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España acepta importantes recomendaciones de la ONU pero sin abolir la detención en régimen de incomunicación

Amnistía Internacional ha criticado el hecho de que España no haya aceptado algunas de las recomendaciones formuladas por los Estados del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal (EPU) para ajustar la legislación y la práctica nacionales a las normas internacionales de derechos humanos. No obstante, los representantes españoles en el Consejo de Derechos Humanos se han comprometido a apoyar otras recomendaciones importantes.

Amnistía Internacional condena enérgicamente la negativa de España a revisar su sistema de detención en régimen de incomunicación a pesar de los reiterados llamamientos que ha recibido de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que proceda a derogarlo y de la recomendación formulada por algunos Estados durante el EPU. En virtud de este sistema, las personas detenidas por presuntos delitos de terrorismo pueden estar recluidas en régimen de incomunicación hasta 13 días o hasta 5 en el caso de otros delitos graves. Durante este tiempo, no tienen derecho a recibir asistencia de un abogado de su elección ni a consultar en privado con el abogado de oficio. También están privadas del derecho a que se informe a sus familias de su detención y del lugar donde se encuentran recluidas, y si son ciudadanos extranjeros no pueden tampoco informar a su embajada o consulado. Amnistía Internacional recibe a menudo denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas en régimen de incomunicación; la mayoría de ellas no van seguidas del inicio con prontitud de investigaciones efectivas e imparciales.

España ha rechazado también la recomendación de algunos Estados de establecer un mecanismo independiente de atención de denuncias contra la policía para investigar todos los presuntos casos de violación grave de derechos humanos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional ha instado reiteradamente al gobierno a que garantice la rendición de cuentas estableciendo tal mecanismo.

En contra de la obligación que ha contraído en virtud del derecho internacional y la legislación europea de garantizar un juicio justo a todas las personas, España ha rechazado también la recomendación de reforzar las salvaguardias del debido proceso en el caso de las personas encarceladas por actos relacionados presuntamente con terrorismo o con las actividades de grupos armados.

Amnistía Internacional toma nota de que España examinará la recomendación de investigar, castigar y reparar los crímenes de desaparición forzada,  independientemente del momento de su comisión, dada la naturaleza continuada de este delito y de conformidad con sus obligaciones internacionales. La organización ha pedido a España que investigue los crímenes cometidos durante el franquismo y garantice que no se aplica ninguna amnistía a los crímenes de lesa humanidad, que son delitos de derecho internacional. Amnistía Internacional insta a España a aprobar esta recomendación antes del periodo de sesiones de septiembre de 2010 del Consejo de Derechos Humanos.

En los próximos meses, España examinará la recomendación de revisar y aclarar la definición de la tortura en su Código Penal. Amnistía Internacional insta a España a que incorpore una definición de la tortura que se ajuste totalmente al artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como se recomendó durante el examen, y haga cumplir la prohibición absoluta de la tortura en todas las circunstancias.

Amnistía Internacional insta también a España a que acepte la recomendación de garantizar que las personas detenidas tienen acceso a asistencia letrada sin demora y pueden comunicarse con un abogado en privado.

La organización ha documentado varios casos en los que las autoridades españolas han devuelto a personas a países donde corrían un riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos y ha expresado su preocupación por la adopción de medidas para impedir la entrada en España de personas indocumentadas que violan la prohibición de la no devolución (non-refoulement). Amnistía Internacional pide a España que apruebe la recomendación de respetar plenamente el principio de no devolución y garantizar el acceso efectivo a procedimientos de asilo a todas las personas que soliciten protección internacional.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el apoyo de España a las recomendaciones de elaborar y publicar estadísticas oficiales sobre crímenes e incidentes de motivación racial y desarrollar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia. Estas recomendaciones se corresponden con otras formuladas anteriormente por la organización. Acogemos también con beneplácito que España haya accedido a intensificar sus esfuerzos por investigar exhaustivamente todos los actos de violencia racial y castigar debidamente a sus autores.

España se ha comprometido también a continuar adoptando medidas legislativas y ejecutivas contra la violencia de género y a persistir en sus esfuerzos por garantizar los derechos de las mujeres. Amnistía Internacional considera, no obstante, motivo de preocupación que España no haya apoyado la recomendación de adoptar un plan nacional para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. La organización pide a las autoridades españolas que reconsideren su postura a este respecto y tomen medidas para brindar protección a las víctimas de violencia de género y garantizar que tienen acceso a la justicia y reciben reparación adecuada.

Gran número de Estados han recomendado que España proteja los derechos humanos de las personas migrantes. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el apoyo de España a esta recomendación y su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las acciones relacionadas con menores migrantes no acompañados cumplen la normas internacionales. La organización espera que estas medidas se apliquen con prontitud e insta a España a garantizar el respeto del interés superior del menor en todos los casos.

Muchos Estados han recomendado que España firme y ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Amnistía Internacional aprovecha esta oportunidad para instar a las autoridades españolas a aprobar esta recomendación.

La organización insta a España a que acepte el mayor número posible de las recomendaciones formuladas por otros Estados durante el examen y tome medidas para aplicarlas a escala nacional sin demora.

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