“Las autoridades de Pakistán deben hacer la reforma, prometida hace tiempo, para terminar con las desapariciones forzadas sancionadas por el Estado y que el país se ajuste a las leyes y normas internacionales de derechos humanos”, ha declarado Amnistía Internacional el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, instituido por la ONU.
Hay un proyecto de ley de reforma del Código Penal de Pakistán en el que se prohíbe esta práctica —en la que el Estado niega que una persona está bajo su custodia o rehúsa facilitar información sobre su suerte o su paradero— pendiente de aprobación desde hace más de dos años y medio. Los servicios de inteligencia paquistaníes usan habitualmente la desaparición forzada desde que comenzó lo que se conoce como “Guerra contra el Terror”, en 2001, contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos, estudiantes y periodistas, y, según grupos de víctimas y familias, aún se desconoce la suerte de centenares de personas.
El proyecto de ley de reforma más reciente, que está actualmente tramitándose en el Parlamento, contiene defectos fundamentales y no reúne los requisitos mínimos del derecho internacional, que prohíbe estrictamente la desaparición forzada.
“La desaparición forzada es desde hace mucho una mancha en el historial de derechos humanos de Pakistán y causa una angustia indecible a centenares de familias. A pesar de que el actual gobierno ha sido reconocido esto en reiteradas ocasiones, la continuación de la práctica transmite mensajes contradictorios a los grupos desesperados por conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos. El hecho de que nadie haya rendido cuentas a pesar de todas estas iniciativas es también motivo de preocupación”, dijo Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
“Cuando se anunció, en enero de 2019, la reforma propuesta ofreció la esperanza de que podría existir voluntad política de prohibir por fin las desapariciones forzadas. Dos años y medio después, tenemos una propuesta diluida que no cumple lo que se prometió”.
El actual proyecto de ley de reforma incumple las normas que estipula el derecho internacional en varias áreas, sobre todo en relación con el ámbito de la ley que identifica quién puede ser perpetrador, pues sólo prohíbe las desapariciones forzadas cometidas contra una persona que sea ciudadana de Pakistán o que esté en Pakistán, sin tener en cuenta a las personas paquistaníes que podrían ser responsables de una desaparición forzada en otro país, las posibles víctimas extranjeras y los casos en los que el presunto infractor está presente en cualquier territorio bajo la jurisdicción de Pakistán, tal como prevé el derecho internacional. Además, el proyecto legislativo sólo se aplica a casos en los que se haya producido “una privación de libertad ilegítima o ilegal”, sin reconocer que la desaparición forzada puede ser cometida incluso después de una detención o un arresto legítimos. De modo similar, el proyecto tampoco reconoce que no es necesario el conocimiento, la aquiescencia o el apoyo por el Estado de una desaparición para que ésta constituya delito.
Igualmente, la reforma no define con claridad su mandato ni especifica en qué estructura legal podrán presentar una denuncia las familias de las víctimas, cómo se determinará la indemnización y qué efecto retroactivo tendrá la ley, si la tiene.
El proyecto legislativo fue presentado ante el Parlamento por el Ministerio de Derechos Humanos el 7 de junio. En la actualidad está en la Comisión Permanente de Interior de la Asamblea Nacional que, después de casi tres meses, aún no ha hecho ningún comentario. Apenas unas semanas después de que se presentara la reforma, el 26 de junio, las autoridades secuestraron al activista político Seengar Noonari.
Amnistía Internacional pide asimismo a las autoridades paquistaníes que se adhieran sin demora a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas sin hacer ninguna reserva a su texto y revelen inmediatamente el paradero y la suerte de las personas que siguen desaparecidas.
“Las desapariciones forzadas han dejado un legado imborrable y doloroso en Pakistán. Para avanzar desde este pasado, las autoridades deben no sólo acelerar estas reformas, sino también ser totalmente transparentes sobre la suerte de todas las personas secuestradas por agentes del Estado y otros grupos, y empezar a exigir que los perpetradores rindan cuentas de sus actos”, concluyó Dinushika Dissanayake.
Información complementaria
Pakistán ha hecho algunos progresos limitados hacia la prohibición de las desapariciones forzadas. Sentencias recientes del Tribunal Superior de Islamabad han sentado jurisprudencia sobre la indemnización a familias de víctimas de desaparición forzada y la imposición de multas a organismos encargados de hacer cumplir la ley; sin embargo, no está claro si estas resoluciones se han implementado.
Seengar Noonari fue devuelto a su familia cinco semanas después de haber sido objeto de desaparición forzada.
Podrán encontrar aquí más información sobre las desapariciones forzadas en Pakistán.
