Ponemos cara a las autoridades israelíes implicadas directamente en el mantenimiento de la ocupación ilegal y el sistema de apartheid sobre la población palestina, entre ellas el primer ministro, Benjamin Netanyahu; el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich: el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el ministro de Defensa, Israel Katz y la ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, Orit Strock.
Zanuta: cómo Israel destruyó una comunidad palestina en Cisjordania
Jirbet Zanuta era una pequeña localidad donde sus habitantes, palestinos y palestinas beduinos, vivieron de cultivar la tierra y del pastoreo en las colinas del sur de Hebrón durante décadas. A sólo un kilómetro de allí, los colonos israelíes establecieron en 2021 un puesto ilegal de avanzada conocido como Meitarim Farm, y no tardaron en emprender una campaña constante de amenazas y ataques violentos contra la población.
En octubre de 2023, colonos israelíes armados, acompañados por las propias fuerzas militares, dieron un ultimátum muy claro a sus habitantes: marcharse o sufrir las consecuencias. La comunidad palestina no tuvo más remedio que huir, y a pesar de que en julio de 2024 y febrero de 2025 el Tribunal Supremo de Israel ordenó que se les permitiera regresar, tanto ejército como policía ignoraron la orden.
Tras decenios de discriminación sistémica por parte de las autoridades israelíes, y por medios como las amenazas de demolición, a finales de marzo de 2025, Zanuta, despoblada por la fuerza, fue destruida.
Bezalel Smotrich, Ministro de Finanzas, y Orit Strock, Ministra de Asentamientos, entregaron en abril de 2025, en Meitarim Farm, 19 vehículos todo terreno, con cámaras y equipos de visión nocturna financiados por el Estado, a colonos israelíes ubicados en puestos de avanzada en la zona de Hebrón. “Los colonos heroicos y pioneros que viven aquí están haciendo sionismo y necesitan seguridad […]. Estamos aquí para construir con ellos y colonizar la tierra”, afirmó Smotrich.
El 29 de julio se cumplirá un año desde que el Tribunal Supremo de Israel tomó la inusitada decisión de ordenar a la policía y el ejército israelíes que facilitaran el regreso de la comunidad y la protegieran de los ataques. A día de hoy, nada de esto ha sucedido.
Zanuta no es la excepción, es el patrón.
El gobierno Netanyahu y la aceleración de la limpieza étnica en Cisjordania
En diciembre de 2022, Benjamin Netanyahu formó el 37º gobierno de Israel en coalición con dos partidos ultranacionalistas: Poder Judío, liderado por Itamar Ben Gvir, y Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich.
Los acuerdos de coalición del gobierno declaran que Cisjordania es parte de la “Tierra de Israel”, reconocen “el derecho exclusivo e indiscutible del pueblo judío sobre las zonas de la Tierra de Israel”, se adhieren a la idea del Gran Israel y ordenan “promover y desarrollar el asentamiento”.
Ben Gvir fue nombrado ministro de Seguridad Nacional, con autoridad sobre la policía de fronteras de Cisjordania. Bezalel Smotrich fue nombrado ministro de Finanzas y ministro adicional de Defensa, responsable de supervisar las unidades militares encargadas de aplicar las políticas civiles en Cisjordania. Smotrich situó a destacados colonos y partidarios de la anexión en el mismo núcleo de la toma de decisiones del gobierno.
El resultado ha sido una aceleración sin precedentes: el gobierno transfirió la autoridad civil sobre el Área C de Cisjordania a organismos controlados por Smotrich, legalizó retroactivamente decenas de puestos de avanzada –asentamientos ilegales rudimentarios que hasta entonces no eran legales ni siquiera bajo la propia legislación israelí–, aumentó exponencialmente la financiación a los asentamientos y facilitó la concesión de licencias de armas para los colonos.
Mientras tanto, en 2023 y 2024 no se aprobó ni un solo plan de vivienda palestino en el Área C. Entre enero de 2023 y abril de 2026, las autoridades israelíes demolieron 3.407 viviendas y estructuras palestinas, provocando el desplazamiento de casi 3.000 personas.
Los cinco responsables directos de la ocupación ilegal y el apartheid en Cisjordania
El Primer Ministro, Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu lidera el gobierno israelí que ha impulsado una expansión sin precedentes de los asentamientos en la Cisjordania ocupada. © Ronen Zvulun/POOL/SIPA
Es el máximo dirigente del gobierno de coalición que ha convertido la anexión completa de la mayor parte de Cisjordania en un objetivo explícito de sus políticas. Ha reconocido públicamente en varias ocasiones que la construcción y regulación de Judea y Samaria (como el sionismo denomina a Cisjordania) continuarán sin suspensión y que habrá muchos más asentamientos. Bajo su extenso mandato, Israel ha ignorado numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, dos opiniones consultivas y medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia, así como las propias órdenes del Tribunal Supremo israelí.
Benjamin Netanyahu es el único primer ministro en la historia de Israel en ser juzgado durante su mandato. Lleva desde 2019 enfrentándose a acusaciones de corrupción en tres casos separados (1.000, Caso 2.000 y Caso 4.000) que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza. Aunque el pasado abril ha tenido que volver a declarar por el primer caso, que se pausó dos meses con motivo de la guerra en Irán, ha pedido formalmente al presidente Israel, Isaaz Herzog, su indulto en los tres casos. Herzog ya ha invitado a la defensa de Netanyahu y a la Fiscalía a iniciar conversaciones para alcanzar un acuerdo sobre los indultos.
Sobre Benjamín Netanyahu pesa también una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El ministro de Finanzas y ministro adicional de Defensa, Bezalel Smotrich

Como ministro de Finanzas y ministro adicional de Defensa, Bezalel Smotrich ejerce un papel central en la expansión y consolidación de los asentamientos israelíes en Cisjordania. © RONEN ZVULUN/POOL/SIPA
Somtrich es una de las piezas más importantes de la arquitectura política e institucional de la limpieza étnica en Cisjordania. Además, como ministro adicional de Defensa, tiene autoridad directa sobre la Administración de Asentamientos, creada en febrero de 2023.
Bajo su mandato, el ritmo de autorizaciones pasó a ser trimestral a semanal. En septiembre de 2025, anunció un plan para anexionar el 82% de Cisjordania bajo el principio de “el máximo de tierra, el mínimo de población árabe”.
Hay pruebas que indican que podría ser penalmente responsable por diferentes crímenes, incluyendo incitación pública y directa al genocidio; el crimen de lesa humanidad de apartheid; y el crimen de guerra de traslado, por parte de la potencia ocupante, de parte de su propia población civil al territorio ocupado.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, supervisa la policía de fronteras desplegada en la Cisjordania ocupada. © CHINE NOUVELLE/SIPA
El líder del partido ultranacionalista controla la policía de fronteras en Cisjordania. En noviembre de 2023, ordenó a los mandos policiales que se abstuvieran de aplicar la ley contra colonos israelíes extremistas y grupos de extrema derecha que cometieran delitos contra personas palestinas. Según la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, en los casos de los que hizo seguimiento entre 2005 y 2025, alrededor del 94% de las investigaciones sobre delitos cometidos por civiles israelíes contra personas palestinas no dieron lugar a imputaciones formales, y sólo el 3% terminaron en sentencia condenatoria.
Todo ello tiene una grave consecuencia: la mayoría de las personas palestinas supervivientes de ataques, muchas de ellas entrevistadas por Amnistía Internacional, afirman que prácticamente nunca presentan denuncias ante la policía porque es poco probable que prosperen.
Un caso emblemático es el de Yinon Levi, fundador de Meitarim Farm, que fue grabado cuando mataba de un disparo a un activista palestino desarmado, Awda al Hathaleen, en julio de 2025. Las autoridades israelíes lo detuvieron como sospechoso de homicidio involuntario, pero lo dejaron en libertad a la mañana siguiente para ponerlo bajo arresto domiciliario durante sólo tres días. Hay vídeos de él regresando posteriormente a la localidad donde tuvo lugar el asesinato para hostigar a sus habitantes palestinos y preparar el terreno para un nuevo puesto de avanzada no autorizado.
Sobre él hay suficientes pruebas que demuestran su responsabilidad penal, incluyendo incitación directa y pública al genocidio, crímenes de lesa humanidad tales como tortura, persecución y apartheid, y crímenes de guerra relacionados con el traslado por parte de la Potencia ocupante de parte de su propia población civil al territorio ocupado.
El ministro de Defensa, Israel Katz

Israel Katz ocupa el cargo de ministro de Defensa y es una de las figuras clave en las políticas israelíes aplicadas en el Territorio Palestino Ocupado. © Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA
En noviembre de 2024, Israel Katz anunció que iban dejar de dictarse órdenes de detención administrativa contra colonos violentos –aunque llevaban decenios dictándose casi exclusivamente contra personas palestinas– porque así se enviaba “un claro mensaje de refuerzo y apoyo a los asentamientos, que están en primera línea de la lucha contra el terrorismo palestino”.
Amnistía Internacional ha documentado 14 casos de ataques violentos de los colonos en los que estuvieron presentes soldados israelíes. Su actuación abarcó desde no hacer nada mientras se agredía a víctimas palestinas, hasta facilitar o intensificar actos de destrucción, de violencia física, de hostigamiento o de intimidación.
Después del 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes, en concreto el Ministerio de Defensa de Katz, proporcionaron armas de fuego y uniformes a miles de colonos, por lo que a las comunidades palestinas les resultaba difícil distinguirlos de los soldados. Esta medida permitió a los colonos aprovechar las autoridad del atuendo militar para perpetrar abusos. Hay vídeos verificados que muestran que colonos que habían atacado anteriormente a personas palestinas vestidos de civil lo hicieron después llevando uniforme militar.
Sobre Israel Katz hay pruebas que indican que podría ser penalmente responsable, incluyendo genocidio e incitación pública y directa al genocidio; crímenes de guerra como el uso del hambre como método de guerra, el lanzamiento intencional de ataques contra la población civil y ataques indiscriminados que causaron muerte o lesiones a civiles; y crímenes de lesa humanidad como asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
La ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, Orit Strock
Orit Strock, ministra de Asentamientos y Misiones Nacionales, desempeña un papel clave en las políticas de apoyo a los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Foto: Knesset
Orit Strock es la lideresa de un ministerio cuyo objetivo es convertir la ideología anexionista en presupuesto, estructura y medidas concretas. En los tres primeros años de gobierno de coalición, el presupuesto de su ministerio aumentó un 122%, hasta alcanzar el equivalente a 254 millones de dólares en 2026. En diciembre de 2025, se aprobó un plan nacional de consolidación y desarrollo de asentamientos con una asignación equivalente a 919 millones de dólares.
En 2023, el gobierno israelí destinó además directamente fondos y material a puestos de avanzada no autorizados para adquirir drones, vehículos, cámaras, paneles solares y verjas eléctricas. En julio de 2025, el gobierno trasladó al menos 48 vehículos todo terreno a puestos de avanzada no autorizados, junto con gafas de visión nocturna, más drones, equipos de comunicación y generadores. En 2024, la propia Orit confirmó que su oficina había destinado 23 millones de dólares a mejoras de la infraestructura de seguridad de puestos de avanzada.
El Ministerio de Asentamientos y Misiones Nacionales no es un ministerio marginal: es el motor financiero de la colonización. Que su titular coprotagonizara el acto de entrega de vehículos en Meitarim Farm –el mismo puesto de avanzada desde el que se orquestó la destrucción de Zanuta– no es un detalle menor. Es la imagen más precisa de cómo funciona el sistema.
Por qué sancionar a estos cinco dirigentes israelíes, según la ONU
Desde 2023, algunos países han impuesto sanciones individuales a colonos conocidos por su violencia y hostigamiento contra la población palestina. Dichas medidas han reforzado la idea de que el problema son unos pocos extremistas descontrolados, que la violencia de los colonos es una anomalía, en lugar de abordarla como lo que realmente es: un elemento clave y aprobado por el Estado de una limpieza étnica.
En septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución instando a los Estados a no prestar ayuda ni asistencia a la presencia ilegal israelí en el Territorio Palestino Ocupado, y a imponer sanciones selectivas a quienes contribuyan al mantenimiento de la ocupación. Esta Resolución establecía que la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado era ilegal. Ante la inacción del Consejo de Seguridad, la Asamblea General pidió expresamente a los Estados que impusieran sanciones –como la prohibición de viajar y la congelación de bienes– a las personas implicadas en el mantenimiento de la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluidas las vinculadas a la violencia de los colonos.
Además de las personas mencionadas, también es fundamental sancionar a Yoav Gallant (ex-ministro de Defensa) por las pruebas que demuestran su responsabilidad penal, incluyendo genocidio, incitación directa y pública al genocidio; crímenes de guerra relacionados con el uso del hambre como método de guerra contra civiles, ataques intencionales contra la población civil y ataques indiscriminados, así como el traslado forzoso de la población palestina; y crímenes de lesa humanidad, tales como asesinato, persecución y otros actos inhumanos.

Un residente palestino observa con desesperación las consecuencias de una demolición en Masafer Yatta, al sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. © Mosab Shawer/MEI/SIPA
El borrado de Palestina: 38 comunidades amenazadas en Cisjordania
Sólo en el norte del valle del Jordán, al menos 38 comunidades palestinas dedicadas al pastoreo, que acogen a 7.000 personas aproximadamente, se enfrentan a la amenaza de desplazamiento a medida que Israel ejecuta sus políticas de anexión.
Lo que sucede en el Área C de Cisjordania no es el resultado de tensiones locales ni de la acción de unos pocos individuos radicales aislados. Es una ejecución quirúrgica y metódica de un proyecto político que tiene nombres, apellidos, responsables, presupuestos, estructura, planificación y un objetivo: el borrado de todo lo palestino de la tierra de Cisjordania.
La comunidad internacional lleva décadas observando. Lo que proponemos es muy sencillo: que, por fin, deje de limitarse a mirar de perfil y actúe en consonancia con sus declaraciones. Como le recordó la Corte Internacional de Justicia:
