Para comprender las raíces del conflicto entre Israel y Palestina, es necesario retroceder hasta 1947, incluso más allá. El caso de Israel encierra una triste paradoja. Por un lado, el Estado de Israel existe porque una resolución de Naciones Unidas así lo reconoce. Es el primer Estado moderno creado de esta manera. Por el otro, el Estado de Israel no deja de vulnerar sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de esa misma organización que le reconoció la legitimidad de su existencia.
Israel representa a un pueblo que sufrió en sus carnes unos crímenes atroces . Años después es responsable de vulneraciones constantes del derecho internacional y de un sometimiento, represión y opresión constitutivos de crímenes de guerra contra una población marginada y repudiada: la palestina.
Concentración «Por una paz justa en Palestina e Israel» en Berlín, en la Washingtonplatz. © Amnesty International Deutschland, Stephane Lelarge
Clave 1: La creación del Estado de Israel
La Resolución 181 (II) de la ONU, aprobada en 1947, propuso dividir la Palestina histórica en dos Estados —uno judío y otro árabe— y establecer un régimen internacional para Jerusalén. Israel declaró su independencia en 1948, lo que desencadenó la primera guerra árabe-israelí y el inicio del desplazamiento masivo del pueblo palestino.
El sionismo es un movimiento nacionalista que persigue la creación de un Estado judío y democrático en la Tierra Prometida del judaísmo, localizada en la Palestina histórica. Movidos por razones económicas, nacional-religiosas y humanitarias, los judíos comenzaron a emigrar hacia esta Tierra Prometida en 1881. La primera oleada judía a gran escala tuvo lugar en la década de 1930, en pleno Mandato Británico, como consecuencia de la persecución nazi. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la Palestina histórica fue convertida, a través del Acuerdo Sykes-Picot, en colonia de Reino Unido.
Con el paso de los años, las comunidades judías asentadas en la Palestina histórica fueron creciendo y, con ello, aumentaron los enfrentamientos entre la población palestina que reivindicaba la independencia y la judía que consideraba ese territorio como propio. Ante este panorama, el Reino Unido acudió a Naciones Unidas en 1947, que emitió la Resolución 181 (II). Esta resolución presentó un plan de partición que dividió la región en dos Estados: uno árabe y otro judío. A este último se le asignó el 54% del territorio. A Jerusalén, ciudad clave para ambas culturas, se le otorgó un estatus de corpus separatum bajo un régimen internacional.
En el momento de aprobarse la Resolución 181 (II), la población árabe poseía más del 90% de la tierra y representaba aproximadamente el 70% de los habitantes del territorio, frente al 30% judío. Durante las negociaciones, solo se escucharon las organizaciones y actores sionistas, mientras que las voces árabes quedaron excluidas del proceso. Ante esta situación, la parte árabe rechazó el plan de partición de la ONU. En respuesta, Israel declaró unilateralmente su independencia en 1948, dentro de los límites fijados por la resolución, lo que desencadenó la primera guerra árabe-israelí.
Una niña palestina, con asma severa, descansa bajo una cama en el campo de personas refugiadas de Aida, cerca de Belén. Su familia fue desplazada en 1948 y vive bajo el bloqueo y la constante exposición a gases lacrimógenos. © Tanya Habjouqa/NOOR
Clave 2: Las Guerras de 1948 y 1967
En 1948, Israel declaró su independencia y, tras la guerra con los Estados árabes vecinos, pasó a ocupar el 77% del territorio, incluida parte de Jerusalén. Para la población palestina, fue la Nakba –la catástrofe–, que supuso la expulsión o huida de unas 700.000–750.000 personas y el inicio de la diáspora palestina. Décadas después, la Resolución 194 de la ONU sigue sin cumplirse. La guerra de 1967 amplió la ocupación israelí a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, marcando el comienzo del control militar que continúa hasta hoy.
En 1948, Israel ganó la denominada «Guerra de la Independencia» y pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén. La Franja de Gaza quedó bajo administración egipcia y Cisjordania –incluido Jerusalén Este– bajo administración jordana.
Por un lado, Israel sostiene que las potencias árabes intentaron destruir el recién creado Estado. Por otro, historiadores críticos con la narrativa oficial israelí afirman que esas potencias intervinieron para proteger a la población palestina, que ya antes de la independencia había sufrido desplazamientos forzados derivados de planes de conquista de grupos sionistas, como el Plan Dalet. Otros autores añaden que aquellas potencias vieron en el plan de partición de la ONU una nueva expresión de colonialismo occidental.
Para la población palestina fue la “Nakba” (desastre o catástrofe). Más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio; otras fuentes de Naciones Unidas hablan incluso de hasta el 85%.
Entre 700.000 y 750.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en personas refugiadas en países árabes vecinos o desplazadas en Gaza y Cisjordania.
Esta categoría jurídica se extendió a sus descendientes y, más de 70 años después, la cifra de personas refugiadas supera los cinco millones.
Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos de debate del conflicto, ya que la Resolución 194 de la ONU reconoce el derecho de retorno e indemnización de las personas refugiadas palestinas de aquel conflicto, así como de sus descendientes. Casi ochenta años después, la resolución sigue sin cumplirse.
Del total de entre las 700.000 y 750.000 personas palestinas desplazadas, se calcula que al menos entre 200.000 y 250.000 fueron forzosamente desplazadas antes de la guerra de 1948, como consecuencia de las acciones de los grupos paramilitares sionistas y del Plan Dalet. Estas personas sufrieron igualmente expropiación de tierras y destrucción de sus hogares y aldeas.
Mujeres, niños y niñas palestinos caminan entre los escombros en el campo de personas refugiadas de Nur Shams, el 10 de febrero de 2025. Las lluvias y la destrucción agravan las condiciones de vida tras meses de desplazamiento forzado y ofensivas militares. © Middle East Images/AFP via Getty
Clave 3: Jerusalén Este
Jerusalén Este es uno de los puntos más sensibles del conflicto entre Israel y Palestina. La Ciudad Vieja, con lugares sagrados para el islam, el judaísmo y el cristianismo, concentra el valor religioso y político de la zona. Israel anexionó Jerusalén Este en 1980, pese a su ilegalidad según el derecho internacional, mientras que la comunidad palestina la considera la capital de su futuro Estado. En 2017, Estados Unidos reconoció Jerusalén “unificada” como capital israelí, decisión aún vigente.
Otra de las grandes polémicas en este conflicto es Jerusalén Este. Su importancia reside en la Ciudad Vieja, que alberga santuarios de suma importancia para las tres religiones monoteístas: islamismo, judaísmo y cristianismo. Además, fue uno de los epicentros de la escalada del conflicto de mayo de 2021.
Para la población palestina, Jerusalén Este es la capital de un futuro Estado palestino libre.
Para los israelíes, Jerusalén en su totalidad es su legítima capital. Por ello, Israel anexionó Jerusalén Este en 1980 de manera “oficial” a través de la Ley de Jerusalén, estableciendo la capital del país en una Jerusalén “entera y unificada”.
A pesar de la ilegalidad de esta anexión conforme al derecho internacional, Estados Unidos, durante la primera Administración Trump, reconoció en 2017 la Jerusalén “unificada” como capital de Israel, trasladando allí su embajada. Una decisión que posteriormente no fue revertida por la Administración Biden.
Graffiti en una sección del muro de separación israelí en Cisjordania, símbolo de la ocupación y la fragmentación territorial palestina. En él se leen mensajes como “Make hummus, not walls” en demanda de libertad y justicia. © picture alliance / CHROMORANGE | Annik Susemihl
Clave 4: Los Acuerdos de Oslo y Camp David
Los Acuerdos de Oslo (1993) establecieron un proceso de paz entre Israel y Palestina basado en una autonomía palestina provisional en Cisjordania y Gaza, dividida en las zonas A, B y C. Sin embargo, la expansión de los asentamientos israelíes y la falta de avances en cuestiones clave –refugiados, Jerusalén y fronteras– frustraron su aplicación. El intento posterior en Camp David (2000) también fracasó, consolidando una fragmentación territorial y el control israelí sobre la mayor parte del territorio palestino.
Los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, se enmarcan en un proceso de paz que comenzó en Madrid en 1991. En esta época se produjeron los primeros reconocimientos oficiales del Estado de Palestina y la primera intifada palestina contra la ocupación. Los acuerdos preveían cinco años para alcanzar un pacto de paz permanente, pero no se consiguió.
Entre otras cuestiones, Israel aceleró la expansión de los asentamientos ilegales tanto durante las negociaciones como durante la implementación de los acuerdos. En el año 2000 se intentó de nuevo con los Acuerdos de Camp David, pero tampoco se logró. No hubo acuerdo ni en el retorno de las personas refugiadas, ni en el estatuto de Jerusalén, ni en los ajustes territoriales, ni en las cuestiones de seguridad israelíes.
En los Acuerdos de Oslo no se reconoció la totalidad de Cisjordania como región autónoma palestina y la fragmentaron en tres zonas:
- Zona A: bajo control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina.
- Zona B: bajo control civil palestino pero bajo control militar palestino-israelí.
- Zona C: bajo control civil y militar israelí. Cuando se escucha hablar de la Cisjordania ocupada, normalmente se hace referencia a esta última zona, aunque también hay áreas de la segunda zona.
De las tres zonas, la zona A es la menor. En ella, al igual que en la zona B, están las principales ciudades, campos de personas refugiadas y pueblos palestinos, que suponen alrededor del 95% de la población, pero solo el 40% de las tierras.
La zona C, bajo control civil y militar israelí, comprende el 60% restante de las tierras de Cisjordania, incluidas todas las reservas de tierras y todas las carreteras principales, pero es inaccesible en su mayor parte para la población palestina. Los recursos clave para la vida, como el agua o saneamiento, pasan o están en esta tercera zona.
Desde 2002, Israel ha levantado una red de muros, bloqueos, puestos fronterizos y zonas restringidas para separar las áreas entre sí y aislar el conjunto de Cisjordania de Israel. Estos muros tienen un doble objetivo: facilitar la movilidad de los colonos israelíes y limitar la libertad de movimiento de la población palestina, confinándola en enclaves cada vez más pequeños y desconectados.
La estrategia que Israel llevó a cabo durante el proceso de Oslo, de establecer unas condiciones injustas para la población palestina, con el pretexto de que son temporales y previas a una paz duradera (para después convertir esas condiciones en permanentes), no es nueva. Se ha repetido desde hace décadas, antes de Oslo, y continúa hasta nuestros días. Recibe el nombre de “política de hechos consumados”.
Semanas de ataques israelíes redujeron a escombros los edificios de la ciudad en la Franja de Gaza, dejando a miles de personas sin hogar y agravando la crisis humanitaria. © Jehad Alshrafi/Anadolu vía Getty Images
Clave 5: Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo
La Franja de Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, vive bajo un bloqueo israelí desde 2007 que restringe la entrada de bienes, servicios y personas. Antes del 7 de octubre de 2023, más de la mitad de su población vivía en pobreza y padecía inseguridad alimentaria. La situación humanitaria, ya crítica, se ha agravado aún más con los ataques posteriores y el aislamiento casi total de su población civil.
Gaza es la prisión más grande del planeta. Antes del 7 de octubre de 2023, el propio António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, definía la Franja como “el infierno en la Tierra”. Es una de las regiones con una situación humanitaria más crítica del mundo, donde viven alrededor de dos millones de personas, más de la mitad niños, niñas y adolescentes.
En una superficie de apenas 365 km² –aproximadamente la mitad de la isla de Menorca–, esa población convierte a Gaza en una de las zonas más densamente pobladas del planeta.
Antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el 58,4% de la población vivía en situación de pobreza, el 54% padecía inseguridad alimentaria y más del 75% dependía de ayuda humanitaria. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca eran total o parcialmente inaccesibles debido a las medidas militares israelíes.
Cada día se vertían al mar entre 50 y 80 millones de litros de aguas residuales parcialmente tratadas. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no era potable, y alrededor de un tercio de los medicamentos esenciales estaba agotado. Incluso antes del 7 de octubre, entraban a la Franja unos 500 camiones de ayuda humanitaria al día, cifra ya entonces considerada insuficiente.
Y podríamos seguir. Gaza está bloqueada desde 2007 por tierra, mar y aire por orden de Israel, y miles de personas arriesgan sus vidas contrabandeando mercancías a través de la frontera con Egipto debido a las restricciones israelíes. La población de Gaza se encuentra aislada del resto de los territorios palestinos y, tras tantos años de bloqueo, muchos de sus habitantes nunca han podido salir de la Franja.
“Bajo bloqueo desde 2007, Gaza es una prisión a cielo abierto donde dos millones de personas sobreviven sin agua potable, electricidad ni libertad de movimiento.”
La población de Gaza está integrada en su mayoría por personas palestinas que fueron expulsadas de sus hogares y tierras desde 1948, así como por sus descendientes. Solo unas 150.000 personas pudieron permanecer dentro de Israel, muchas en calidad de desplazadas internas, y en 1952 obtuvieron la ciudadanía israelí. Estas personas y sus descendientes son los llamados “árabes-israelíes”, que hoy representan alrededor del 20% de la población israelí.
Desde el año 2007, Gaza está gobernada de facto por Hamás, un grupo armado considerado organización terrorista según múltiples países e instituciones internacionales, incluida la Unión Europea. Cabría preguntarse, por tanto, si la comunidad internacional, con su letargo y pasividad, es responsable de que un grupo armado que ha cometido numerosos crímenes de guerra sea uno de los principales actores, por no decir el principal, en la defensa del pueblo palestino. Más aún si tenemos en cuenta que Hamás no tiene reparo en utilizar a la propia población palestina, a la que tiene oprimida en la Franja, como escudos humanos.
En 2018 tuvo lugar la Gran Marcha del Retorno, una serie de protestas a lo largo de la valla que reivindicaban el derecho de retorno a sus hogares en Cisjordania y en otros países vecinos. Las manifestaciones fueron reprimidas con violencia letal por parte de Israel, dejando centenares de personas muertas y miles de heridas.
Residentes observan cómo una excavadora israelí derriba una casa palestina en la zona de Umm Qasas de Masafer Yatta, en la Cisjordania ocupada, el 25 de julio de 2022. © Mosab Shawer/AFP vía Getty Images
Clave 6: La política de desalojos y destrucciones
La política israelí de desalojos y demoliciones combina leyes nacionales y órdenes militares que restringen el derecho de las personas palestinas a sus viviendas y tierras. Normas como la Ley de Bienes Ausentes (1950) y la Ley de Asuntos Legales y Administrativos (1970) permiten a colonos judíos reclamar propiedades en Jerusalén Este, mientras se prohíbe a la población palestina hacer lo mismo. En Cisjordania, las ordenanzas militares y las “zonas de tiro” consolidan un patrón sistemático de desplazamiento y fragmentación territorial.
Hay dos leyes clave en la política de desalojos de Israel: la Ley de Bienes Ausentes de 1950 y la Ley de Asuntos Legales y Administrativos de 1970.
La primera prohíbe a la población palestina reclamar las propiedades que perdió durante el conflicto de 1948. No pueden reclamarlas ni quienes fueron expulsados fuera de las fronteras ni quienes fueron reubicados dentro de Cisjordania o Jerusalén Este, como los residentes de Sheikh Jarrah o Silwan.
La segunda permite exclusivamente a personas judías reivindicar tierras y propiedades que supuestamente pertenecían a judíos en Jerusalén Este antes de 1948. Esta ley de 1970 ha permitido que entidades judías con un estatuto jurídico poco claro se apropien de diferentes barrios de Jerusalén Este, incluido Sheikh Jarrah. Posteriormente, estas entidades vendieron los derechos de propiedad o transfirieron su gestión a organizaciones de colonos sin vínculo con los supuestos propietarios originales. Finalmente, esas organizaciones presentaron demandas de desalojo contra las familias palestinas residentes.
Los palestinos, por su parte, no pueden reclamar las propiedades porque la Ley de Bienes Ausentes de 1950 se lo prohíbe. Es una trampa jurídica perfecta que permite a personas judías recuperar propiedades perdidas en 1948 mientras niega ese mismo derecho a la población palestina.
“El sistema jurídico israelí permite a los colonos reclamar tierras en Jerusalén Este mientras niega ese mismo derecho a la población palestina.”
La política de desalojos forzosos y destrucción de propiedades se lleva a cabo también en el resto de Cisjordania, pero con otro pretexto. En lugar de aplicar leyes, aplica ordenanzas militares, como la 1797 o la 1252. La primera sirve para demoler estructuras palestinas con un aviso previo de 96 horas, limitando el margen y posibilidades de los palestinos de reclamar nada. La segunda se utiliza para confiscar sin previo aviso “estructuras móviles” dentro de los 90 días siguientes a su construcción.
Los puestos avanzados ilegales (asentamientos rudimentarios) de colonos israelíes avisan al Gobierno rápidamente en cuanto ven una estructura palestina nueva, y entonces la administración israelí se moviliza mediante estas órdenes militares. Las estructuras palestinas demolidas o confiscadas son residencias, centros de saneamiento o higiene, centros sanitarios, refugios o instalaciones de abastecimiento de agua.
El círculo de la política de desalojos y destrucciones llega también a Cisjordania con la catalogación de “zonas de tiro” para entrenamiento militar. Desde 1970, Israel ha declarado que el 18% de Cisjordania únicamente sirve para entrenamiento militar, por lo que es peligroso vivir allí y en consecuencia nadie puede hacerlo. Casualmente, esas zonas de tiro abarcan zonas estratégicas por los recursos que albergan y/o son zonas en las que viven (o vivían) comunidades palestinas especialmente vulnerables que carecían de acceso a sanidad, electricidad, educación o agua. Igualmente, esas zonas de tiro rodean enclaves palestinos, de tal manera que no pueden conectarse con el resto de núcleos poblacionales.
Manifestación contra las demoliciones y la confiscación de tierras palestinas por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania. © picture alliance / NurPhoto | Mati Milstein
Clave 7: La política de asentamientos
Los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado –presentes desde 1967– son ilegales según el derecho internacional y han sido condenados por la Corte Internacional de Justicia. Israel distingue entre asentamientos “oficiales” y “puestos avanzados”, pero ambos contribuyen a la fragmentación territorial y a la violencia contra la población palestina, con apoyo directo o indirecto del Estado.
Los asentamientos ilegales llevan extendiéndose por el Territorio Palestino Ocupado desde la Guerra de 1967. Se distinguen dos tipos: los asentamientos oficiales, que cuentan con "autorización oficial" del Gobierno, y los puestos avanzados, que no cuentan con ella.
Los asentamientos, protegidos por toda la infraestructura relacionada con los Muros de Cisjordania, y comunicados entre sí por carreteras únicamente accesibles para los colonos, son además un importante foco de violencia para la población palestina. La CIJ declaró en 2024 que los asentamientos son ilegales. Ya lo hizo antes, en 2004, a raíz de una opinión consultiva sobre los Muros de Cisjordania. Lejos de retroceder, Israel ha continuado expandiendo sus asentamientos.
Los colonos que viven en los asentamientos oficiales (e ilegales) escogen vivir ahí por motivos más prácticos que ideológicos (aunque no solo), basados en la buena calidad de vida que ahí pueden obtener. La inversión y el grado de desarrollo de los asentamientos es tal que han llegado para quedarse, sin que haya indicios de que vayan a desaparecer a medio o largo plazo.
Por su parte, los colonos residentes en los puestos avanzados se mueven por motivos ideológicos. Consideran ese terreno legítimamente ganado en 1967, habiéndose instalado en tierras deshabitadas que les pertenecen por derecho y mandato divino e histórico. El terreno es suyo porque lo dice la Torá. Todo lo demás, no importa. Y por ello consideran legítima y necesaria la violencia que ejercen contra las personas palestinas alrededor de los asentamientos. Una violencia que se ha ido incrementando con el paso de los años, ocasionando numerosas muertes palestinas, y que ha contado con el respaldo del Estado de Israel desde hace décadas. Las propias fuerzas israelíes tienen un largo historial de propiciar la violencia e impunidad de los colonos, participando directamente en muchas ocasiones.
La población palestina reciben raciones de comida en un punto de donación en un campamento para personas desplazadas internas en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 2 de febrero de 2024. © SAID KHATIB/AFP vía Getty Images
Clave 8. El “problema demográfico”
Las políticas israelíes de inmigración, ciudadanía y control territorial responden a una estrategia de intentar garantizar una mayoría demográfica judía en toda la Palestina histórica. La Ley de Retorno (1950) y la Ley de Nacionalidad (1952) facilitaron la ciudadanía automática para personas judías, mientras se impide el derecho de retorno a millones de personas refugiadas palestinas. La Ley del Estado-Nación (2018) consolidó esta desigualdad legal, al establecer que solo el pueblo judío posee el derecho a la autodeterminación en Israel.
En 1950, Israel concedió a todas las personas judías el derecho a emigrar al país mediante la Ley de Retorno, y más tarde, en 1952, el derecho a la ciudadanía automática a través de la Ley de Nacionalidad. Las autoridades israelíes consideraron estas medidas necesarias para evitar otro intento de exterminio del pueblo judío tras el Holocausto y para ofrecer refugio a las personas judías perseguidas en otras partes del mundo.
“Israel solo ha cumplido totalmente el 0,5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado.”
Mientras tanto, Israel sigue impidiendo que cientos de miles de personas refugiadas palestinas desplazadas durante el conflicto de 1947-49 puedan regresar a sus casas debido a consideraciones demográficas. Tanto las que actualmente viven en campos de refugiados de terceros Estados como aquellas desplazadas en Cisjordania o Gaza.
La esencia del sistema de opresión y dominación sobre la población palestina cristalizó claramente en la Ley del Estado-Nación de 2018, que consagraba el principio de que “el Estado de Israel es el Estado nación del pueblo judío” y que el derecho a la libre determinación es exclusivo “del pueblo judío”. “Este es un momento definitorio en los anales del sionismo” afirmó entonces Netanyahu. “Israel no es un Estado de todos sus ciudadanos. De acuerdo con la Ley Básica que hemos aprobado, Israel es el Estado Nación del pueblo judío, y solo suyo” declaró también. Recordemos que los árabes-israelíes constituyen el 20% de la población israelí.
Al mismo tiempo, a la representación palestina enla Knéset (Parlamento de Israel) se le aplican normas y leyes discriminatorias que limitan su capacidad de representar y defender los derechos de la minoría palestina en Israel.
Las zonas establecidas por los Acuerdos de Oslo, el bloqueo de Gaza, la expansión de los asentamientos ilegales, los desalojos y demoliciones, y la negación del derecho de retorno forman parte de un mismo objetivo: resolver el llamado “problema demográfico”. Es decir, garantizar que la población judía sea mayoritaria en toda la Palestina histórica.
Si, por ejemplo, regresaran los cinco millones y medio de personas refugiadas palestinas que viven en terceros Estados, la mayoría demográfica judía dejaría de existir. Israel quiere el territorio palestino, pero sin los palestinos.
Israel tiene tres pretensiones: ser un Estado judío, un Estado democrático y extender su soberanía al Territorio Palestino Ocupado. Ello le genera un trilema, ya que no puede conseguir estos tres objetivos al mismo tiempo. La consecución simultánea de todos ellos hace que automáticamente uno sea incompatible con los otros dos. Por lo tanto, Israel está obligada a renunciar a una de sus pretensiones.
Clave 9. El genocidio israelí contra la población palestina de la Franja de Gaza
Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo una ofensiva militar que, según Amnistía Internacional y otras organizaciones, reúne los elementos del crimen de genocidio contra la población palestina de Gaza. Las acciones deliberadas –asesinatos masivos, desplazamientos forzados, bloqueo del acceso a alimentos, agua y medicinas– y la retórica deshumanizadora de las autoridades israelíes demuestran una intención de destruir total o parcialmente al pueblo palestino de Gaza.
Israel ha cometido y está cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza después de los terribles ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 mediante sus políticas, sus acciones y sus omisiones. No hay ninguna duda de que uno de los objetivos de la ofensiva militar de Israel contra Gaza es eliminar a Hamás. Pero la investigación de Amnistía Internacional, así como las investigaciones de otras voces y organizaciones, confirma que su intención es también destruir a la población palestina de Gaza.
Lo que se entiende por genocidio se encuentra codificado internacionalmente en dos textos fundamentales: la Convención sobre el Genocidio y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Ambos coinciden en definir el genocidio como una serie de actos cometidos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Esos actos son un total de cinco, de los que Amnistía Internacional ha documentado que Israel está cometiendo los tres primeros:
- Matanza de miembros del grupo.
- Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
- Medidas destinadas a impedir nacimiento en el seno del grupo.
- Traslado por la fuerza de niños y niñas del grupo a otro grupo.
Estos actos se han cometido con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza, llegando incluso a utilizar el hambre como arma de guerra.
Con el paso de los años, Israel ha cometido crímenes de guerra, el crimen de lesa humanidad y, ahora, el crimen de genocidio contra el pueblo palestino. Ello significa que Israel ha cometido todos los crímenes internacionales más graves que hoy por hoy pueden cometerse contra la población palestina, ya que el crimen de agresión no puede cometerse contra el Estado palestino al no ser este miembro de pleno derecho de la ONU, sino Estado observador.
Ya sea para alcanzar su objetivo militar o paralelamente al mismo, Israel ha seguido un patrón de conducta en Gaza, incluyendo declaraciones de altas autoridades israelíes,que demuestran una intención genocida que, en ningún caso, pueden justificarse en las acciones de Hamás. Israel es perfectamente capaz de librar una ofensiva más selectiva contra el grupo armado, una guerra que cumpla con las exigencias del derecho internacional humanitario, pero ha elegido deliberadamente no hacerlo.
Un niño palestino junto a una ambulancia destruida tras un ataque israelí. © picture alliance / dpa
Un buen ejemplo de ello de la intención genocida de Israel es el ataque al Campamento de Paz de Kuwait, situado al oeste de Rafah, en Gaza, del 26 de mayo de 2024. La justificación israelí del ataque era la presencia de cuatro milicianos de Hamás en el citado campamento. Efectivamente, había milicianos de Hamás, pero aún cuando estuvieran ubicados deliberadamente en el campamento con la intención de no ser objetivos militares (lo que implica poner en peligro a la población civil, cometiendo el crimen de guerra de utilizar infraestructuras y personas civiles como “escudos humanos”), y aún cuando pudiese existir una supuesta “necesidad militar imperiosa”, ello no exime a Israel de cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. De tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil y de evitar ataques indiscriminados o desproporcionados. Los crímenes de guerra cometidos por un grupo armado no pueden servir de justificación para que un Estado que se dice democrático incumpla sus obligaciones internacionales, menos aún en una zona pequeña muy densamente poblada como es la Franja de Gaza, y menos aún cuando Israel dispone de capacidad militar para librar una guerra selectiva.
En lugar de utilizar los métodos menos lesivos posible, Israel decidió lanzar dos bombas GBU-39, de fabricación estadounidense, sobre el pequeño campamento de refugiados densamente poblado. Estas bombas liberan mortíferos fragmentos de metralla en un amplio radio al impactar, lo que no las hace eficaces para discriminar objetivos militares de civiles. Utilizar un método indiscriminado con alta capacidad de destrucción en una zona reducida densamente poblada implica que da igual donde se sitúen los milicianos de Hamás en el campamento y dónde se lancen las bombas: muchas personas inocentes van a morir igual.
Que Israel, aún así, decidiese optar por este método demuestra un terrible desprecio por la vida humana en Gaza. Es la conclusión a la que se llega analizando un solo ataque. Solo durante los dos primeros meses de genocidio, Israel llevó a cabo diez mil ataques aéreos sobre la Franja, en muchos de ellos utilizando bombas de amplio. El genocidio dura ya dos años. El ataque al Campamento de Paz de Kuwait es uno de los muchísimos ejemplos que demuestran la intención genocida de Israel. Esa es la “única inferencia razonable” de su patrón de conducta.
Las pruebas de la intención genocida se extraen de los siguientes elementos:
- Magnitud de la destrucción y de las víctimas: al menos 68.000 personas palestinas asesinadas en solo dos años, incluidas más de 10.400 mujeres y 20.000 niños y niñas; 170.000 heridas y decenas de miles desaparecidas bajo los escombros. Una destrucción que también se extiende a Cisjordania.
- Desplazamiento forzado masivo: cerca del 90% de la población gazatí ha sido desplazada en condiciones inhumanas.
- Uso sistemático de armas explosivas en zonas densamente pobladas.
- Órdenes de evacuación generalizadas y a menudo engañosas y bombardeos en “zonas humanitarias” supuestamente seguras.
- Obstrucción y restricción, cuando no bloqueo total, a la entrada de alimentos, agua, medicinas y ayuda humanitaria.
Además, Israel ha convertido la entrega de ayuda en una trampa mortal mediante la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, que sustituyó a las operaciones humanitarias de Naciones Unidas. Bajo este sistema, miles de civiles deben caminar durante horas por zonas de combate para llegar a puntos de distribución militarizados, donde se producen masacresreiteradas. Solo en un mes, más de 500 personas palestinas fueron asesinadas y casi 4.000 heridas mientras intentaban acceder a alimentos. Las fuerzas israelíes y grupos armados vinculados han abierto fuego contra civiles hambrientos, en violación flagrante del derecho internacional.
A ello se suman las declaraciones públicas de funcionarios israelíes con responsabilidad directa en la ofensiva militar, que incitan o justifican actos genocidas y utilizan un lenguaje deshumanizador. Y con decenas de vídeos en Internet donde se ve a soldados israelíes pidiendo la destrucción de Gaza o la denegación de servicios esenciales. Donde se les ve destruyendo propiedades palestinas o denigrando personas palestinas.
“Israel ha impuesto un bloqueo total a Gaza. No tendréis electricidad ni agua, sólo destrucción. Queréis el infierno: tendréis el infierno.”
“Allí hay toda una nación que es responsable. No es verdad esta retórica sobre que los civiles no lo saben, no están implicados. Es absolutamente mentira.”
Una residente camina entre los escombros de edificios residenciales tras los ataques aéreos israelíes en el barrio de al-Zahra, en la Franja de Gaza, el 19 de octubre de 2023. © Mustafa Hassona/Anadolu vía Getty Images
Israel también libra una guerra contra la prensa: impide el acceso de periodistas internacionales a Gaza, y muchos reporteros palestinos han sido asesinados en ataques indiscriminados. En Cisjordania, las autoridades también reprimen la libertad de prensa.
En definitiva, se trata de un patrón de conducta sistemático y prolongado que demuestra que no existe lugar seguro en Gaza ante la intención genocida de Israel. Todo ello ocurre en un contexto de apartheid desde 1948, ocupación militar ilegal desde 1967 y bloqueo total desde 2007.
Clave 10: La impunidad
La impunidad de Israel frente a las resoluciones internacionales perpetúa la ocupación, el apartheid y el genocidio contra la población palestina. A pesar de las reiteradas condenas del Consejo de Seguridad de la ONU, Israel apenas ha cumplido el 0,5% de las resoluciones en materia de derechos humanos. Sin una voluntad política real de la comunidad internacional, la rendición de cuentas seguirá siendo una promesa vacía.
El Consejo de Seguridad y otros órganos de Naciones Unidas han emitido toda una serie de resoluciones (obligatorias cuando las emite el Consejo de Seguridad) y decisiones, además de las ya citadas en este artículo, respecto a los asentamientos, la anexión de Jerusalén Este, de los Altos del Golán sirio o la anexión de facto de Cisjordania mediante la confiscación de tierras y sus crecientes actividades de asentamiento, así como respecto a la ocupación y a los constantes incumplimientos por parte de Israel de todas estas resoluciones.
Israel solo ha cumplido totalmente el 0,5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado, y han habido muchas.
El principal problema del mundo moderno no es la falta de leyes, sino la ausencia de voluntad política. Como dijo el Secretario General Antonio Guterres “no puede haber paz sin justicia, ni justicia si prevalece la impunidad”. Tampoco puede haber paz si no se respeta el derecho internacional ni los derechos humanos.
El fin de la impunidad de Israel solo será posible mediante una voluntad política clara de la comunidad internacional que garantice la rendición de cuentas y el fin de la cultura de la excepcionalidad israelí. Se han pronunciado en este sentido la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU, la relatora especial Francesca Albanese, así como numerosos juristas y organizaciones civiles. Pero los Estados, aun teniendo herramientas jurídicas eficaces, no hacen cumplir sus propias leyes ni decisiones vinculantes.
Cientos de personas palestinas caminan por la carretera costera de Rashid, en el centro de Gaza, intentando regresar a la ciudad pese a los disparos del ejército israelí. © picture alliance / dpa
Israel es un país que tiene el dudoso honor de ser investigado al mismo tiempo por la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, los dos máximos tribunales internacionales. Ello no le coarta, ni un solo ápice, para cometer graves crímenes internacionales de manera sistemática. Sin una intervención decisiva de la comunidad internacional, el status quo del apartheid y del genocidio puede mantenerse indefinidamente como consecuencia de los grandes desequilibrios de poder entre israelíes y palestinos.
Es cierto que durante los últimos dos años parece que el paradigma internacional va cambiando poco a poco, que cada vez más Estados van dando ciertos pasos para hacer frente a la barbarie, pero el proceso de reconocimiento internacional de los crímenes de Israel sigue siendo demasiado lento y continúa con más sombras que luces en un contexto que siempre favorece al país judío, sin acciones que apremien a la rendición de cuentas.
Ante las evidencias irrefutables de los diferentes crímenes internacionales que Israel lleva décadas cometiendo, los Estados tienen la obligación de prohibir el comercio y la inversión de diferente tipo, incluyendo armamento y seguridad, que podrían contribuir a estas graves violaciones. Así, cada día que Estados Unidos o la Unión Europea pasan sin actuar, aumenta el riesgo de que se conviertan en cómplices de las acciones de Israel. En cómplices de crímenes de guerra, de apartheid o de genocidio.
Toda iniciativa de paz duradera debe basarse en el derecho internacional, respetar los derechos humanos de todas las personas y garantizar el fin inmediato de la ocupación ilegal y del sistema de apartheid impuesto por Israel. Es fundamental que cualquier acuerdo contemple justicia y reparación para las víctimas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Nada de esto estaba presente en el plan de paz de Trump, que prácticamente hacía elegir a la población palestina entre genocidio o apartheid. El apartheid y la ocupación están entre las causas originarias del horror que está padeciendo la población palestina, y cualquier plan que no reconozca esta realidad será en la práctica una fórmula para cometer más abusos.
En cualquier caso, no puede haber paz mientras las autoridades israelíes se nieguen siquiera a discutir la autodeterminación del pueblo palestino. Menos aún mientras una parte del Gobierno de Netanyahu presione para continuar el genocidio en Gaza y se jacte de haber boicoteado acuerdos de alto el fuego anteriores. La experiencia demuestra, tanto en Israel como en los Territorios Palestinos Ocupados, que la impunidad genera más violencia y atrocidades.
No puede ser que Israel lleve décadas cometiendo crímenes internacionales contra la población palestina, haya ignorado resoluciones obligatorias del Consejo de Seguridad, violado sistemáticamente el derecho internacional, desobedecido órdenes de la CIJ, y perpetuado ataques indiscriminados y bloqueos que han causado la muerte de al menos 68.000 personas palestinas en solo dos años, en su mayoría mujeres, niñas y niños, sin asumir responsabilidad alguna.
Y no solo eso, sino que además Israel se sienta una víctima de un orden jurídico internacional que supuestamente conspira en su contra. Que cualquier crítica y denuncia de sus abusos sea un ejercicio de antisemitismo y de odio contra el pueblo judío, y que Israel no sea en ningún caso responsable del devenir de los acontecimientos en la región desde 1948. ¿Cómo podría afirmarse tal cosa después de escuchar a autoridades israelíes hablar de las personas palestinas como si fuesen “animales humanos”, cuándo autoridades del Ministerio de Defensa israelí alegan que la población de Gaza tendrá “el infierno”?
Israel ha criminalizado sistemáticamente a las organizaciones y agencias de la ONU, como la UNRWA, que denuncian sus abusos, así como a los tribunales internacionales que investigan sus crímenes y a las organizaciones de la sociedad civil. No puede aspirar a ser parte de la comunidad internacional mientras actúe al margen de la ley internacional.
Niños y niñas palestinas buscan comida entre los desechos en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, ante el aumento del hambre y la escasez provocadas por el bloqueo israelí. © picture alliance / dpa
Desgraciadamente, Israel no es el único Estado que ha operado de esta manera. Estados Unidos (que además ha sancionado a Francesca Albanese y a la Corte Penal Internacional), Francia o Reino Unido, entre otros, también han perseguido a organizaciones civiles que denuncian a Israel y defienden al pueblo palestino, bajo acusaciones de terrorismo.
La crítica y denuncia al gobierno y autoridades de Israel no es una crítica al pueblo judío. No es un ataque antisemita, un acto de odio a las personas judías por el hecho de serlo, como muchas autoridades públicas de diferente rango y país no paran de afirmar. Mucho menos es un acto de terrorismo o una muestra de apoyo a Hamás, como igualmente afirman, sino un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión ante la comisión con total impunidad, desde hace casi 80 años, de los crímenes más graves que un Estado puede cometer: crímenes de guerra (incluyendo torturas), crimen de lesa humanidad de apartheid y, desde el 7 de octubre de 2023, crimen de genocidio.
Por si fuera poco, Israel aplica aún el Reglamento de Defensa (de Emergencia) de 1945, impuesto por Gran Bretaña durante el Mandato Británico para reprimir la resistencia local, un vestigio colonial que sigue vigente y que sustenta muchas de las violaciones actuales de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados.
La población palestina no puede esperar más. El orden internacional basado en normas está gravemente dañado por la impunidad de Israel. El mundo no olvidará lo que está sucediendo: la comunidad internacional debe elegir cómo quiere ser recordada.
