Los derechos de la infancia en Oriente Medio llevan años siendo vulnerados de forma sistemática: por conflictos armados, hambre, recortes a la ayuda humanitaria y leyes que agravan la desprotección de niños, niñas y adolescentes. En Yemen, Afganistán, Siria, Irak, Irán, Gaza y Cisjordania, millones de menores crecen sin educación, sin protección y sin futuro.
Según el último informe de Amnistía Internacional “La situación de los derechos humanos en el mundo”, los conflictos armados, el aumento de prácticas autoritarias y la crisis económica, social y climática, junto con el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina de Gaza, están teniendo un impacto devastador, especialmente para las zonas marginadas y para la población más vulnerable como lo es la infancia.
El número de víctimas que han perdido la vida, que han sido heridas o que se han visto desplazadas es alarmante, y las dificultades para entregar ayuda han agravado aún más la situación. Los recortes de Estados Unidos y de otros países de renta alta a la asistencia internacional han reducido la ayuda humanitaria, cerrado programas de salud e interrumpido el acceso a medicamentos vitales, causando un impacto devastador entre los niños, niñas y adolescentes de toda la región.
“Es necesaria una acción urgente por parte de todas las partes en conflicto para proteger la vida de la población civil y garantizar los derechos de la infancia”.
La infancia desplazada pierde mucho más que una vivienda: también pierde seguridad, escuela, estabilidad y espacios para jugar. © Silvia Casadei/MEI/SIPA
Yemen: hambre, recortes y desprotección de la infancia
En Yemen, la persistencia del conflicto sigue agravando los efectos de la crisis económica y gran parte de la población sufre de hambre al ser uno de los principales países que han visto suspendida la ayuda exterior. Esto ha interrumpido servicios de asistencia y de primera necesidad, como el tratamiento de la desnutrición en niños y niñas, mujeres embarazadas y lactantes, así como la atención médica para menores con cólera y otras enfermedades. Además, el deterioro de los servicios públicos y la creciente frecuencia de las perturbaciones climáticas dificultan el acceso a alimentos y agua.
El recorte de fondos ha obligado a cerrar clínicas de salud y de protección reproductiva, así como decenas de albergues seguros para supervivientes de violencia de género. Yemen es, además, uno de los pocos países del mundo sin una edad mínima legal para contraer matrimonio: casi una de cada tres mujeres se casa antes de los 18 años.
Discriminación sistémica contra mujeres y niñas en Siria, Irak e Irán
En toda la región, las mujeres y las niñas sufren discriminación sistémica por motivos de género, raza, nacionalidad, etnia, religión y clase social; tanto en la práctica como en la ley, enfrentándose a grandes obstáculos para acceder a protección, justicia y reparación.
Tenemos ejemplos en Siria, donde se desoyó a familias alauíes que denunciaban secuestros de mujeres y niñas por hombres armados no identificados. En Irak, que no ha penalizado la violencia de género en el ámbito familiar ni ha derogado artículos discriminatorios del Código Penal, como los que atenúan la pena por los llamados “asesinatos en defensa del honor” y permiten los castigos corporales a la esposa y a los hijos e hijas. O en Irán, donde la edad legal para el matrimonio es de 13 años. Son datos que reflejan cómo estos países siguen tratando a las niñas como ciudadanas de segunda clase.
Cada nuevo nacimiento en un campamento recuerda que el conflicto también marca el comienzo de la vida de miles de niños y niñas. © Silvia Casadei/MEI/SIPA
Afganistán: matrimonio infantil y exclusión sistemática de las niñas
Afganistán ya se encontraba en una situación de inestabilidad económica antes de la llegada de los talibanes al poder en 2021. La falta de financiación externa, la congelación de sus activos en el extranjero, el aumento del precio de los alimentos y el desempleo han sumido a la población en una grave crisis humanitaria: casi 23 millones de personas necesitan asistencia, 12 millones de ellas niños y niñas. En junio de 2025, UNICEF informó de que el 90% de los niños y las niñas vivían en situación de pobreza alimentaria (la mitad, en grado extremo) y que en torno a 4 millones de menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes sufrían desnutrición aguda, agravada por enfermedades diarreicas derivadas de las malas condiciones de agua, saneamiento e higiene.
Es sin duda uno de los peores lugares del mundo para ser niño, pero sobre todo para ser niña. A lo largo de estos cinco años, los ataques sistemáticos contra sus derechos se han ido intensificando mediante decretos y políticas que restringen cada vez más su libertad. Todo ello va más allá del requisito de que sean acompañadas por un mahram (familiar varón) en sus desplazamientos: no pueden vestirse como desean, hablar en público, cantar o disfrutar de tiempo del ocio, limitando así su participación en las comunidades. Dicha eliminación de la vida pública tiene efectos devastadores en la infancia afgana, conduciéndola al aislamiento social y a una angustia mental de por vida, con efectos que se extenderán a las generaciones venideras.
Los talibanes han reducido también su derecho a la educación: las niñas no pueden asistir al colegio una vez cumplidos los 12 años, congelando así su futuro. Esto, combinado con la precariedad económica familiar, empuja a miles de niños y niñas a trabajar.
Lo que es peor: algunos padres terminan vendiendo a sus hijos e hijas para sobrevivir. Las niñas quedan así reducidas a objeto de intercambio, sin voz ni perspectiva, sometidas a violencia sexual, explotación y matrimonios forzados, obligándolas a ser madres a edades muy tempranas. Esta situación se ha agravado tras la nueva ley aprobada en mayo de 2026 que autoriza el matrimonio infantil, una de las mayores vulneraciones de los derechos de la infancia según la Convención sobre los Derechos del Niño y el derecho internacional.
Según esta ley, si un pariente distinto del padre o del abuelo concertara el contrato matrimonial de un menor de edad con una pareja compatible y una dote adecuada, el matrimonio se considerará válido. Solo se permite la anulación tras la llegada a la pubertad, mediante resolución judicial. Y la desigualdad es explícita: el silencio de una niña al alcanzar la pubertad equivale a consentimiento sobre la continuidad del matrimonio, pero no así para los niños.
Las nuevas políticas talibanes fomentan además la violencia de género en el ámbito doméstico y en el espacio público, con leyes que buscan “promover la virtud y eliminar el vicio” e imponen penas por delitos imprecisos y excesivamente amplios en relación con el estricto cumplimiento religioso. El Código de Procedimiento Penal para los Tribunales, aprobado a principios de 2026, prácticamente convierte a las mujeres y las niñas en objetos propiedad del marido.
Un alto funcionario de la ONU advirtió que estos decretos ofrecen una “visión de futuro preocupante para Afganistán”, además la pobreza no puede convertirse en una coartada narrativa que invisibilice a las niñas afganas.
“La regulación convierte un sistema ya de por sí represivo en otro aún más draconiano. Las mujeres y las niñas están, por supuesto, entre los grupos de población más afectados, con disposiciones que normalizan la violencia de género en el ámbito familiar e imponen restricciones aún mayores a su circulación y su autonomía”.
Mujeres y activistas de derechos humanos afganas han calificado de “apartheid de género” estos ataques sistemáticos, un crimen que Amnistía Internacional exige que sea reconocido en el derecho internacional. En julio de 2025, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó una orden de detención contra el líder talibán y el presidente de su Tribunal Supremo por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género cometido contra mujeres y niñas.
Afganistán tiene hoy el dudoso honor de ser el único país del mundo que ha convertido la eliminación de las niñas de la vida pública en política de Estado.
La infancia en Gaza, Cisjordania y Líbano bajo los ataques de Israel
La guerra no solo destruye edificios. También obliga a miles de familias a criar a sus hijos en tiendas de campaña, sin seguridad ni atención médica. © Faiz QREQA/SIPA
Todas las partes en un conflicto armado deben respetar el derecho internacional humanitario, en particular poniendo fin a los ataques directos contra la población y las infraestructuras civiles, así como a los ataques indiscriminados y desproporcionados, como está sucediendo en Líbano. Los ataques llevados a cabo por el Israel contra edificios como escuelas (transformadas en refugios) y hospitales, sin previo aviso y sin ser identificados como objetivos, están llevando a la población a desplazarse además de ver la destrucción de su ciudad. Viven constantemente con su seguridad amenazada, afectando emocionalmente a los niños y a las niñas que crecen entre el miedo y el desplazamiento.
En la Franja de Gaza, en Cisjordania y en el resto del Territorio Palestino Ocupado, la población está siendo sometida de manera masiva a hambruna, homicidios, desplazamientos forzados e ilícitos y a una gran destrucción de viviendas, infraestructuras civiles y tiendas de campaña en donde se albergan las personas desplazadas. Han creado un sistema de apartheid contra todas las personas palestinas, con operaciones militares de alta intensidad y un acusado aumento de la violencia de los colonos contra la población civil, respaldada por el Estado, a pesar de haberse firmado acuerdos de alto el fuego. La violencia en Cisjordania ha escalado con el paso de las décadas hasta alcanzar el umbral de la limpieza étnica.
Los niños y las niñas en contextos de guerra son los que más riesgo corren de sufrir ansiedad y estrés, y muchos empiezan a sentir a muy temprana edad el miedo a perder a las personas que quieren o a ser separados de su familia, además del hecho de que muchos terminan convirtiéndose en objetivos de los ataques debido al continuo desplazamiento.
Según Catherine Russell, directora de ejecutiva de UNICEF, “los niños y niñas no comienzan las guerras, y no pueden acabar con ellas, pero siempre pagan el precio más alto”, pues son ellos y ellas la gran mayoría de los perjudicados de estos ataques y la violencia diaria: se han quedado sin educación ni acceso a un espacio seguro, sin su casa, viéndose obligados a vivir en tiendas de campaña bajo condiciones insalubres que aumentan el riesgo de epidemias y enfermedades. Los espacios de ocio infantiles han quedado reducidos a escombros por ataques por con drones, como ocurrió durante el Eid al-Adha, una de las fechas más importantes para los musulmanes, en la que los niños y niñas suelen estrenar ropa, recibir dulces y disfrutar de las celebraciones junto con sus familias.
Desde el 7 de octubre de 2023, la cifra de niños y niñas de Gaza asesinados ha sido estremecedora. Según datos actualizados a febrero de 2026 por UNICEF, al menos 21.289 niños y niñas fueron asesinados de entre los más de 71.800 palestinos, más de 44.500 resultaron heridos de un total de 171.230 personas, y desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025 hasta el fin de ese mismo año, se informó que 529 palestinos fueron asesinados, incluidos más de 120 niños.
Sin embargo, los daños causados en los niños y niñas palestinos no son solo físicos, sino también emocionales: no hay ningún niño o niña en Gaza o en Cisjordania ocupada que no sufra traumas graves. Ante la violencia, la destrucción y la muerte constante, muchos se retraen y dejan de interactuar con el mundo, o bien pierden el habla debido a las conmociones o sufren trastornos de estrés postraumático.
La pena de muerte israelí aplicada a la infancia palestina
A todo esto se debe añadir que, en marzo, el Estado de Israel aprobó una nueva ley ("Ley de Pena de Muerte para Terroristas") que impone la pena capital a los palestinos condenados, exige que las ejecuciones se realicen con rapidez e iguala a los niños palestinos con los adultos en las condenas, incluyendo la muerte por horca.
Israel no suele considerar a los niños palestinos como civiles, sino como amenazas potenciales, y bajo su sistema judicial militar, los niños palestinos de tan solo 12 años son interrogados y procesados sin las garantías legales adecuadas, en condiciones que facilitan la coacción y la obtención de confesiones, obviando deliberadamente el derecho internacional que considera a los niños y niñas como personas protegidas y con derecho a garantías especiales en virtud del IV Convenio de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La impunidad absoluta de la que ha gozado Israel ha terminado allanando el camino para seguir cometiendo violaciones del derecho internacional, y además de sus operaciones militares en el Territorio Palestino Ocupado, Israel ha lanzado ataques sucesivos contra países vecinos: Irán, Líbano, Siria, Yemen y Qatar. Esta escalada militar no solo afecta una vez más a los niños, niñas y familias enteras, sino que sume de nuevo a la población de Oriente Medio en un caos que amenaza con abarcar cada vez más países.
Por ello, apelamos a que haya un cese inmediato de las hostilidades y una desescalada real, pues la población civil, especialmente los niños y niñas, deben ser protegidos en todo momento y en toda circunstancia.
“La escalada de la crisis en Oriente Medio plantea una grave amenaza para el multilateralismo y para la integridad del orden jurídico internacional. Los actos ilegales cometidos por las partes en el conflicto, en particular por Estados influyentes, no solo ponen en peligro a la población civil en múltiples países, sino que también aceleran la erosión de las normas globales que son esenciales para la protección de los derechos humanos y para la paz y la seguridad internacionales”.
