Menores en Andranosira, Madagascar, mayo de 2021. © Pierrot Men. La foto es parte de la exposición: "The Challenge of the Deep South"
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua.
¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)?
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) –también llamados derechos ESC– son una parte fundamental de losderechos humanos. Están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en tratados internacionales clave, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU (1966).
Estos derechos garantizan condiciones básicas para vivir y desarrollarse con dignidad. Incluyen el derecho a la alimentación, al agua y al saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social y a la educación, así como los derechos laborales, culturales y científicos. Su alcance también se amplía hoy al derecho a un medio ambiente sano y a un nivel de vida adecuado, elementos indispensables en un mundo afectado por la crisis climática.
Los DESC son interdependientes: se refuerzan y se afectan entre sí. Por ejemplo, un sistema de saneamiento deficiente impacta directamente en la salud, y la falta de vivienda adecuada repercute en la seguridad y en la posibilidad de acceder a educación o empleo.
A diferencia de lo que a veces se cree, los DESC no son aspiraciones programáticas, sino derechos jurídicamente exigibles. La jurisprudencia nacional e internacional, y el avance de constituciones que los reconocen expresamente, muestran que se pueden reclamar ante tribunales. Con el Protocolo Facultativo del PIDESC, además, las personas pueden acudir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU cuando su propio Estado no garantice protección.
En la práctica, sin embargo, los DESC todavía no reciben la misma protección efectiva que los derechos civiles y políticos. Por eso, organismos y organicaciones como Amnistía Internacional trabajan para que los Estados los garanticen plenamente y las personas puedan reclamar justicia en igualdad de condiciones.
“Los derechos económicos, sociales y culturales no son un lujo, son el suelo mínimo de justicia sobre el que debe sostenerse toda sociedad.”
¡No te vayas!
Queremos contarte algo
¡Se ha aprobado la primera Ley estatal de Vivienda! Pero seguimos reclamando medidas y vigilando que se cumplan. En el país donde queremos vivir el derecho a la vivienda está protegido y debe seguir siendo una prioridad. Los derechos humanos no se negocian.
En España, las barreras para acceder a recursos legales aumentan la indefensión y agravan la pobreza.
¿Por qué son importantes estos derechos?
Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son esenciales para garantizar una vida digna. Sin ellos, millones de personas quedan atrapadas en la pobreza y expuestas a múltiples formas de violencia y exclusión.
Quienes viven en la pobreza suelen carecer de vivienda segura, protección legal o acceso a servicios básicos de salud, educación y seguridad social. Esto hace que sean más vulnerables a la violencia de actores armados y al abuso de las propias instituciones del Estado.
La pobreza también tiene género. Las mujeres y las niñas sufren una doble discriminación: están más expuestas a la violencia, son excluidas de la toma de decisiones y se les niega poder económico y social. Según ONU Mujeres, en 2030 más de 340 millones de mujeres y niñas vivirán en pobreza extrema, lo que equivale al 8% de la población femenina mundial.
Además, la indiferencia de las instituciones –tribunales, policía, servicios sociales, escuelas– perpetúa esta exclusión. Muchas veces se silencia a quienes intentan organizarse o participar en la vida pública, negándoles voz y poder de decisión.
Existe un círculo vicioso: la pobreza genera violaciones de derechos humanos, y esas violaciones alimentan la pobreza. Romperlo solo es posible cuando los derechos humanos se convierten en la base de las políticas públicas. Los DESC son la clave para garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos, agua, vivienda, educación, salud, igualdad de oportunidades y un nivel de vida adecuado. En definitiva, son la puerta de salida de la trampa de la pobreza.
“Los derechos económicos, sociales y culturales son la llave que abre la puerta de la pobreza hacia la dignidad.”
¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales?
- Derecho al agua y al saneamiento
- Derecho a una vivienda adecuada
- Derecho a la salud
- Derecho a la educación
- Derecho a la alimentación adecuada
- Derecho a la Seguridad Social
- Derechos de los trabajadores y trabajadoras
- Derecho a la cultura, la ciencia y el progreso científico
- Derecho al medio ambiente sano
- Derecho a un nivel de vida adecuado
“Fui a la oficina de mi jefe para decirle que quiero volver a casa porque siempre me pagan con retraso. Me dijo a gritos: 'sigue trabajando o no te irás nunca'.”
Derecho al agua y el saneamiento
El derecho humano al agua y al saneamiento es esencial para garantizar la vida, la salud y la dignidad. La ONU reconoce que todas las personas deben disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. Esto incluye beber, cocinar, mantener la higiene y garantizar condiciones de vida adecuadas.
El acceso al agua está estrechamente vinculado a otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la alimentación y a una vivienda adecuada. Sin agua limpia, no es posible prevenir enfermedades, cultivar alimentos o mantener unas condiciones mínimas de bienestar.
Sin embargo, millones de personas en el mundo carecen de agua potable y de sistemas de saneamiento seguros. La crisis climática, la contaminación y la mala gestión de los recursos hídricos agravan esta situación, dejando comunidades enteras expuestas a sequías, enfermedades o desalojos. En algunos países, los gobiernos y empresas controlan el suministro de agua, limitando el acceso de la población más vulnerable.
Defender este derecho puede ser peligroso: en diversas regiones, defensoras y defensores del agua han recibido amenazas, ataques e incluso han sido asesinados por hacer frente a intereses económicos o políticos.
“El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial: sin ellos no hay salud, ni justicia, ni dignidad.”
Derecho a una vivienda adecuada
El derecho humano a una vivienda adecuada está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). No se limita a tener un techo: implica vivir en un lugar seguro, digno y con acceso a servicios básicos.
La ONU advierte que miles de millones de personas en todo el mundo experimentan insuficiencia habitacional, y que cientos de millones no tienen hogar. Esta crisis estructural pone en riesgo derechos básicos como la salud, el agua, la seguridad y la dignidad humana.
Una vivienda adecuada debe garantizar:
- Seguridad de la tenencia: protección frente a desalojos forzados, hostigamiento o amenazas.
- Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: agua potable, saneamiento, energía, etc.
- Asequibilidad: el costo de la vivienda no debe poner en riesgo el disfrute de otros derechos humanos.
- Habitabilidad: debe ofrecer espacio suficiente, protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y riesgos estructurales.
- Accesibilidad: vivienda adaptada para grupos desfavorecidos y marginados (personas con discapacidad, mayores, niñas/os, etc.).
- Ubicación adecuada: en zonas que permitan acceso a empleo, salud, escuelas y sin riesgos ambientales.
- Adecuación cultural: respetar la identidad cultural y social de las personas y comunidades.
Los desalojos forzados, la expansión de asentamientos informales y la falta de políticas inclusivas impiden que millones de personas ejerzan el derecho a una vivienda adecuada. Estas prácticas privan a las familias de un techo y de servicios básicos como agua, saneamiento o electricidad. La crisis climática, con fenómenos extremos cada vez más frecuentes, y la especulación inmobiliaria, que convierte la vivienda en un negocio en lugar de un derecho, agravan la vulnerabilidad de quienes ya están en riesgo. Como resultado, millones de personas viven en condiciones de hacinamiento, inseguridad y precariedad que ponen en peligro su salud y dignidad.
Derecho a la educación
El derecho humano a la educación garantiza como mínimo una educación primaria gratuita y obligatoria, y exige a los Estados ampliar progresivamente el acceso a la educación secundaria, técnica, profesional y superior. La educación debe ser físicamente accesible, económicamente asequible y culturalmente adecuada para todas las personas.
La efectividad de este derecho es clave para reducir la vulnerabilidad frente a múltiples violaciones de derechos humanos:
- Disminuye el trabajo infantil.
- Previene los matrimonios forzados y precoces.
- Combate la discriminación y la exclusión social.
- Refuerza la capacidad de las personas para participar en la vida pública y defender sus demás derechos.
Para hacerlo realidad, los gobiernos tienen la obligación de destinar recursos suficientes a un sistema de enseñanza pública gratuita, accesible y de calidad, y de eliminar las barreras que impiden el acceso a niñas, minorías étnicas, personas con discapacidad y comunidades marginadas.
“La educación no es un privilegio, es un derecho humano que abre puertas a la igualdad, la libertad y la dignidad.”
Derecho a la salud
El derecho humano a la salud significa que todas las personas deben poder acceder a las condiciones y servicios necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud física y mental.
Este derecho incluye dos dimensiones básicas:
- Condiciones de vida saludables, como agua potable, alimentación adecuada, vivienda segura y un entorno libre de contaminación.
- Acceso a servicios de salud, lo que implica un sistema sanitario asequible, de calidad, disponible para todas las personas y sin discriminación.
El derecho a la salud es universal: debe proteger a todas las personas, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Las mujeres, niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad requieren medidas adicionales para que este derecho se haga efectivo en igualdad de condiciones.
Garantizarlo significa que los Estados tienen la obligación de:
- Prevenir enfermedades mediante políticas de salud pública y acceso a información.
- Asegurar atención médica oportuna y de calidad.
- Financiar sistemas de salud inclusivos y accesibles.
- Eliminar barreras económicas, sociales y culturales que excluyen a comunidades marginadas.
“Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con servicios sanitarios accesibles, asequibles y de calidad.”
Derecho a una alimentación adecuada
El derecho humano a una alimentación adecuada no significa únicamente tener comida suficiente para sobrevivir, sino garantizar un acceso regular, permanente y libre a alimentos nutritivos, seguros, culturalmente adecuados y en cantidad suficiente para llevar una vida digna.
En el mundo se producen alimentos más que suficientes para alimentar a toda la población, pero millones de personas siguen sufriendo hambre, desnutrición y malnutrición crónica. Este contraste revela una injusticia estructural que no tiene su origen en la falta de recursos, sino en la desigualdad, la pobreza, los conflictos armados, el cambio climático y la especulación alimentaria.
Los Estados tienen la obligación de:
- Erradicar el hambre de forma inmediata, priorizando la protección de los grupos más vulnerables.
- Garantizar el acceso físico y económico a alimentos adecuados, ya sea mediante producción propia, mercados accesibles o redes de apoyo social.
- Adoptar políticas públicas sostenibles, que regulen los precios, protejan a las comunidades rurales y aseguren la soberanía alimentaria.
El derecho a la alimentación está profundamente conectado con otros derechos económicos, sociales y culturales: sin tierra, agua, salud, vivienda y seguridad social, resulta imposible garantizar una nutrición adecuada.
“La alimentación adecuada no es caridad: es un derecho humano que los Estados deben garantizar con políticas sostenibles y sin discriminación.”
Derecho a la Seguridad Social
El derecho humano a la seguridad social garantiza que todas las personas puedan mantener un nivel de vida adecuado incluso en situaciones de vulnerabilidad. No depende de la riqueza personal: significa que, cuando alguien pierde ingresos o enfrenta dificultades, debe contar con prestaciones y apoyos básicos que protejan su dignidad y bienestar.
Este derecho es esencial en circunstancias como el desempleo, la enfermedad, la discapacidad, la maternidad o paternidad, una lesión, la vejez o la pérdida de un familiar. La seguridad social ofrece un colchón de protección que evita caer en la pobreza extrema y permite acceder a otros derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el trabajo.
Incluso en países de bajos ingresos, los Estados tienen la obligación de establecer al menos un sistema básico de protección social que proporcione apoyo a quienes más lo necesitan. No hacerlo perpetúa la exclusión social y aumenta la desigualdad.
Derecho al trabajo y derechos de los trabajadores y trabajadoras
El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental que no solo garantiza la posibilidad de acceder a un empleo, sino también el disfrute de condiciones laborales dignas, seguras y justas. Este derecho protege a todas las personas, sin importar si trabajan en el sector formal o informal, si son migrantes, temporales o autónomas.
Tener derecho al trabajo no significa que el Estado deba proporcionar directamente un puesto de empleo, sino que debe promover oportunidades laborales que permitan alcanzar un nivel de vida adecuado para cada persona y su familia. Esto incluye la obligación de crear políticas públicas que fomenten el empleo, eliminen la discriminación en el acceso al mercado laboral y aseguren la igualdad de oportunidades.
Además, todas las personas trabajadoras tienen derecho a organizarse en sindicatos, negociar colectivamente y participar en acciones colectivas pacíficas para defender sus intereses. Estos derechos colectivos son esenciales para equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, y garantizar que se respeten estándares mínimos de justicia laboral.
El trabajo forzoso y la explotación laboral están prohibidos en todas sus formas. Sin embargo, millones de personas, especialmente migrantes, siguen expuestas a jornadas extenuantes, condiciones peligrosas y salarios injustos. En los casos más extremos, estas prácticas equivalen a esclavitud moderna, vulnerando la dignidad y los derechos más básicos de las personas trabajadoras.
Los Estados tienen la responsabilidad de regular a los empleadores, proteger a las personas trabajadoras de los abusos, garantizar la seguridad en el trabajo y promover un entorno laboral libre de discriminación y violencia. El respeto a los derechos laborales es inseparable del respeto a la dignidad humana y de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
“El derecho al trabajo significa empleo digno, sin discriminación, con condiciones justas, libertad sindical y protección frente a la explotación.”
Derecho a la cultura, la ciencia y el progreso científico
Este derecho garantiza que todas las personas puedan acceder, disfrutar y contribuir a la cultura, la ciencia y la tecnología, sin discriminación y sin barreras económicas, sociales o políticas. Incluye tanto el acceso a bienes y servicios culturales y científicos como la libertad de crear, investigar y compartir conocimientos.
El derecho a la cultura protege la diversidad cultural y el patrimonio de las comunidades, asegurando que nadie sea excluido por su idioma, origen, identidad o tradiciones. Del mismo modo, el derecho a la ciencia implica que los avances científicos y tecnológicos deben estar disponibles para mejorar la vida de todas las personas, especialmente en ámbitos como la salud, la educación, la comunicación o la sostenibilidad ambiental.
Los Estados tienen obligaciones de respetar, proteger y cumplir este derecho:
- Respetar: abstenerse de restringir de manera arbitraria la creación cultural, la libertad de investigación científica o el acceso a expresiones culturales y científicas.
- Proteger: impedir que actores privados impongan barreras de acceso o monopolicen el conocimiento, limitando su disfrute colectivo.
- Cumplir: adoptar medidas legislativas, educativas, económicas y sociales para garantizar el acceso universal a la educación, la cultura y la investigación científica.
En este marco, los Estados deben además:
- Eliminar barreras económicas o sociales que impidan a grupos marginados beneficiarse plenamente de estos derechos.
- Proteger la libertad artística y científica, evitando la censura y promoviendo la investigación independiente.
- Garantizar que los beneficios del progreso científico se compartan de manera equitativa, utilizándolos en favor de la dignidad humana y la igualdad.
Derecho a un medio ambiente sano
El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible ha sido reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2022, consolidando décadas de demandas de movimientos sociales, comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos.
Este derecho significa que todas las personas deben poder vivir en un entorno donde el aire sea respirable, el agua limpia, los ecosistemas estén protegidos y los efectos de la crisis climática no comprometan la vida ni la dignidad humana.
Un medio ambiente sano es indispensable para el disfrute de otros derechos económicos, sociales y culturales: sin aire limpio, agua segura, tierras fértiles o un clima estable, es imposible garantizar la salud, la alimentación o la vivienda.
Los Estados tienen la obligación de:
- Prevenir la contaminación del aire, el agua y el suelo.
- Proteger la biodiversidad y los ecosistemas esenciales para la vida.
- Adoptar medidas urgentes contra la crisis climática, reduciendo emisiones y apoyando la transición hacia energías limpias.
- Garantizar la participación pública en las decisiones ambientales, protegiendo a defensoras y defensores ambientales frente a amenazas y violencia.
La degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática no son solo problemas ecológicos: son violaciones de derechos humanos que afectan primero y con mayor dureza a las comunidades más pobres y vulnerables. Asegurar el derecho a un medio ambiente sano es proteger la vida, la salud y el futuro de todas las personas.
“El derecho humano a un medio ambiente sano garantiza aire limpio, agua segura y ecosistemas sostenibles, sin los cuales no hay salud ni dignidad.”
Derecho a un nivel de vida adecuado
El derecho humano a un nivel de vida adecuado significa que todas las personas deben poder vivir con condiciones materiales suficientes para garantizar su salud, bienestar y dignidad. Incluye aspectos esenciales como la alimentación, la vivienda, la ropa, la salud, la seguridad social y el acceso a los servicios básicos.
Un nivel de vida adecuado no se limita a cubrir la supervivencia, sino que asegura que las personas tengan la posibilidad de desarrollar su vida en condiciones de igualdad, libres de pobreza, exclusión y miedo. También abarca el derecho a la mejora continua de las condiciones de existencia, lo que implica que los Estados deben avanzar progresivamente hacia mayores niveles de bienestar para toda la población.
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir este derecho:
- Respetar: abstenerse de políticas o prácticas que restrinjan el acceso a alimentos, vivienda, agua o servicios básicos.
- Proteger: evitar que terceros (por ejemplo, empresas) obstaculicen el acceso a condiciones dignas de vida.
- Cumplir: adoptar medidas legislativas, sociales y económicas que garanticen progresivamente este derecho, incluyendo sistemas de protección y de apoyo a grupos vulnerables.
En este marco, los Estados deben también:
- Garantizar acceso físico y económico a alimentos, agua potable, vivienda y servicios de salud.
- Promover políticas públicas inclusivas que reduzcan la pobreza y la desigualdad.
- Asegurar protección social frente a desempleo, enfermedad o situaciones de vulnerabilidad.
- Adoptar medidas firmes contra la discriminación, de modo que nadie sea excluido por motivos de género, origen, edad, discapacidad u otras condiciones.
El derecho a un recurso efectivo
El derecho a un recurso efectivo garantiza que toda persona pueda acudir a los tribunales o a mecanismos independientes de justicia cuando sus derechos humanos han sido vulnerados.
Este recurso no debe ser una mera formalidad: debe ser accesible, vinculante y capaz de ofrecer una reparación real y adecuada a las víctimas, además de prevenir nuevas violaciones de derechos. La reparación puede incluir medidas como restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Este derecho tiene una dimensión internacional: los Estados no pueden alegar que sus obligaciones terminan en sus fronteras. Cuando sus decisiones o las de sus empresas afectan a comunidades en otros países, deben garantizar que existan vías efectivas para reclamar justicia. La cooperación y la asistencia internacionales son, por tanto, fundamentales para que el derecho a un recurso efectivo sea una realidad.
¿Cómo influyen las políticas de austeridad en los derechos económicos, sociales y culturales?
La política económica ejerce una influencia enorme en los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). La aplicación de medidas de austeridad por parte de los gobiernos puede tener efectos muy adversos sobre los derechos humanos.
Se habla de austeridad cuando los Estados aplican medidas para reducir la deuda pública, normalmente mediante recortes del gasto social. Estas políticas afectan directamente a la población porque suelen implicar la reducción o eliminación de la financiación de servicios esenciales para garantizar derechos. En la práctica, puede significar más tiempo de espera para acceder a atención médica vital, peores condiciones de saneamiento por la reducción de servicios básicos como la recogida de basuras, o menos prestaciones de seguridad social, lo que incrementa la pobreza y el hambre.
Antes de aplicar medidas de austeridad, los gobiernos tienen la obligación de evaluar su impacto en los derechos humanos y considerar alternativas. Entre ellas: negociar la reducción de la deuda con acreedores, impulsar una reforma fiscal más justa o reasignar fondos hacia sectores esenciales como la salud, la educación y la protección social.
“La austeridad no puede justificar recortes que niegan derechos humanos básicos.”
Crisis que se entrecruzan y agravan los DESC
La humanidad se enfrenta hoy a una situación sin precedentes: crisis múltiples que se acumulan, se entrecruzan y se refuerzan mutuamente, poniendo en riesgo el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
La crisis climática ya está desplazando a comunidades enteras de tierras que dejan de ser cultivables, lo que amenaza su acceso a la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento. Si, además, los gobiernos aplican medidas de austeridad, puede que no exista financiación suficiente para ofrecer la protección necesaria.
Por otro lado, la crisis mundial del coste de la vida limita la capacidad de los Estados para responder a desastres ambientales o climáticos. Así, si una escuela es destruida por fenómenos meteorológicos extremos, es posible que no se destinen recursos para reconstruirla, dejando a niños y niñas sin acceso a la educación.
Estas crisis interconectadas aumentan la pobreza, la desigualdad y la discriminación en todo el mundo, y demuestran que los DESC son interdependientes: cuando se vulnera uno, se ponen en riesgo muchos más.
¿Qué pide Amnistía Internacional a los gobiernos?
- Garantizar todos los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación, asegurando su protección y cumplimiento para todas las personas.
- Priorizar el gasto público en favor de las personas más desfavorecidas, colocando los derechos humanos en el centro de las decisiones económicas.
- Asegurar niveles mínimos esenciales de derechos, como la educación primaria gratuita, la atención sanitaria básica o el acceso a vivienda y agua seguras.
- Poner fin a los desalojos forzosos, garantizando notificación previa, consulta adecuada e indemnización justa.
- Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite a las personas reclamar justicia a nivel internacional.
- Velar porque los proyectos de desarrollo económico (como infraestructuras o minería) beneficien a las comunidades más vulnerables y no generen abusos de derechos humanos.
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