¿Cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes?

La Convención sobre los Derechos del Niño cuenta con 196 Estados parte. Estados Unidos es el único Estado miembro de las Naciones Unidas que no la ha ratificado.

Estados Unidos firmó el tratado el 16 de febrero de 1995. La firma no lo convierte en Estado parte ni le somete a las obligaciones que corresponden a los Estados parte. Sin embargo, mientras no manifieste su intención de no llegar a ser parte, debe abstenerse de realizar actos que frustren el objeto y el fin del tratado. Para convertirse en Estado parte mediante ratificación, tendría que completar su proceso constitucional y depositar el instrumento de ratificación ante Naciones Unidas.

Sí. El derecho a expresar sus opiniones y a ser escuchados no es un privilegio concedido por las personas adultas, sino un derecho fundamental reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Significa que tienen derecho a expresar libremente sus opiniones en todos los asuntos que les afectan y a que estas sean tenidas debidamente en cuenta, en función de su edad y madurez.

Participar no es solo hablar; implica contar con información accesible y adaptada a su edad, espacios seguros para expresarse y procesos en los que sus opiniones sean escuchadas y tenidas debidamente en cuenta. Los procesos de participación deben ser transparentes, voluntarios, respetuosos y adecuados a las capacidades y circunstancias de cada niño, niña o adolescente.

¿Dónde y cómo se ejerce este derecho en la práctica?

Este derecho se ejerce en todos los ámbitos que afectan a la vida de niños, niñas y adolescentes, incluidos la familia, los procedimientos judiciales y administrativos, la escuela, la comunidad y la vida pública. Deben poder expresar sus opiniones de forma libre, segura y adaptada a su edad y circunstancias, y estas deben ser tenidas debidamente en cuenta. La participación debe ser significativa y no meramente simbólica. No puede imponerse una edad mínima que limite el derecho a ser escuchados/as.

“Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a ser escuchados en los asuntos que les afectan”.

Sí, la prohibición es absoluta. El derecho internacional prohíbe de forma tajante la imposición de la pena de muerte a personas que tuvieran menos de 18 años en el momento de cometer el delito por el que se las juzga.

Esta prohibición absoluta está recogida explícitamente en el artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es ampliamente reconocida en el derecho internacional. 

Aspectos clave sobre esta vulneración:

• El momento del delito es lo que cuenta: La prohibición se aplica en función de la edad que tenía la persona cuando cometió el delito, no de la edad que tenga en el momento del juicio, la condena o la ejecución.
• Beneficio de la duda: Si existen dudas sobre la edad de una persona acusada (por ejemplo, por falta de documentos oficiales de nacimiento), debe otorgársele el beneficio de la duda. Si no puede demostrarse que tenía 18 años o más en el momento de los hechos, no se le puede imponer la pena de muerte.
• Vulneraciones en la actualidad: Aunque la inmensa mayoría de los Estados respeta esta prohibición, Amnistía Internacional sigue documentando casos de ejecuciones de personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. Desde 1990, la organización ha documentado 176 ejecuciones de este tipo en once países (entre ellos Irán, Arabia Saudí, China y Estados Unidos), y solo en 2024 se registraron al menos 8 nuevos casos, en Irán y Somalia. 

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos vinculados a la salud, la autonomía, la información y la protección. Garantizan que niños, niñas y adolescentes puedan vivir libres de violencia, coerción y discriminación; recibir información médica, objetiva, accesible y adaptada a su edad; y participar en las decisiones sobre su cuerpo y su salud de acuerdo con su edad, madurez y capacidades evolutivas.

El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los y las adolescentes deben poder acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva gratuitos, confidenciales, no discriminatorios y adaptados a sus necesidades, respetando su privacidad y autonomía progresiva. La OMS señala que la educación sexual integral de calidad no aumenta la actividad sexual ni adelanta su inicio; la evidencia indica que puede retrasar el inicio de las relaciones sexuales, reducir conductas de riesgo y contribuir a prevenir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual.

Estos derechos también implican protección frente a la violencia sexual, el abuso, la explotación y prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz o forzado y la mutilación genital femenina. Asimismo, incluyen el derecho a recibir apoyo y atención que respeten su privacidad, dignidad y capacidades evolutivas.

La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es una grave vulneración de los derechos humanos y una manifestación de abuso de poder. Puede producirse en entornos familiares, escolares, comunitarios e institucionales, en contextos de conflicto y desplazamiento, y también en internet. Incluye el abuso y la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual y la producción, posesión o difusión de material de abuso sexual infantil, así como otras formas de violencia sexual ejercidas mediante violencia, coerción, chantaje, engaño, manipulación, abuso de confianza o situaciones de desigualdad. Las formas de abuso y explotación sexual pueden darse tanto fuera de internet como en línea, y a menudo lo que ocurre en un entorno se traslada al otro.

En el entorno digital, estas violencias incluyen la captación con fines sexuales (grooming), la extorsión sexual (sextorsión), la creación, manipulación o difusión no consentida de imágenes íntimas o sexualizadas y la generación mediante inteligencia artificial de imágenes sexualizadas falsas, incluidos los deepfakes y las técnicas de “nudificación”.

También existen prácticas nocivas vinculadas a la desigualdad de género, como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, precoz o forzado, que vulneran la integridad, la autonomía corporal y otros derechos de niños, niñas y adolescentes.

En conflictos, crisis o desplazamiento, la violencia sexual puede incluir su utilización como táctica o método de guerra, así como la explotación y los abusos durante rutas migratorias, en fronteras o en situaciones de desplazamiento. El derecho internacional exige a los Estados, entre otras obligaciones, prevenir estas violencias, proteger a niños, niñas y adolescentes, investigar los hechos, llevar a las personas responsables ante la justicia y garantizar mecanismos seguros de denuncia, atención especializada, recuperación y reparación. Estas medidas deben respetar su privacidad, dignidad e interés superior y evitar la revictimización.

El derecho a la educación, reconocido en los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es un derecho multiplicador o “llave”: permite a niños, niñas y adolescentes comprender, ejercer y defender sus demás derechos humanos. La educación debe desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades, así como inculcar el respeto por los derechos humanos, la diversidad, la igualdad y el medioambiente.

Garantizar este derecho no consiste solo en asegurar una plaza escolar. Exige una educación inclusiva, equitativa y de calidad, accesible para todas las personas sin discriminación, que favorezca su autonomía y desarrollo integral.

La Convención exige que la enseñanza primaria sea obligatoria y gratuita. Asimismo, establece que la educación secundaria debe estar disponible y ser accesible para todas las personas, mediante medidas como la introducción de la gratuidad y ofreciendo asistencia financiera a quien la necesite.

Además, los Estados deben eliminar cualquier barrera de acceso relacionada con el género, la discapacidad, el origen socioeconómico, el estatus migratorio o cualquier otra condición. Las escuelas deben ser entornos seguros e inclusivos, donde la disciplina escolar se administre con pleno respeto a la dignidad humana y sin recurrir a castigos corporales ni a formas de disciplina humillantes o degradantes.

La expresión «niños y niñas soldados» se refiere a cualquier persona menor de 18 años que haya sido reclutada o utilizada por una fuerza armada o un grupo armado, en cualquier función. Los Principios de París utilizan la fórmula “niños y niñas asociados a fuerzas armadas o grupos armados”, que refleja mejor la amplitud de esta realidad. Su reclutamiento y utilización vulneran gravemente los derechos de la infancia y las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. La definición no se limita a quienes participan directamente en combate: incluye a niños y niñas utilizados como combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o con fines de explotación y violencia sexual.

“El reclutamiento y la utilización de menores de 18 años en los conflictos armados constituyen graves violaciones de derechos humanos”.

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: Reclutar, alistar o utilizar a niños y niñas menores de 15 años para participar activamente en hostilidades constituye un crimen de guerra, tanto en conflictos internacionales como no internacionales.
   
• Principios de París: Establecen que la prevención, la liberación, la recuperación física y psicológica y la reintegración social deben ser prioritarias. Los niños y niñas asociados a fuerzas o grupos armados deben ser tratados principalmente como víctimas, con independencia de cómo hayan sido reclutados o del papel que hayan desempeñado.

El reclutamiento puede separar a niños, niñas y adolescentes de sus familias, su educación y sus comunidades, y exponerlos a muerte, lesiones, violencia sexual, secuelas psicológicas y estigma. Los Estados y las partes en conflicto deben adoptar medidas para prevenir su reclutamiento y utilización, facilitar su liberación incondicional, investigar a las personas responsables y garantizar la recuperación y reintegración mediante programas seguros y adecuados a sus necesidades.