“Las autoridades egipcias no han exigido cuentas ni a un solo miembro de las fuerzas de seguridad por la muerte de al menos 900 personas durante el violento desalojo de las acampadas de las plazas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, víspera del octavo aniversario de la masacre. Doce hombres podrían ser ejecutados de forma inminente y centenares más cumplen largas penas de prisión por su participación en las protestas, lo que pone de manifiesto las distorsionadas prioridades del supuesto sistema de justicia egipcio.
En junio de 2021, el máximo tribunal de apelación de Egipto, el Tribunal de Casación, confirmó la pena de muerte impuesta a los 12 hombres, entre los que hay personalidades destacadas de la Hermandad Musulmana a los que declaró culpables en 2019 en el simulacro de juicio multitudinario de 739 personas conocido como “caso del desalojo de Rabaa”. Su ejecución puede llevarse a cabo en cualquier momento sin previo aviso, pues el presidente Abdel Fatah al Sisi ha ratificado las condenas a muerte definitivas.
“En los últimos ocho años ha quedado cada vez más claro que las autoridades egipcias están decididas a proteger a las fuerzas de seguridad de toda responsabilidad respecto de su papel en la masacre de Rabaa. Las autoridades han decidido vengarse de quienes sobrevivieron, de las familias de las víctimas y de cualquier persona que se atreva a criticar la terrible situación de los derechos humanos en el Egipto actual”, afirmó Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Los 12 hombres que corren riesgo de ser ejecutados están recluidos en condiciones crueles e inhumanas mientras esperan la muerte, después de un juicio multitudinario manifiestamente injusto y de motivación política. Instamos a las autoridades egipcias a que anulen estas condenas a muerte y sentencias condenatorias injustas. Además, deben tomar unas medidas que deberían haber adoptado hace tiempo para que los perpetradores de la masacre de Rabaa respondan de sus actos ante la justicia.
“Si continúa esta impunidad, Egipto vivirá siempre atormentado por los terribles sucesos de ese día. Dado el clima de impunidad imperante, la comunidad internacional debe también apoyar los esfuerzos para establecer un mecanismo de vigilancia de la situación de los derechos humanos en Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
Desde su detención entre 2013 y 2015, los hombres están recluidos en condiciones terribles, lo que viola la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, y se les ha negado deliberadamente el acceso a atención médica adecuada. A algunos les prohíben las visitas familiares desde hace más de cinco años.
Uno de los hombres que podrían ser ejecutados es Mohamed el Beltagy, exparlamentario y figura destacada de la Hermandad Musulmana que lleva recluido en régimen de aislamiento en la tristemente conocida prisión Escorpión, de El Cairo, desde su detención en agosto de 2013. Su familia no ha podido visitarlo desde 2016. Las autoridades de la prisión han denegado cruelmente los intentos de su familia de darle una foto de su hija Asmaa, que tenía 17 años cuando murió en el desalojo de la plaza de Rabaa al Adawiya.
Los hermanos Mohamed y Mostafa Abdelhai Hussein al Faramawy comparten una pequeña celda oscura y mal ventilada que carece de retrete en la prisión de Wadi al Natroun. Fueron detenidos el 15 de julio de 2013, un mes antes de que hubiera sido desalojada siquiera la plaza de Rabaa al Adawiya, y aun así fueron condenados a muerte por su presunta participación en las protestas.
Las autoridades egipcias no anuncian con antelación las ejecuciones programadas y no informan a las familias ni les conceden una última visita, lo que vulnera la legislación egipcia y suscita el temor de que las ejecuciones sean inminentes. Las ejecuciones registradas en Egipto han aumentado recientemente de forma alarmante: en 2020 se triplicaron respecto de años anteriores. Esta oleada de ejecuciones ha continuado en 2021 con al menos 81 ejecuciones registradas hasta ahora.
“Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a su despiadado uso de la pena de muerte contra la oposición política como herramienta para infundir temor y consolidar su puño de hierro en el poder. Los miembros de la comunidad internacional deben aumentar su presión pública para pedir al presidente Abdel Fatah al Sisi que conmute estas penas de muerte y salve la vida de estos hombres”, concluyó Lynn Maalouf.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
Información complementaria
Los 12 hombres fueron declarados culpables de participar en protestas no autorizadas, del asesinato de 7 miembros de las fuerzas de seguridad y otras 10 personas, de intento de asesinato y de otros cargos relacionados con su participación en la acampada de la plaza Rabaa al Adawiya y en otras protestas y enfrentamientos entre personas partidarias y detractoras del expresidente Mohamed Morsi que tuvieron lugar del 21 de junio al 14 de agosto de 2013.
Todos los encausados fueron declarados culpables de todos los cargos sin que se determinara la responsabilidad penal individual. Las actuaciones estuvieron empañadas por violaciones del derecho a un juicio conforme a las normas internacionales, incluido los derechos a una defensa adecuada; a no inculparse; a ser juzgado ante un tribunal competente, imparcial e independiente; a pedir la comparecencia de testigos y a interrogarlos, y a una revisión auténtica. Los tribunales tampoco ordenaron investigaciones sobre las denuncias de algunos de los procesados de que habían sido sometidos a desaparición forzada y a tortura tras la detención.
Desde la salida del poder de Mohamed Morsi en 2013, las autoridades egipcias llevan a cabo una implacable represión de todas las formas de disidencia, deteniendo a decenas de miles de personas críticas y oponentes, reales o percibidas. Miles de personas continúan recluidas arbitrariamente sólo por ejercer derechos garantizados en el derecho internacional, como los relativos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, o tras juicios manifiestamente injustos, algunos de ellos multitudinarios y ante tribunales militares. Decenas de personas han sido ejecutadas tras un juicio manifiestamente injusto.
