Amnistía Internacional acoge con satisfacción la propuesta del Parlamento vasco de instalar cámaras en todas las comisarías de policía y poner fin a la detención en régimen de incomunicación

Amnistía Internacional acoge con satisfacción una propuesta que ha hecho recientemente la Comisión de Interior del Parlamento autonómico vasco a efectos de abolir la detención en régimen de incomunicación e instalar sistemas de vigilancia por circuito cerrado de televisión en todos los lugares de detención. El 25 de octubre, la Comisión aprobó en votación la propuesta, que tiene que ser confirmada ahora por el Parlamento en sesión plenaria. Si se aprueba, la propuesta se remitirá al Parlamento nacional español para que la examine y decida posibles medidas. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales llevan años expresando preocupación por informes de tortura y otros malos tratos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en España. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno español que derogue los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan el régimen de incomunicación, e instale sistemas de vigilancia por circuito cerrado de televisión en las zonas de custodia de todas las comisarías de policía a fin de proteger a los detenidos de posibles malos tratos. Esta es una de las principales recomendaciones formuladas por la organización en un nuevo informe sobre malos tratos policiales en España que se publicará el 14 de noviembre. Dados estos motivos de preocupación, Amnistía Internacional pide al Parlamento autonómico vasco y al Parlamento nacional español que tomen medias rápidas y positivas con respecto a esta propuesta cuando se presente. Información complementaria De acuerdo con la legislación actual, el juez de instrucción puede ordenar la incomunicación de una persona detenida por cargos de terrorismo durante un periodo de hasta 13 días en total, primeramente, en centros de la policía o la Guardia Civil, y a los cinco días, en prisión. En 2002, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó honda preocupación por el régimen de incomunicación español, señalando que facilitaba la tortura y los malos tratos. La propia Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente la derogación de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan el régimen de incomunicación. La organización cree que las restringidas salvaguardias jurídicas actuales son insuficientes y ha pedido que se garantice el derecho a contar con un abogado desde el comienzo de la detención y a hablar con él en privado. Asimismo, Amnistía Internacional ha instado repetidas veces a que se respete el derecho de los detenidos a ser examinados por un médico de su elección, además de por uno de oficio. La iniciativa legislativa aprobada por la Comisión del Interior del Parlamento vasco el 25 de octubre supone eliminar la detención en régimen de incomunicación de la legislación española y crear un nuevo artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se convertiría en obligación jurídica de todas las autoridades responsables de lugares de detención utilizar en ellos sistemas de vigilancia por circuito cerrado de televisión.