Gracias a todas las personas que han participado y que han contribuido a que el periodista Pablo Pacheco Avila fuera liberado en julio pasado tras cumplir siete de una condena de 20 años.
Aún así, opinar diferente sigue siendo un riesgo en Cuba. El Gobierno castrista sigue manteniendo su férrea estructura legal, burocrática y administrativa, para silenciar a los opositores al gobierno, y hace que ejercer profesiones como la de periodista se conviertan en algo peligroso.
Amnistía Internacional seguirá trabajando para que la libertad de expresión sea un derecho sin ningún tipo de restricciones en Cuba.
Puedes consultar más información sobre los derechos humanos en Cuba en otras páginas de nuestra web.
Petición antes del cierre
Ser periodista es una profesión de riesgo en Cuba que puede provocar detenciones, interrogatorios e incluso largas condenas de prisión. ¡Actúa!
Ser periodista es una profesión de riesgo en Cuba. El Gobierno castrista mantiene en pie una férrea estructura legal, burocrática y administrativa, engrasada por años de uso, para silenciar a los opositores al gobierno, categoría en la cual se encuentran las personas que intentan informar sobre la realidad cubana.
Los pilares de la estructura son:
Las consecuencias de esta son nefastas tanto para los periodistas independientes que intentan hacer su trabajo como para los cubanos en general, que no pueden acceder a información u opiniones que difieran de la ideología estatal.
Algunos sufridores de la situación son, por ejemplo, Yosvani Anzardo, Carlos Serpa y Luis Felipe Rojas han sufrido varias detenciones arbitrarias, han sido hostigados e interrogados en reiteradas ocasiones; Saylí Navarro, estudiante de derecho, fue expulsada de la universidad por participar en un curso de periodismo organizado por la Sección de intereses de Estados Unidos en Habana.
El Gobierno cubano ha tratado de justificar las restricciones señalando los efectos indudablemente negativos del embargo estadounidense. Sin embargo, por muy perjudicial que sea ese impacto, es una excusa para violar los derechos de la ciudadanía, ya que no reduce, en modo alguno, la obligación del gobierno cubano de proteger, respetar y hacer realidad los derechos humanos de todos los habitantes de Cuba.
