
Manifestación en el Día Internacional de la Mujer. © Pablo Blázquez Domínguez/Getty Images

Manifestación en el Día Internacional de la Mujer. © Pablo Blázquez Domínguez/Getty Images
La violencia de género es cualquier acto de violencia dirigido contra las mujeres por el hecho de serlo o que las afecta de manera desproporcionada. Se trata de una manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.
Este tipo de violencia puede producirse en distintos ámbitos de la vida, tanto en el espacio privado como en el público, y adoptar múltiples formas. Incluye agresiones físicas, sexuales o psicológicas, amenazas, coacción, control económico, aislamiento, acoso u otras conductas que causan daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y limitan el ejercicio de sus derechos humanos.
Los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido la violencia de género como una grave violación de derechos humanos. Este fenómeno afecta a derechos como el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la seguridad y a la igualdad.
Desde esta perspectiva, los Estados tienen la obligación de prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas, investigar los hechos, sancionar a los responsables, garantizar reparación y adoptar medidas para que estas violencias no se repitan.

En España, la violencia de género está definida jurídicamente por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley reconoce como violencia de género la violencia ejercida contra las mujeres por quienes sean o hayan sido sus parejas o exparejas, incluso cuando no haya existido convivencia.
Según esta normativa, la violencia de género comprende cualquier acto de violencia física o psicológica (incluida la violencia sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) ejercido en ese contexto de relación.
Este enfoque legal supuso un avance importante al reconocer la violencia de género como una manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres y al establecer medidas específicas de prevención, protección y atención a las víctimas.
Sin embargo, los estándares internacionales de derechos humanos, como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), reconocen que la violencia contra las mujeres puede producirse en múltiples ámbitos y no se limita al contexto de la pareja o expareja.
Por ello, desde una perspectiva de derechos humanos, la violencia contra las mujeres incluye también otras formas de violencia que pueden ejercerse fuera de ese ámbito, así como diferentes manifestaciones de violencia basadas en el género.

“En España, la ley reconoce como violencia de género la violencia ejercida contra las mujeres por sus parejas o exparejas”.
La violencia contra las mujeres puede manifestarse de múltiples maneras y en distintos ámbitos de la vida. No siempre adopta la forma de agresiones físicas visibles: también incluye conductas que buscan controlar, intimidar o limitar la autonomía de las mujeres. Todas estas formas de violencia pueden solaparse entre sí y tener consecuencias graves y duraderas en la vida de las mujeres. Entre las más comunes se encuentran:

La violencia de género no es un fenómeno aislado ni un conjunto de casos individuales. Se trata de un problema estructural que tiene su origen en la desigualdad entre mujeres y hombres y en las relaciones de poder históricamente desiguales que han limitado los derechos y las oportunidades de las mujeres.
Las normas sociales, los estereotipos de género y las desigualdades económicas y sociales contribuyen a mantener contextos en los que la violencia contra las mujeres puede producirse y, en algunos casos, ser tolerada o minimizada. Estas dinámicas afectan a distintos ámbitos de la vida, desde las relaciones personales hasta el acceso a la justicia, la participación social o la autonomía económica.
Reconocer el carácter estructural de la violencia de género es fundamental para abordarla de forma eficaz. Esto implica adoptar políticas públicas integrales que no solo respondan a los casos de violencia cuando se producen, sino que también actúen sobre sus causas profundas, transformen los patrones socioculturales y los estereotipos de género, y tengan en cuenta cómo otras formas de discriminación agravan la violencia que sufren muchas mujeres.

“No basta con atender casos: hay que cambiar las estructuras que permiten la violencia”.
A pesar de la existencia de mecanismos legales y recursos de atención, muchas mujeres que sufren violencia de género no denuncian las agresiones. La denuncia suele ser un paso complejo que puede estar condicionado por múltiples factores personales, sociales e institucionales. Por ello, las denuncias registradas representan solo una parte de las violencias que realmente se producen.
Diversos estudios muestran que muchas no acuden a la policía ni a los juzgados y, en muchos casos, prefieren contarlo únicamente a personas de su entorno cercano o intentar resolver la situación por sí mismas.
Entre las razones que pueden dificultar la denuncia se encuentran el miedo al agresor, la dependencia económica, la vergüenza, el temor a no ser creída o la preocupación por las consecuencias que la denuncia pueda tener en su vida personal o familiar. También pueden influir la normalización de ciertas formas de violencia o la percepción de que los hechos sufridos no son lo suficientemente graves como para denunciarlos.
Además, algunas mujeres tienen que hacer frente a obstáculos cuando intentan acceder a la justicia o a recursos de apoyo. La falta de información, las dificultades para acceder a servicios especializados o el riesgo de revictimización pueden convertirse en barreras adicionales para quienes buscan protección y reparación. En el caso de algunas mujeres, otros factores como la situación administrativa, el origen, la discapacidad o la edad pueden añadir barreras adicionales.
Por ello, desde una perspectiva de derechos humanos, es fundamental que las instituciones garanticen que las víctimas puedan denunciar la violencia de forma segura, accesible y libre de estereotipos o prejuicios de género, y que reciban una atención adecuada durante todo el proceso.

“Cuando denunciar implica miedo, dudas y soledad, la responsabilidad no es de las mujeres, sino de las instituciones que no garantizan su protección ni sus derechos”.
Los Estados tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas, investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar reparación.
Estas obligaciones se derivan tanto del derecho internacional de los derechos humanos como de instrumentos específicos destinados a combatir la violencia contra las mujeres. Entre ellos se encuentran tratados y estándares internacionales que reconocen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y establecen responsabilidades claras para los Estados.
Desde esta perspectiva, las autoridades deben adoptar medidas integrales que incluyan la prevención de la violencia, la protección efectiva de las víctimas, el acceso a la justicia, la atención especializada y la reparación del daño sufrido. También deben garantizar que las instituciones encargadas de investigar y juzgar estos casos actúen sin estereotipos de género y con la formación adecuada.
Esta responsabilidad se extiende tanto a la violencia ejercida directamente por agentes estatales como a la ejercida por particulares cuando el Estado no actúa con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla.
Además, los Estados tienen la responsabilidad de abordar las causas estructurales de la violencia de género, promover la igualdad entre mujeres y hombres y asegurar que las políticas públicas cuenten con recursos suficientes para prevenirla y combatirla.

“Cuando el Estado no previene, no protege y no repara, está fallando a su deber de garantizar una vida libre de violencia y de hacer efectivos los derechos de las mujeres”.
Amnistía Internacional ha recordado en numerosas ocasiones a las autoridades españolas que legislar por sí solo no basta. Ninguna ley o normativa será suficiente si no va acompañada de un compromiso real para aplicarla de forma efectiva y garantizar la protección de los derechos de las mujeres.
Para ello, el Gobierno español debe comprometerse a:

“Una de cada 10 mujeres de la Unión Europea afirma haber experimentado ciberacoso desde los 15 años”
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En España, miles de mujeres y niñas sufren violencia cada año. Agresiones físicas, psicológicas, sexuales... la violencia de género es una lacra que debemos erradicar.
En Amnistía Internacional luchamos por un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia. Tú puedes ser parte del cambio.