Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y CEAR han decidido emprender acciones de denuncia ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado y no descartan asimismo denuncias ante el Parlamento Europeo y el Comisario Europeo de Derechos Humanos. Todas ellas, en respuesta a la situación de las 23 personas que después de tres meses siguen detenidas en Nuadibú, Mauritania, por autoridades españolas que están actuando fuera de nuestro territorio nacional y, sin embargo, no están aplicando la legislación española.
A estas 23 personas, que se han negado a regresar a su país por fundados temores de riesgo para sus vidas, se les siguen negando los derechos que recoge nuestra legislación. Ninguna autoridad judicial ha controlado el proceso, no han sido informados de los motivos de la detención ni han tenido acceso a asistencia letrada, lo que supone una situación de “limbo legal”.
Por otro lado, no han podido tener acceso a un procedimiento de asilo con todas las garantías.
Además, las organizaciones expresan su preocupación ante el endurecimiento de las condiciones de acogida como medio de persuasión para que acepten el retorno a sus países.
“Las tres organizaciones transmitimos al Gobierno español nuestra preocupación por la detención indefinida de estas personas, sin aparente protección jurisdiccional durante más de tres meses. No se sabe en base a qué normativa se les ha internado ni cuáles son las garantías jurídicas con las que cuentan”, explica Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional.
“Desde CEAR hemos interpuesto un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por vulneración de los derechos fundamentales de las 23 personas ya que se encuentran detenidas bajo custodia de las autoridades españolas y sin embargo, no se les está aplicando las garantías básicas que establece la Constitución Española y el Convenio Europeo de derechos humanos. Además, estas personas han manifestado motivos de persecución y deben tener acceso al procedimiento español de asilo con todas las garantías”, manifiesta Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de CEAR.
Evaluación psiquiátrica Según la evaluación psiquiátrica que ha realizado Médicos del Mundo el periodo de detención les habría ocasionado un daño mental que podría agravarse de prolongarse su detención. De dicho análisis se concluye que, de perdurar la situación actual, podrían aparecer conductas agresivas para el entorno o para sí mismos.
“Después de 94 días sin salir al exterior de la nave y bajo una incertidumbre sobre su futuro constante hemos apreciado que estas personas han presentado estados de angustia, depresiones, insomnio y la sensación de no conservar el control de su propia vida”, afirma Pau Pérez, médico-psiquiatra de Médicos del Mundo. “En este sentido le hemos trasladado a las autoridades españolas en Nuadibú que, de persistir la situación actual, podrían poner en riesgo sus propias vidas”.
Amnistía Internacional, CEAR y Médicos del Mundo coinciden en señalar que se han producido graves deficiencias en el proceso de identificación de las 23 personas y solicitan al Gobierno que explique bajo qué ordenamiento jurídico están detenidas estas personas, si han recibido asistencia letrada e información sobre sus derechos y con qué garantías y en base a qué resolución judicial permanecen detenidas desde hace más de tres meses.
Todo ello lleva a estas tres ONG a solicitar al Gobierno que de forma inmediata España asuma su responsabilidad con relación a estas personas. Que cese su detención o se les acuse formalmente de algún delito. Asimismo, España debe garantizar el acceso de estas 23 personas al procedimiento español de asilo.
