garantizar los derechos de todas las personas trabajadoras migrantes, independientemente de su situación administrativa.
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