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El rendimiento económico y los conceptos vagos de seguridad nacional, por encima de los derechos humanos de los inmigrantes

Madrid.- Ante la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley de Extranjería, Amnistía Internacional lamenta, una vez más, que no se aproveche esta reforma como una oportunidad para adecuar la legislación española de extranjería a los estándares internacionales de derechos humanos.

 

“Toda  iniciativa de reforma legislativa debería ser plenamente coherente con los tratados internacionales de derechos humanos comprometidos por España. Sin embargo, este Proyecto de Ley sigue teniendo un enfoque más centrado en la seguridad nacional y el rendimiento económico que en la aproximación a los inmigrantes como personas que también son titulares de derechos humanos y a las que el Estado debe garantizar su protección”, afirma Esteban Beltrán, director de la organización en España.


La organización recuerda en un informe publicado hoy y titulado: “España: Análisis y Recomendaciones al proyecto de ley orgánica de reforma de la legislación de extranjería” que es perfectamente legítimo que el Estado español articule una política de control migratorio pero, por el contrario, no lo es que ésta vulnere muchos de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos ya adoptados. No tener papeles es una irregularidad de carácter administrativo que, en ningún caso, debe anteponerse a las vulneraciones de derechos humanos que puedan sufrir las personas migrantes.

 

Amnistía Internacional ha dirigido este informe a todos los grupos parlamentarios en el Congreso, así como al Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, solicitando una reunión en la que poder discutir las preocupaciones y recomendaciones de la organización ante esta nueva Ley.


Además, la organización recuerda al Gobierno su Plan de Derechos Humanos, aprobado en diciembre de 2008, que debe plasmarse de forma efectiva en todas sus políticas, incluidas la migratoria y de asilo.


"La organización lamenta que esta reforma, por el momento, no muestre un giro significativo en el recorte en derechos humanos de las políticas de inmigración impulsadas por la Unión Europea en los últimos años; máxime cuando España deberá afrontar durante su próxima presidencia de la UE el desarrollo del programa de Estocolmo, que es una oportunidad de modificar la relación hasta ahora existente entre las políticas de seguridad e inmigración y asilo en el ámbito europeo", asegura Esteban Beltrán.


Más sombras que luces en la Ley de Extranjería

Amnistía Internacional da la bienvenida a algunas de las disposiciones del Proyecto de Ley:

  • El reconocimiento, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga para los inmigrantes en situación administrativa irregular.
  • La incorporación de algunas garantías para las personas víctimas de trata de seres humanos como el “periodo de reflexión”.
  • El reconocimiento explícito del derecho del menor no acompañado a ser oído en el procedimiento de repatriación.
  • El  reconocimiento expreso, por primera vez en la legislación de extranjería, del principio de no devolución (non refoulement).

 

Sin embargo, la organización lamenta que esta nueva reforma no elimine obstáculos hasta ahora existentes y/o añada otros, para garantizar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes en situación administrativa irregular en España.  

Entre los obstáculos, la organización destaca:

  • Un paso atrás en materia de detención de inmigrantes irregulares.

Esta reforma sigue reflejando un acercamiento a las personas inmigrantes, muchas veces, en términos de criminalización. La privación de libertad por sanciones administrativas no responde a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Así, el Proyecto de Ley debería contemplar el internamiento como una medida de último recurso, procediendo a ella sólo en aquellos casos en los que el resto de medidas (por ejemplo, la retirada de pasaporte, la residencia obligatoria en un determinado lugar, la obligación de prestar fianza, entre otras) se muestren ineficaces. A ello se suma que la presente reforma amplíe el plazo de internamiento de 40 a 60 días; un plazo que podría ampliarse todavía más cuando la persona solicite asilo o un habeas corpus.

  • Continúan las garantías insuficientes para los menores no acompañados.

Siguen sin respetarse de forma plena principios reconocidos en normas internacionales adoptadas por España, como el principio de interés superior del menor y el principio de no devolución cuando no existan garantías de que el menor, de ser devuelto, podrá desarrollar una vida digna. La organización muestra también preocupación por la ausencia de referencia alguna a la obligación de la Administración de informar y facilitar al menor tanto su derecho a la asistencia letrada como a solicitar asilo.

  • La protección de los derechos humanos sigue en segunda línea ante los casos de violencia de género contra las mujeres inmigrante y trata.

Las mujeres inmigrantes indocumentadas siguen encontrando un obstáculo legal al exigir que, con la denuncia como víctima de violencia de género, se les abra un procedimiento de expulsión. Si bien el Proyecto de Ley contempla la posibilidad de suspenderlo, se recoge un procedimiento que disuade, en muchos casos, a estas mujeres a denunciar su situación, dificultando así que salgan de la espiral de violencia en la que se encuentran.

En cuanto a las  víctimas de trata, el artículo que hace referencia a su situación sigue estando presidido por un enfoque que prima la seguridad y lucha contra el crimen organizado a la protección de las víctimas de esta gravísima violación de los derechos humanos. Que una víctima de trata pueda tener un permiso de residencia, sigue estando condicionado al hecho de que denuncie o colabore, además aportando datos esenciales para la investigación policial.

  • Los obstáculos en el acceso al derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda.

Amnistía Internacional quiere recordar que la educación, la salud y la vivienda son derechos humanos reconocidos en tratados internacionales comprometidos por España como, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Contraviniendo sus disposiciones, el Proyecto de Ley mantiene las limitaciones de acceso en el derecho a la educación a los inmigrantes mayores de edad indocumentados; condiciona el derecho a la salud al hecho de estar empadronado y oficializa las limitaciones en el acceso a las ayudas en materia de vivienda a los residentes de larga duración.

 
Por último, Amnistía Internacional quiere señalar que la adopción de un enfoque de derechos humanos en iniciativas legislativas como ésta mejoraría la comprensión de las causas fundamentales de la inmigración: sus vínculos con la pobreza y la inseguridad, la falta de desarrollo económico y las crecientes desigualdades entre unos países y otros y dentro de los propios  países.

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