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Debe aplicarse la histórica resolución del Tribunal Europeo sobre el aborto

Tribunal Europeo de Derechos Humanos © radiowood2000

Las autoridades polacas deben tomar medidas urgentes para garantizar que las mujeres y las niñas tienen pleno acceso a la salud sexual y reproductiva. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyera que el país había violado los derechos de una adolescente víctima de violación a quien se negó un aborto legal.

En una decisión histórica anunciada el miércoles, el Tribunal Europeo resolvió que Polonia había violado los derechos de una niña de 14 años que había quedado embarazada a consecuencia de una violación. La niña, denominada “P” en el expediente judicial, vio negado su acceso a servicios de aborto seguros y legales a causa del acoso y la intimidación que sufrió por parte de trabajadores de hospital, policías y otras personas.

A continuación, fue llevada a un albergue juvenil, donde fue aislada de su familia y de cualquier otra persona.

“La decisión del Tribunal Europeo es un reconocimiento de que Polonia ha fallado terriblemente a esta joven víctima de violación, y las autoridades deben hacer más por garantizar que todas las mujeres y niñas tienen acceso a abortos seguros, conforme permite la ley”, ha manifestado Marek Marczyński, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Según la sentencia, no se prestó “la debida consideración” a la “vulnerabilidad y juventud” de P y a “sus propias opiniones y sentimientos”, y P fue “tratada por las autoridades de una manera deplorable, y su sufrimiento alcanzó el umbral mínimo de gravedad en virtud del artículo 3 del [Convenio Europeo de Derechos Humanos]”.

En un momento en el que los legisladores polacos están manteniendo un riguroso debate en torno a la legislación sobre el aborto, esta histórica decisión pone de relieve las terribles injusticias que exponen a mujeres y niñas al peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

“La aplicación completa de la decisión del Tribunal significará que las mujeres de Polonia ya no tienen que buscar abortos clandestinos y peligrosos”, ha manifestado Marek Marczyński.

Varias semanas después de que P pidiera por primera vez a los médicos que interrumpieran su embarazo, finalmente pudo someterse a un aborto a 500 km de su hogar. Antes de eso, la rechazaron en hospitales de dos ciudades, pese a que, según la ley actual, tenía derecho a un aborto. También se produjo una grave violación del derecho de P a la confidencialidad médica, ya que su paradero y otros datos fueron filtrados y publicados en Internet.

La niña y su madre, representadas por abogados de la Federación Polaca de Mujeres y Planificación Familiar y del Centro de Derechos Reproductivos, presentaron ante el Tribunal Europeo una demanda contra las autoridades polacas. Amnistía Internacional y otras partes presentaron al Tribunal informes de amicus curiae.

En su sentencia, contra la que cabe apelación, el Tribunal concluyó que, al no proporcionar a P acceso a un aborto legal y al desvelar datos personales de la joven, Polonia había violado el artículo 8 del Convenio Europeo.

El Tribunal subrayó que “el hecho de que la disponibilidad de un aborto legal en Polonia esté siendo objeto de un acalorado debate no exime al personal médico de sus indiscutibles obligaciones profesionales respecto al secreto médico”.

Se ha ordenado a Polonia que pague una indemnización no pecuniaria de 30.000 euros a la víctima y de 15.000 euros a su madre, así como una indemnización de 16.000 euros a ambas demandantes para cubrir gastos y costes judiciales.