Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

La sentencia histórica de la ONU, que afirma que Myanmar cometió genocidio contra el pueblo rohinyá, una victoria excepcional para los y las sobrevivientes

Imagen general tomada al inicio de la primera vista en la Corte Internacional de Justicia, en la que se acusa a Myanmar de cometer genocidio contra...
Photo by Phil Nijhuis / ANP / AFP via Getty Images

En respuesta a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de las Naciones Unidas, según la cual las autoridades de Myanmar cometieron el crimen de genocidio en sus operaciones de “limpieza” contra la población rohinyá en 2017, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Genocidio. Esta es la conclusión inequívoca de la CIJ. Tras años de negación, impunidad y supresión de la verdad, esta sentencia constituye un reconocimiento histórico y autorizado de las atrocidades cometidas contra el pueblo rohinyá y un excepcional momento de justicia para sobrevivientes, víctimas y sus familias”.

«Durante decenios, los gobiernos y autoridades militares de Myanmar han negado la ciudadanía a las personas rohinyás y las han sometido a un sistema institucionalizado de segregación, discriminación y persecución que constituye el crimen de lesa humanidad de apartheid. Han confinado a la población rohinyá en campos de refugiados, han quemado sus casas y pueblos y han cometido homicidios ilegítimos generalizados y actos de violencia sexual, en momentos que incluyen los horrores de la campaña emprendida en 2017 por el ejército.”

“Esta sentencia definitiva de la CIJ debe servir como llamada de atención a la comunidad internacional en un momento crítico de la historia de Myanmar. Las conclusiones de investigadores independientes y tribunales internacionales no deben ignorarse sin más. Esta decisión se ha producido únicamente porque el gobierno de Gambia puso en marcha el mecanismo de la justicia, y dio ejemplo de cómo todos los Estados pueden y deben responder a crímenes que sacuden la conciencia de la humanidad.”

“La aclaración de la Corte de que la intención genocida puede coexistir con otros objetivos, incluidos fines militares, es especialmente importante para otras causas pendientes ante la CIJ, como la presentada por Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio contra la población palestina en Gaza.”

“El hombre que supervisó la campaña de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de derecho internacional contra el pueblo rohinyá, el general Min Aung Hlaing, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas, es ahora presidente de Myanmar tras unas elecciones amañadas. Los gobiernos no deben darle la bienvenida a la escena internacional, especialmente mientras en Myanmar siguen cometiéndose sin control graves violaciones de derechos. Al contrario, deben detener toda transferencia de cualquier tipo de armas, material de seguridad y vigilancia, y ayuda militar y de seguridad a Myanmar. El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo global de armas y remitir toda la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.”

“Las autoridades de Myanmar deben cumplir la sentencia de la CIJ de inmediato. Todos los demás Estados, incluidos los Estados miembros de la ASEAN, deben actuar también para que la sentencia se cumpla, cumpliendo sus propias obligaciones contraídas en virtud del Convención sobre el Genocidio y el derecho internacional general y haciendo cuanto esté en su mano para prevenir y castigar el genocidio. El incumplimiento de esta sentencia sólo alentaría el desafío de Myanmar al derecho internacional y perpetuaría el círculo de impunidad.”

“Este no debe ser el final de la lucha del pueblo rohinyá por la justicia. Sobrevivientes y víctimas tienen derecho a recibir reparación completa y efectiva por los daños que han sufrido. También necesitan un apoyo internacional sostenido, que incluya ayuda humanitaria, oportunidades de reasentamiento y un fuerte respaldo político y económico para los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.”

“Esperamos que esta sentencia marque el comienzo de un proceso largamente demorado de rendición de cuentas en Myanmar. Todos los crímenes de derecho internacional, tanto pasados como presentes, incluidos los crímenes de guerra, el apartheid y otros crímenes de lesa humanidad, deben investigarse de manera efectiva, y los presuntos responsables deben comparecer ante la justicia.”

Información complementaria

El 19 de noviembre, la CIJ en La Haya resolvió que Myanmar había cometido genocidio contra el pueblo rohinyá en relación con las operaciones militares de 2017 en el estado de Rajine. La sentencia vino precedida de procedimientos iniciados por Gambia contra Myanmar en 2019, en los que acusaba a Myanmar de incumplir sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948. En julio de 2022, la CIJ se declaró competente en la causa.

La sentencia resulta especialmente importante porque es la primera vez que la CIJ ha declarado a un Estado responsable de cometer genocidio en virtud de la Convención sobre el Genocidio. En su sentencia de 2007 en la causa de Bosnia y Herzegovina contra lo que entonces era Serbia y Montenegro, la CIJ concluyó que los homicidios cometidos en Srebrenica en 1995 constituían genocidio, pero no declaró al Estado de Serbia responsable de cometerlo. En lugar de eso, la Corte concluyó que Serbia había violado sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio al no prevenir el genocidio cometido por un grupo armado local bajo el liderazgo del general Ratko Mladić y al no castigar a los responsables: por ejemplo, al no entregar al general Mladić al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para que fuera juzgado.

Tras unos mortíferos ataques lanzados por extremistas rohinyás contra comisarías de policía en agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Myanmar emprendieron una campaña brutal de limpieza étnica contra la población musulmana rohinyá del estado de Rajine y cometieron miles de homicidios ilegítimos de rohinyás, niños y niñas de corta edad incluidos, violaron a mujeres y niñas rohinyás, y perpetraron otros actos de violencia sexual contra ellas, torturaron a hombres y niños rohinyás en centros de detención, y quemaron centenares de pueblos rohinyás. A partir de 2016, la violencia empujó a más de 800.000 rohinyás —más de la mitad de la población rohinyá que vivía en el norte del estado de Rajine al comienzo de la crisis— a la vecina Bangladesh.

Se calcula que actualmente viven en Bangladesh 1,3 millones de personas refugiadas rohinyás, cuyos hogares y pueblos en el estado de Rajine han sido destruidos. En los últimos años, el Ejército de Arakán, grupo rebelde que combate contra el ejército de Myanmar, se ha hecho con el control de grandes partes del estado de Rajine y ha sido acusado, por Amnistía Internacional y otras partes, de cometer abusos contra los derechos humanos de la población rohinyá, lo que ha empujado a más personas a buscar cobijo en Bangladesh.

Las iniciativas internacionales para determinar la rendición de cuentas por los crímenes contra el pueblo rohinyá son anteriores a la sentencia de la CIJ. La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Myanmar ya había pedido que se investigara y procesara al general Min Aung Hlaing y a otros altos cargos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La investigación llevada a cabo en 2018 por Amnistía Internacional, por su parte, identificó a 13 altos mandos —entre ellos Min Aung Hlaing— que deberían ser objeto de investigación y enjuiciados por crímenes de lesa humanidad contra la población rohinyá.

La causa de la CIJ se refiere a la responsabilidad internacional de Myanmar en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y es diferente de los procedimientos destinados a determinar la responsabilidad penal de personas individuales. En 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención contra Min Aung Hlaing por su presunta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución del pueblo rohinyá cometidos en Myanmar y Bangladesh en 2017. Hasta el momento no se ha hecho pública ninguna decisión sobre esa solicitud. También hay varias causas basadas en la jurisdicción universal iniciadas en diversos Estados del mundo.

En una causa separada iniciada en Argentina bajo el concepto de jurisdicción universal, en 2025 un tribunal dictó órdenes de detención contra decenas de personas, entre ellas Min Aung Hlaing. Sin embargo, hasta la fecha, la decisión de la CIJ es la primera sentencia internacional que declara culpables a las autoridades de Myanmar.

Logo de Whatsapp

Sigue la actualidad en derechos humanos en nuestro canal de WhatsApp

Contigo somos independientes

Amnistía Internacional lo forman personas que defienden una humanidad justa y libre alrededor del mundo. Personas como tú, que creen en nuestro trabajo. Por eso, si tú también defiendes los derechos humanos, te necesitamos para seguir siendo independientes. Puedes hacerlo desde aquí en menos de un minuto, con cuotas a partir de 4 € al mes.

Nos mantenemos firmes con nuestros principios: no aceptamos ni una sola subvención de ningún gobierno, ni donaciones de partidos políticos.

Haz posible nuestra independencia.