En respuesta a la ejecución arbitraria por las autoridades iraníes de cinco personas (Ali Hemmati Sistanian, Alireza Raisi, Alireza Sepahi, Majid Nikandish y Siavash Jamshidi Kheirabadi) en el plazo de una semana (entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre), declaradas culpables en relación con las protestas de enero de 2026 tras juicios manifiestamente injustos y empañados por denuncias de tortura, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:
“La ejecución arbitraria de estos cinco jóvenes es otro espeluznante recordatorio de cómo las autoridades iraníes utilizan la pena de muerte para que el coste de la disidencia sea tan alto que aterrorice a la población haciéndola callar y la disuada de llevar a cabo nuevos levantamientos multitudinarios que desafíen su gobierno represivo de décadas."
“Estas ejecuciones vinieron precedidas de informaciones que mostraban un patrón aterrador y familiar, consistente en denegar el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios, negarse a investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos de las personas acusadas, acusarlas de estar implicadas en el homicidio de miembros de las fuerzas de seguridad y en otros actos violentos y no violentos durante las protestas, utilizar como prueba sus ‘confesiones’ forzadas televisadas y juzgarlas ante Tribunales Revolucionarios intrínsecamente injustos. Por ejemplo, Alireza Sepahi denunció que lo habían sometido a tortura y otros malos tratos y le habían denegado el acceso a un abogado durante los interrogatorios en la fase de investigación. Esta forma de proceder es una burla de la justicia y refleja a las claras el absoluto desprecio de las autoridades por el derecho a la vida.”
“Decenas de personas, entre las que hay disidentes y manifestantes, siguen en peligro de ser ejecutadas por motivos políticos al intensificar las autoridades la represión alegando 'condiciones de guerra' y amenazas para la seguridad nacional, lo que hace más acuciante la necesidad de ejercer una presión diplomática coordinada sobre Irán para que detenga todas las ejecuciones previstas.”
"La impunidad sistémica ha envalentonado a las autoridades para continuar con su ataque al derecho a la vida y otros derechos humanos, y esto subraya la necesidad urgente de que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación en Irán a la Corte Penal Internacional y que se establezca un mecanismo de justicia penal internacional para Irán a través de la Asamblea General de la ONU.”
Información general
Alireza Raisi y Alireza Sepahi fueron ejecutados en Isfahán el 5 de octubre de 2026. Según la agencia de noticias Mizan, órgano de prensa del poder judicial, ambos estaban incluidos en el juicio colectivo de la "plaza Alikhani", en el cual las autoridades acusaron a los imputados de diversos actos violentos y no violentos durante las protestas que tuvieron lugar en Isfahán el día 8 de enero de 2026, como cortar calles, destruir la propiedad, provocar incendios y participar en la muerte de cuatro agentes de seguridad. Los dos fueron condenados a muerte tras un juicio manifiestamente injusto, en el cual los medios de comunicación estatales emitieron sus "confesiones" el 23 de enero de 2026. Según ha sabido Amnistía Internacional, Alireza Sepahi sufrió tortura y otros malos tratos en detención, incluida reclusión prolongada en régimen de aislamiento, palizas y descargas eléctricas. Según la agencia de noticias Mizan, ambos fueron condenados a muerte por “‘pertenecer a un grupo de rebelión armada' (baghi); ‘hacer la guerra a Dios’ (moharebeh) empuñando armas y causando temor, terror e inseguridad en los alrededores; y ‘corrupción en la tierra’ (efsad-e fel arz) mediante actos contra la integridad física de las personas y la seguridad nacional que perturbaron gravemente el orden público y crearon una inseguridad generalizada, incitación a la guerra y el asesinato y otros actos criminales, incluidos actos contra la seguridad nacional”. Otros cinco hombres declarados culpables en la misma causa fueron ejecutados previamente y al menos ocho más están en peligro de serlo.
Majid Nikandish y Ali Hemmati Sistanian fueron ejecutados el 30 de septiembre de 2026 en Mashhad, provincia de Jorasán Razaví. Según la agencia de noticias Mizan, estaban acusados de varios actos violentos y no violentos durante las protestas que tuvieron lugar en Mashhad el 8 de enero de 2026 y que las autoridades calificaron de 'golpe', como cortar calles, destruir la propiedad, provocar incendios y participar en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Sus "confesiones" forzadas televisadas, incluidas las efectuadas en el lugar donde los detuvieron y en posteriores interrogatorios —durante los que no tuvieron acceso a asistencia letrada—, se utilizaron como pruebas para declararlos culpables y condenarlos a muerte. Según Iran Human Rights, organización independiente de derechos humanos radicada fuera de Irán, Majid Nikandish fue sometido a tortura y otros malos tratos, como mantenerlo recluido durante largo tiempo en régimen de aislamiento y colgarlo de los brazos, a consecuencia de lo cual se le dislocó un hombro y sufrió rotura de mandíbula.
Siavash Jamshidi Kheirabadi fue ejecutado el 3 de octubre de 2026 en Shahr-e Kord, provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí. Según la agencia de noticias Mizan, fue declarado culpable y condenado a muerte en relación con las protestas que tuvieron lugar el 8 de enero de 2026 en Shahr-e Kord, acusado de “’hacer la guerra a Dios’ (moharebeh) empuñando un arma de fuego y disparándola” y de “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”. Amnistía Internacional ha documentado sistemáticamente el uso de este último cargo contra manifestantes, disidentes y defensores y defensoras de los derechos humanos por participar en protestas y otras reuniones. Las “confesiones” forzadas de Siavash Jamshidi Kheirabadi fueron emitidas por televisión y utilizadas como pruebas para declararlo culpable y condenarlo a muerte.
Las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 34 personas en relación con el levantamiento de enero de 2026, durante el cual las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza letal ilegítima a gran escala, matando a miles de personas que participaban en las protestas y a transeúntes los días 8 y 9 de enero. Las ejecuciones por motivos políticos se han intensificado aún más tras los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero de 2026, y las ejecuciones por delitos relacionados con drogas y de otro tipo han continuado.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte para todos los delitos y en todas las circunstancias.
